Los "responsables" de las compras sanitarias en la pandemia declaran tras la querella de Vox

Una querella de Vox ha llevado a Alfonso María Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF), a declarar este jueves en los Juzgados de Plaza Castilla.

El partido interpuso una querella contra los "responsables" de las compras de material sanitario durante la primera ola de la pandemia por prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude. Las compras sanitarias, esgrime el partido liderado por Santiago Abascal, superan los 310 millones de euros desde el 13 de marzo hasta el 30 de abril. En concreto, la querella criminal está dirigida a los tres altos cargos citados "por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude"

"A raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del coronavirus, se han celebrado una serie de contratos 'de la forma más irregular', puesto que no se justifica la contratación deficiente, irregular, injustificada, con un sobrecoste muy elevado al de mercado, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector", destaca Vox en la denuncia que ha propiciado el interrogatorio. Y apunta: "Sin la publicidad oportuna".

El director del Ingesa ha negado en sede judicial las presuntas irregularidades denunciadas por Vox en la compra de material sanitario durante la primera etapa de la pandemia. Ha asegurado, además, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, que ha acudido al interrogatorio, ha señalado que el director de Ingesa ha asegurado que "tenía contacto directo con el ministro Illa, dos veces al día" y que le "mantenía puntualmente informado de toda la contratación" relativa a la compra de mascarillas, respiradores, y pruebas PCR. Castro ha indicado que el director de Ingesa en el marco de su declaración ha subrayado que el procedimiento de contratación se hizo "bien al 100%". La vicesecretaria jurídica de Vox ha insistido, sin embargo, en que "la Junta de Contratación el mismo día 20 de abril de 2020 ya les dijo que no estaban siguiendo los trámites ni de publicación ni de contratación adecuadas".

Vox cuestiona los contratos

La formación explica en su querella que, justificada por los motivos de urgencia, la regulación aplicable rebaja las exigencias de la contratación en régimen ordinario, pero no las elimina, ni mucho menos permite que se puedan realizar contratos de forma arbitraria o sin seguir las normas mínimas que imponen criterios de seguridad en la contratación pudiendo incurrir en los ilícitos penales que Vox denuncia.

La querella fue presentada en los Juzgados de Plaza Castilla por la responsable de servicios jurídicos de Vox. Según el partido, el INGESA, ha realizado 56 contratos, muchos de ellos, con adjudicatarios en los que no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización.

Empresas sin experiencia

En su escrito, Vox destaca doce contratos realizados a empresas que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados.

Vox solicitó al Juzgado de Instrucción que procediese al interrogatorio de los querellados y que se identificase a las personas que han intervenido en estos procesos, a través de la solicitud de todos los contratos firmados referentes a las doce contrataciones; albaranes, facturas y documentación de carga de cada adjudicación; justificantes de los pagos; documentos de AENA que acrediten el registro de vuelos, registro de carga y mercancía, plan de vuelo de los expresados en la adjudicación COVID20 y COVID26; y que se aporten los documentos aduaneros de la carga.