Villarejo pidió un millón de euros a Repsol y Caixabank por frustrar el asalto de Sacyr

El polémico excomisario José Villarejo pidió en 2011 hasta casi un millón de euros por frustrar el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el control de un tercio de las acciones de Repsol. Ese era el precio que les presentó a sus clientes de la petrolera española y Caixabank en caso de que lograse el éxito en su operación. Consistía en espiar al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, encontrar información confidencial tanto suya como de su entorno familiar y de ese modo apearle de la dirección de su empresa, según creen los investigadores.

En concreto presentó dos opciones de pago antes de comenzar sus servicios, según consta en la documentación en poder de los investigadores, un documento llamado Estudio Económico. La primera propuesta condicionaba el precio final a si conseguía o no sus objetivos. Contemplaba un primer pago de 450.000 euros como “provisión de fondos” que debía ser ingresada en los cinco días posteriores a sellar el acuerdo. En caso de lograr sus fines, tendrían que pagarle otros 475.000 euros adicionales, es decir, un total de 925.000 euros.

La segunda opción, más económica, pasaba por ingresar 375.000 euros iniciales a la que habría que añadir otros 300.000 euros pasados los 30 días de trabajos. En caso de que la misión se alargase por más de 150 días el precio subiría aún más. Este trabajo se investiga desde hace casi un año en la Audiencia Nacional y corresponde a la pieza 21 de la macrocausa sobre las actividades de Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017. El juez del caso, Manuel García Castellón, alzó el mes pasado el secreto de sumario y este martes se han conocido las primeras imputaciones.

Dos excomisarios

Figuran como investigados Villarejo y su socio en las empresas de Cenyt, Rafael Redondo. También los exjefes de seguridad de Repsol y Caixabank, Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, respectivamente. Ambos son excomisarios ya jubilados o en excedencia y fueron los que le hicieron el encargo, según las pesquisas. Además, el juez imputa a otro exdirectivo de la principal petrolera española llamado Rafael Girona Hernández, quien desempeñaba el cargo de subdirector de Seguridad Corporativa en el momento de los hechos. A todos ellos se les acusa de cohecho y revelación y descubrimiento de secretos. Rancaño llegó a ser jefe Superior de Policía de Madrid.

El escenario es parecido a otros en los que se ha visto inmerso Villarejo: al tiempo que ejercía sus funciones como funcionario policial, ofrecía servicios a clientes adinerados como detective privado. Lo que sospechan los investigadores es que se valía de sus contactos y ascendencia en la Policía para acceder a bases de datos confidenciales y de ese modo aportar un valor añadido a sus investigaciones paralelas por las que recibía grandes cantidades de dinero.

La Pieza 21 se corresponde con el llamado Proyecto Wine, así lo bautizó Villarejo. Se remonta a finales de 2011. En Repsol detectaron que Luis del Rivero pretendía hacerse con un tercio de las acciones de la petrolera de la mano de la mexicana PEMEX y así desbancar a su presidente, Antonio Brufau. Según creen los investigadores, los jefes de seguridad imputados recurrieron a Villarejo para impedirlo.

Proyecto 'Wine'

Según el auto del juez al que ha tenido acceso Vozpópuli, “se ha podido identificar entre la documentación intervenida en formato digital la existencia de determinados pagos fraccionados en el tiempo por parte de los clientes del proyecto, Repsol YPF y Caixabank al Grupo Cenyt”. Constan varias facturas intervenidas entre el 15 de diciembre de 2011 y el 16 de mayo de 2012 por valor total de 283.000 euros. 

La Policía investigó la cuenta bancaria que figura en las facturas y acreditó esos pagos. Pero además, rastreó las cuentas de las empresas de Villarejo y detectaron un total de siete abonos con cargo a Repsol y a Caixabank que ascendían a 413.600 euros. En otras piezas separadas del caso se advierte como esta forma de pagos fraccionados y a veces en diferentes cuentas era habitual. Las pesquisas también ha analizado el rastro que siguió ese dinero y al menos 15.900 euros sirvieron al excomisario para amortizar la hipoteca de su finca de El Montecillo, en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.

De los documentos que obran en la causa referentes a este trabajo se deduce que el coste de los trabajos pudo ser mayor si se tiene en cuenta otro informe fechado el 26 de junio de 2012. Según el auto, “se elaboró con la finalidad de costear los gastos derivados del establecimiento de un control de Seguridad de un transporte (balizamiento, control de las comunicaciones, equipos de control in situ, imagen de objetivos de interés). La cuantía está sometida a variación teniendo en cuenta el horario y los días de la semana que deben ser objeto de control, oscilando entre los 750.000 euros y el 1.250.000 euros”.  

Datos de su mujer y su hijo

A partir de la documentación incautada a Villarejo se infiere que el comisario pudo cruzar de nuevo la línea que separa la investigación de fuentes abiertas a acceder a información confidencial. La mayoría de los documentos en su poder eran sobre el cruce de llamadas telefónicas de los investigados, principalmente Luis del Rivero, pero también del que fuera jefe de Seguridad de Sacyr Vallehermoso, Rodrigo Álvarez Vázquez al que Villarejo apodó como “Cid”. Especialmente activo a la hora de poner motes y nombres en clave, contaba con un documento solo para aclarar a quién correspondía cada denominación.

En esos listados con los cruces de llamadas figuran todo tipos de entidades, desde el Ministerio de Industria, al restaurante Zalacaín. También hay datos personales de la mujer de Luis del Rivero y del hijo. El juez destaca que no consta que Villarejo contase en este caso con la autorización para acceder a este tipo de información privada que exige la ley. 

En poder de los investigadores constan varios documentos denominados “Charla” en los que se recogen los encuentros de Rafael Redondo con los dos exjefes de Seguridad de Repsol y Caixabank imputados. También hasta seis informes realizados sobre las pesquisas del proyecto donde se trazan las líneas estratégicas. Otro documento daba cuenta de los medios técnicos que necesitaría para llevar a cabo su trabajo. Entre otras cosas, destacan "doce coches y cinco motos para vigilancia/transporte", "tres vehículos base para comunicaciones", "Software y Hardware para acceder a determinados bancos de datos" o "equipos de captación de audio en ambientes hostiles".

Datos de Izquierda Anticapitalista 

Hay otro informe denominado calle Juan Bravo que “se asemeja a un informe de reconocimiento sobre un inmueble” en el que se hacen alusiones como “creo que se podría ver algo pero la perspectiva sería chunga”, "sí que tiene cortinas” o “se vería bien desde allí”. Llama la atención otro documento intervenido en la investigación bajo la denominación “IFWF5-29 6 12 -Anexo II(2)” centrado “en el desarrollo del Movimiento Izquierda Anticapitalista, así como de sus promotores”.

El proyecto Wine se parece mucho en el modus operandi al encargo que Villarejo hizo para el BBVA usando como nexo presuntamente al jefe de seguridad de la entidad, otro expolicía llamado Julio Corrochano. Por estos hechos se encuentra investigado desde hace meses el banco como persona jurídica y el entonces responsable Francisco González por delitos similares a los que ahora se imputan a estos cinco investigados en la Pieza 21.

Villarejo estuvo haciendo encargos y recibiendo pagos del BBVA desde 2005 hasta el momento de su arresto hace tres años. Se da la circunstancia de que uno de sus trabajos consistió en investigar también a Luis del Rivero al que incluía en un “grupo hostil” de empresarios contrarios a Francisco González. En esa investigación constan también multitud de cruces de llamadas que incluyeron empresarios y periodistas. 

Además de las imputaciones, el juez resuelve en su auto citar como perjudicados a Del Rivero, a Rodrigo Álvarez y una tercera persona llamada Fernando Ramírez Mazarredo, antiguo director financiero de Repsol. También pide a Asuntos Internos que indague si Villarejo accedió a bases de datos confidenciales para realizar estos trabajos.