Villarejo extendió su negocio investigando a un imputado de la corrupción de Estepona

El comisario José Manuel Villarejo hizo negocio con informes sobre uno de los investigados en el caso Astapa, que desarticuló una trama de corrupción en el Ayuntamiento malagueño de Estepona. Se trata de José Romero González, responsable del Grupo Prasa, con sede en Córdoba. Las empresas del polémico mando realizaron multitud de documentos bajo la denominación del proyecto King-P sobre su patrimonio empresarial en el marco de los trabajos privados que compaginaba con su actividad policial.

José Romero González es uno de los investigados en la trama de corrupción del Ayuntamiento de Estepona. La Fiscalía Anticorrupción de Málaga acusa a medio centenar de personas, entre ellas el que fuera alcalde del municipio Antonio Barrientos, para el que pide diez años y nueve meses de prisión. Para el responsable de Prasa solicitó en julio del año pasado cuatro años y medio de cárcel, según adelantó ABC.

“El trabajo consistirá en la localización de activos nacionales y extranjeros cuya propiedad sea directa o indirectamente del Grupo Prasa”, explica un informe de diez folios de extensión llamado “Nota explicativa trabajo y propiedades” fechado el 30 de enero de 2012. Estas pesquisas detallan la “estructura societaria” y cuentan con datos de los registros de la propiedad extranjeros o el “análisis de las promociones mobiliarias en curso”. Así detectaron la proyectos del Grupo Prasa en Brasil, Portugal, Rumanía, Polonia, Marruecos, Francia e Inglaterra. 

Vozpópuli ha tenido acceso a los informes realizados por la empresa de Villarejo en torno a las empresas de Romero González. Datan de ese año 2012 y analizan los proyectos inmobiliarios tanto en España como en el extranjero. Los documentos presentan el esquema habitual de los trabajos de la empresa Cenyt. Los metadatos reflejan además que sus autores son trabajadores de la firma que dirigía el comisario desde la Torre Picasso de Madrid.

Contrato de 2010

Los documentos van acompañados de fotografías sobre las construcciones y proyectos del Grupo Prasa así como esquemas de sus estructuras y las firmas con las que estaba asociada en el extranjero. Entre la documentación en poder de Cenyt se incluía además un contrato de fecha de diciembre de 2010 entre el empresario José Pedro Iglesias Moure -en representación del Consorcio Inmobiliario Mare Nostrum- y el propio José Romero González. 

Se trata de un contrato de compraventa por la que el primero se comprometía a vender al segundo una parcelas urbanizables en Alginet (Valencia) valoradas en 30,7 millones de euros. Esta operación tenía por objeto saldar una deuda similar a esa cifra que la empresa de Iglesias Moure mantenía con PRASA por operaciones que se remontan al año 2003. Al menos la copia de este contrato en manos de Villarejo no estaba firmado por ninguno de los dos implicados. 

Este periódico ha informado de que los investigadores del caso Villarejo han detectado el pago de medio millón de euros del empresario José Pedro Iglesias Moure para contratar a las empresas del comisario. José Pedro Iglesias Moure dirigía el Consorcio Inmobiliario Mare Nostrum y Millurqui 2003 Invest. En 2010 ambas empresas solicitaron un concurso de acreedores necesario para la compañía cordobesa Prasa. 

En el marco del caso Tándem, la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía Anticorrupción acusan a Villarejo de valerse de su condición de policía y su poder de influencia en el Cuerpo para garantizarse el éxito en investigaciones privadas que vendía a clientes adinerados. Estos trabajos sobre el Grupo Prasa encajan con la operativa de Villarejo en otras piezas investigadas del caso Tándem en las que el mando ofrecía sus servicios para realizar investigaciones patrimoniales.

A estos trabajos hizo también alusión uno de los directivos del BBVA que declararon hace días ante la Audiencia Nacional. El que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del banco Antonio Béjar González admitió que su Departamento contrató a las empresas de Villarejo entre los años 2010 y 2013 y le encargaban informes patrimoniales sobre clientes morosos del banco.