Villarejo no usó bases policiales para espiar a Luis del Rivero por encargo de Repsol y Caixa

José Manuel Villarejo no se aprovechó de su influencia en la Policía Nacional para espiar a Luis del Rivero entre los años 2011 y 2012. Así se desprende del último informe de Asuntos Internos en el que se descarta que el comisario jubilado recurriera a esta vía para acceder a información confidencial de las víctimas de sus trabajos. En concreto, los agentes explican que, del análisis efectuado por orden de la Audiencia Nacional, no se han detectado búsquedas del expresidente de Sacyr para el encargo efectuado entonces por Repsol y CaixaBank en el marco del proyecto Wine.

El oficio policial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, responde a un requerimiento del magistrado Manuel García Castellón del pasado mes de noviembre. El instructor al frente del caso Tándem solicitó entonces que se investigara en los ficheros policiales si se pincharon las llamadas del empresario murciano, su mujer; el que fuera jefe de seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez y el exdirector financiero de Repsol, Fernando Ramírez Mazarredo. Todos ellos fueron objeto de un espionaje impulsado en 2011 en plena pugna de poder por el control de la petrolera.

Así pues, con este movimiento se trató de aclarar si, como ha ocurrido en otros encargos de la causa, el espía recurrió a su principal contacto en la Policía Nacional para tener acceso a estas bases de datos confidenciales. Para ello, los agentes encomendaron a la Unidad de Informática y Comunicaciones un exhaustivo análisis de todos los teléfonos (móviles y fijos) que Villarejo controló en este encargo concreto que se gestó ante la acción sindicada que preparaba Sacyr con la mexicana Pemex y que ha terminado por provocar la imputación de Antonio Brufau e Isidro Fainé.

Contactos en las telefónicas

"Villarejo venía obteniendo con carácter habitual dicha información (tráfico de comunicaciones telefónicas), que implica el acceso a la conservación de datos a los que las compañías telefónicas a través de Enrique García Castaño quien, merced a su puesto de trabajo (Jefe de Unidad Central en la Comisaría General de Información), disponía del contacto habitual con las compañías", reza el oficio, el cual recuerda que el detective privado carecía de autorización judicial para interceptar las llamadas.

El análisis efectuado entre noviembre de 2011 y junio de 2012 concluye que no hay ningún indicio para Del Rivero ni tampoco para su mujer Natividad Martínez (a excepción de dos resultados positivos que coinciden con la renovación de DNI). En lo que respecta al exjefe de Seguridad de Sacyr -que apodaron El Cid- se efectuaron búsquedas en estas bases pero que no tienen vínculo alguno con el espionaje y, finalmente, en relación a Ramírez Mazarredo, han localizado un total de cinco positivos.

Así pues, los investigadores cierran la puerta a que Villarejo recurriera a sus contactos en la Policía Nacional pero confirman, por otro lado, que parte de la información que Cenyt vendió a Repsol y Caixa en este proyecto se obtuvo de algunos archivos públicos y otros de carácter restringido "en la medida en que afectaban a derechos fundamentales de terceros". Se refieren los agentes a información reservada que podrían haber suministrado algunas compañías de teléfonos, a tenor de lo recogido en el informe efectuado por el entramado empresarial de Villarejo para los clientes de este trabajo.

Pendientes de Hacienda

El estudio económico -por el que se pidió una cuantía inicial de 925.000 euros- desglosaba los medios empleados para este trabajo. Entre ellos destacan ocho dispositivos de interceptación de comunicaciones, software para acceder a datos bancarios y doce coches y cinco motos para vigilar a sus objetivos. Entre todo el material incautado al comisario jubilado tras su detención en noviembre de 2017, los agentes encontraron también más de una decena de documentos relacionados con captación y llamadas y desplazamientos, además de anotaciones que demuestran los rastreos efectuados.

En su intención por identificar "actuaciones irregulares" del expresidente de Sacyr, también se investigaron las mercantiles familiares del empresario murciano así como su patrimonio inmobiliario, siempre según lo expuesto por Cenyt. Al respecto, Del Rivero solicitó al magistrado que averiguase el número real de empleados del Grupo Cenyt para esclarecer si es cierto que externalizó servicios, como él mismo apuntó en su interrogatorio, o bien se valió de funcionarios en activo. El instructor accedió a su reclamo y ha lanzado una batería de diligencias entre las que destaca requerimientos a la Tesorería de la Seguridad Social y a Hacienda para que informen sobre el número concreto de empleados así como las operaciones realizadas que superasen los 3.000 euros.

Declaraciones clave

Además, el instructor también dio luz verde a la petición de Anticorrupción para que declaren cinco cargos de la petrolera, entre los que se encuentran directivos del área de Seguridad y Auditoría, tal y como adelantó este medio. A falta de poner fecha a esta diligencia, los investigadores quieren escuchar a los responsables de los informes de auditoría de Repsol (Isabel Moreno Salas) y de Caixa (Rubén benavent Aswani) además de otros empleados de la dirección de Seguridad. Fiscalía dice que los auditores advirtieron de irregularidades internas tanto en el pago de los servicios como en el concepto de las facturas, poniendo el foco en la responsabilidad de Repsol y Caixa en calidad de personas jurídicas.

De hecho, las advertencias del forensic fue uno de los argumentos empleados para solicitar la imputación de Brufau y Fainé junto con las escuchas que obran en la causa y la acreditación de los pagos. Ambos dirigentes admitieron que se recurrió a una agencia de inteligencia para frenar a Del Rivero por la amenaza que implicaba para el negocio nacional e internacional que éste se hiciera con un tercio de las acciones de la petrolera. Ahora bien, se desligaron de la gestión del asunto y se puso el foco en el departamento de seguridad de la petrolera. Su principal responsable entonces, Rafael Araujo, admitió que se le contrató porque pensaba que estaba en situación de segunda actividad.