'Caso Villarejo'

Villarejo facturó 40.000 euros a la exmujer del exministro Costa por investigaciones patrimoniales

El comisario realizó en 2016 una investigación sobre las propiedades de unos empresarios que meses después fueron condenados a un año de cárcel por un delito de alzamiento de bienes 

José Manuel Villarejo facturó 40.000 euros a la sociedad H. Eymerich.
José Manuel Villarejo facturó 40.000 euros a la sociedad H. Eymerich. Clara Rodríguez

El comisario jubilado José Manuel Villarejo facturó 40.000 euros en febrero de 2016 a la empresa H. Eymorich SL, propiedad de la empresaria Elena Sánchez Álvarez. Así consta en dos facturas del grupo de empresas del excomisario, denominado Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), a las que ha tenido acceso Vozpópuli.

En concreto, el albarán de la empresa de Villarejo indica que el cobro se hacía tras haber realizado una investigación patrimonial sobre los implicados en una causa que se instruyó en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, en el que Elena Sánchez Álvarez y su empresa H. Eymorich SL ejercieron la acusación particular. Y esa investigación la habría realizado mientras todavía era comisario en activo, ya que se jubiló en agosto de 2016, algo que la Fiscalía anticorrupción considera ilegal.

Fuentes cercanas a esta empresaria aseguran que en el momento de la contratación ella desconocía que Villarejo fuera el dueño de Cenyt, firma que contrató aconsejada por su abogado, que le puso en contacto con Rafael Redondo, socio de Villarejo. Elena Sánchez no está imputada ni está siendo investigada en el caso Tándem.

Casi 900.000 euros

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, Elena Sánchez Álvarez, exmujer de Juan Costa, quien fue ministro de Ciencia y Tecnología entre 2003 y 2004, en el segundo Gobierno de José María Aznar, pedía que los acusados fueran condenados a tres años de cárcel y una indemnización "en la cantidad adeudada, más los intereses correspondientes desde el 29 de junio de 2009", que suponían casi 900.000 euros.

El fallo considera un hecho probado que la empresaria había firmado un contrato de 8.000 euros brutos mensuales con la firma Sinnamon Promotions "cuyo objeto era el de establecer y regular sus derechos económicos" por la captación de diferentes empresas, una de ellas Telefónica Móviles España S.A, como patrocinadores para determinados festivales. Sin embargo, la empresa dejó de pagar esta suma al sufrir problemas económicos.

El diputado y exministro del PP Juan Costa eshermano de Ricardo Costa, que fue condenado a cuatro años de cárcel por el caso Gürtel. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia suspendió su encarcelamiento a cambio de 365 jornadas de trabajo comunitario y una multa. El magistrado destacó la "excepcional" ayuda de Costa para destapar "la financiación ilegal del PP".

Fuentes cercanas a la empresaria Elena Sánchez consideran que la contratación a Cenyt fue totalmente legal, sin que ella reclamara ninguna pesquisa policial, sino únicamente una investigación patrimonial de varias personas que después fueron condenados por alzamiento de bienes. Las mismas fuentes sostienen que en el momento de la contratación de la empresa de Villarejo Elena Sánchez ya llevaba varios años separada del exministro Costa.

Actividades privadas

En el centro de la investigación del caso Villarejo se indaga precisamente las actividades privadas del excomisario, antes y después de jubilarse. En concreto, se acusa al polémico mando de ejercer su influencia en la Policía para obtener información que luego usaba en sus investigaciones privadas, casi siempre para clientes adinerados que le reportaban grandes beneficios.

Los investigadores cuentan con un informe de Hacienda, según el cual, el acusado jamás pidió un permiso de compatibilidad

La versión de Villarejo es que cuando regresó al Cuerpo después de diez años de excedencia, los entonces responsables del Ministerio del Interior no solo le hicieron renunciar a las empresas que había creado en ese periodo, sino que le permitieron compaginarlo con su actividad de funcionario. Los investigadores en cambio cuentan con un informe de Hacienda, según el cual, el acusado jamás pidió un permiso de compatibilidad.

En el marco del abanico de causas que afectan ya a Villarejo, se incluyen trabajos cuando todavía estaba en activo como el de frenar la extradición de un empresario naviero reclamado en Guatemala por corrupción. En otras piezas separadas del caso se aprecia cómo desde la Policía la suministraban datos reservados de ficheros policiales, algo que él mismo ofrecía como valor añadido a sus clientes, según se arroja de las conversaciones que el propio Villarejo grababa.

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