El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vivido este jueves un Pleno marcado por la tensión que se vive desde hace semanas entre el Poder Judicial y el Legislativo y Ejecutivo. La mayoría de sus miembros ha aprobado pedir al Congreso que le escuche antes de limitar sus funciones por Ley. Pero no es la única iniciativa que se ha discutido. Vocales designados en su día por el PSOE han intentado sin éxito una dimisión en bloque del Consejo.

A instancias del vocal Álvaro Cuesta, un total de cinco miembros del bloque progresista ha intentado sin éxito promover la iniciativa de comunicar al Congreso y al Senado la intención de renunciar a partir del 1 de enero. La intención era acelerar la renovación del Consejo y forzar así a PSOE y PP a llegar a un acuerdo. No obstante, la medida ha contado con el rechazo de los otros 16 vocales.

"En una votación previa a la aprobación del acuerdo, estos cinco vocales han respaldado una enmienda alternativa presentada por Álvaro Cuesta en la que se proponía anunciar al Congreso y al Senado la decisión mayoritaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces de presentar su renuncia con efectos del 1 de enero de 2021 a los efectos de que las Cámaras hicieran sus previsiones institucionales correspondientes y cumplieran con su obligación de renovar el CGPJ", ha informado el Consejo.

Según ha informado el CGPJ, junto a Cuesta se han alineado Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Este grupo, ha anunciado además un voto particular contra la decisión de sus compañeros de pedir al Congreso que recabe la opinión del órgano, el Consejo de Europa y el asociacionismo de la carrera antes de seguir adelante con sus planes para impedir que el CGPJ nombre nuevos jueces estando en funciones.

En ese grupo mayoritario que se ha plantado ante el Congreso y ante los planes del Gobierno de reformar el funcionamiento del Consejo sin el apoyo de la oposición, se encuentran varios vocales progresistas que llegaron al órgano por iniciativa del PSOE como Roser Bach, Victoria Cinto o Mar Cabrejas. También el jurista nombrado a propuesta del PNV Enrique Lucas.

En el centro de la polémica

El máximo órgano de Gobierno de los jueces se encuentra desde hace semanas inmerso en la polémica y la batalla política tras dos años esperando ser renovado. Es una exigencia constitucional pero para ello es necesario el apoyo de tres quintos del Congreso y el Senado. El Gobierno impulsó en octubre -a través de sus grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos- una propuesta de reforma para reducir esa mayoría necesaria de tres quintos. Bastaría solo una mayoría absoluta para elegir a 12 de los 20 vocales.  

Esta medida soliviantó a la oposición y llamó la atención a las instancias europeas, que advirtieron sobre la importancia de proteger la separación de poderes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio marcha atrás y congeló la tramitación de esta medida, aunque sin llegar a retirarla. De ese modo pretendía retomar las negociaciones para renovar el órgano, pero han pasado las semanas y la situación sigue en el mismo punto. 

El siguiente motivo de disputa se produjo después de que el Gobierno recuperase parte de la Ley que había dicho congelar para impulsar otra proposición con la que pretende impedir que el CGPJ pueda seguir nombrando jueces mientras esté en funciones.

Desde que terminó el plazo de su mandato en diciembre de 2018, han designado a más de 63 puestos clave en la carrera, la mayoría de ellos con un consenso superior a las tres quintas partes del Pleno de los jueces. Este mismo jueces han designado a los últimos cuatro, que han recabado un apoyo de 18 votos, entre ellos, la mayoría de vocales del sector considerado progresista.