Una sentencia contra la venta de viviendas a fondos buitre amenaza con socavar las cuentas de Ayuso

Corría 2013 cuando la Comunidad de Madrid acordó la venta de 2.985 viviendas públicas del antiguo Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Goldman Sachs Azora. La negociación se cerró por 200 millones de euros. Ahora, seis años y varias demandas después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la operación al considerar que no se realizó conforme a Derecho. La decisión, que según adelantó el Gobierno autonómico será recurrida ante el Tribunal Supremo, amenaza con socavar el presupuesto de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En 2015, el expresidente autonómico Ignacio González calificó el proceso de venta como "transparente, pulcro e inmaculado". Lo dijo ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, donde fue interpelado por el ahora vicepresidente madrileño Ignacio Aguado. En aquella ocasión, se apoyó en la sentencia del TSJM en la que se desestimaba el recurso interpuesto por los afectados; esta semana, sin embargo, el tribunal ha dado la razón a los inquilinos. 

Es el tercer fallo favorable para los vecinos y refuerza que la venta no se realizó de acuerdo a los requisitos que establece la ley. Tras la decisión del Gobierno autonómico de recurrir ante el Supremo, será el Alto Tribunal el que tenga la última palabra. Si acuerda respaldar la decisión del TSJ madrileño, tendrá que explicar cómo aplicar la sentencia.

200 millones del presupuesto

Entre los posibles escenarios se encuentra un agujero de 200 millones de euros en las cuentas de la Comunidad de Madrid, ya que el antiguo Ivima cuenta con unas previsiones de gasto que dependen en su mayoría del presupuesto de la propia Comunidad.

Según el decreto 244/2015 del Consejo de Gobierno autonómico por el que se establece la organización de la Agencia de Vivienda Social, los medios económicos del organismo son principalmente los bienes y valores que integran su patrimonio, los productos y rentas que éstos generen, la "consignación" que reciba de la Comunidad de Madrid, algún aporte proveniente de los Presupuestos Generales del Estado y subvenciones extraordinarias. Este año, el Ejecutivo autonómico ha acordado destinar 76,5 millones de euros a la Agencia. Y ha advertido en sus presupuestos que "con carácter general, en el ámbito de las Consejerías", no se ha dotado el subconcepto "destinado a la ejecución de resoluciones judiciales firmes".

Ciertamente, la decisión de esta semana no es firme y hasta que no lo sea, no se puede determinar cómo afectará al Gobierno. Lo que sí se ha establecido en la resolución, adelantada por Europa Press y recogida por Vozpópuli, es que resulta "evidente" que se vulneró "el principio de innecesariedad en la enajenación de las 32 promociones de viviendas". Es decir, que el Ivima no acreditó -tal y como exige la ley- que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para albergar a personas favorecidas con el disfrute de viviendas de protección pública.

"Quiebra de la protección social"

Según detalla la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en el informe de fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario del Ivima de los ejercicios 2012 y 2013, el antiguo instituto de vivienda no entregó programa alguno de las ventas "en los que se hayan expresado las necesidades del organismo a satisfacer con las enajenaciones".

En esta sentencia, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado la demanda colectiva interpuesta por una veintena de familias del Ensanche de Vallecas (al sureste de Madrid) de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS). Y ha determinado que la venta fue irregular y que derivó en la "quiebra de la protección social de colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública".