La acusación popular ejercida por Vox ha retirado al inicio del juicio a los compañeros soberanistas de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya su petición de 12 años de cárcel por organización criminal y mantiene únicamente la de dos años de inhabilitación.

En el inicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del juicio a los compañeros de Forcadell en la pasada legislatura, el abogado de Vox, Javier Cremades ha retirado su petición de 12 años de cárcel para los cinco acusados, al considerar que, en virtud de la sentencia del Supremo a la cúpula del procés, no les puede atribuir un delito de organización criminal, sino únicamente de desobediencia, para el que solicita dos años de inhabilitación.

Inhabilitación por desobediencia

Los acusados, para quienes la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden una inhabilitación de un año y ocho meses por desobediencia, son el exvicepresidente primero de la Mesa en la pasada legislatura, Lluís Corominas (PDeCAT), la exsecretaria primera Anna Simó (ERC), la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet (PDeCAT), el exvicepresidente primero Lluís Guinó (PDeCAT) y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

La abogada Judit Gené, que defiende a Corominas, Barrufet y Guinó, ha denunciado que Vox haya mantenido hasta el inicio del juicio su petición, "infundada, temeraria y contraria a la buena fe procesal", de 12 años de cárcel.

El abogado de Simó, Raimon Tomàs, se ha adherido a las quejas de Gené por la conducta de Vox y ha celebrado que haya decaído su petición de doce años cárcel por organización criminal, ya que entiende que "desvirtuaba" el proceso, que ahora se centrará únicamente en el delito de desobediencia grave.