Tras meses de incertidumbre, empieza a aclararse el futuro por fin para los dos millones de españoles menores de 60 años vacunados con AstraZeneca. El Comité de Bioética ha avalado que los ciudadanos puedan decidir si se ponen la segunda dosis de AstraZeneca, como recomienda la Agencia Europea del Medicamento (EMA), o la de Pfizer, como propone el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, una vez solucionado el punto de vista legal, queda por solventar el práctico: España necesita duplicar sus reservas de AstraZeneca para tener suficientes para la población pendiente de completar su inmunización.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, nuestro país dispone en este momento de 797.723 dosis de AstraZeneca en las neveras. Incluso aunque se utilizasen todas para este grupo de ciudadanos, que llevan días esperando poder completar su vacunación, quedarían por poner alrededor de 1,2 millones de vacunas.

Por tanto, España necesita, como mínimo, duplicar su actual reserva de vacunas de AstraZeneca para poder responder a las peticiones de los que aun quedan por completar (incluso si no todos deciden AstraZeneca y optan por Pfizer).

Reservas de Pfizer

En caso de que mayoritariamente se escoja la vacuna de Pfizer como segunda dosis, hay que tener en cuenta que nuestro país cuenta con solo 268.283 dosis de esta marca en stock. Sin embargo, los envíos de Pfizer son regulares desde hace semanas, y no incumple con ningún pedido. Semanalmente están llegando 1,7 millones de Pfizer.

Esperando que dichas vacunas lleguen el lunes, como suele ir habitual, España contaría con 1,9 millones de vacunas de Pfizer. Serían suficientes para completar la pauta de vacunación de estas personas, pero es evidente que no todos van a querer recibir esta vacuna y optarán por seguir las indicaciones de la EMA, completándola con la vacuna de AstraZeneca.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, si se aboga por las dosis de Pfizer, el ritmo de vacunación de primeras dosis se verá ralentizado, en favor del ritmo de vacunación con pauta completa. El objetivo del Gobierno es empezar junio con 10 millones de personas vacunadas con la pauta completa.

Injerencia de competencias

La polémica decisión de Sanidad de modificar la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca al proponer completar la pauta con una de Pfizer, apoyándose en un ensayo con 400 personas y 14 días de duración, ha hecho sonar las alarmas en el sector de la Abogacía.

El hecho de someter esta decisión a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial supondría una injerencia en las competencias de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps). Isabel Marín, abogada experta en Derecho Farmacéutico, explica que "el Consejo Internacional es el órgano de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado en materia sanitaria que tiene, entre sus funciones, definir las carteras de servicios y en ellas se encuentra la 'Cartera de servicios comunes de salud pública' que tiene como misión “dar respuesta ante la aparición de brotes y situaciones epidémicas, alertas, crisis, emergencias y desastres sanitarios inducidos por agentes transmisibles, físicos, químicos o biológicos'".

En este sentido, "no se especifica que puede hacer el Consejo exactamente, se da mucha libertad al órgano político que es el Consejo, pero no por ello puede vulnerar límites que le vienen impuestos por, en nuestro caso, las fichas técnicas de las vacunas, precisamente porque es un órgano político (Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud)".

Qué puede y qué no puede hacer el Interterritorial

Este Consejo "puede decidir si se va a vacunar o no, qué se sufraga y qué no, incluso diferenciando por edades u otros criterios siempre que sean objetivos sin generar discriminación, de modo que sí puede acordar que se retire una vacuna aunque esté aprobada, pero no puede cambiar su ficha técnica y no puede decidir desde la perspectiva política si se pone a unos u otros sin tener en cuenta la citada ficha técnica y sin tener una razón objetiva y demostrable".

Así, apunta esta abogada, "el Consejo no puede decidir que la vacuna de AstraZeneca no es segura porque está aprobada por la EMA y no tiene competencias para cambiar esa ficha técnica. Tampoco puede, sin argumentos decidir, que los menores de 60 no se pueden vacunar o no pueden recibir la segunda dosis, si no hay nada desde el punto de vista sanitario que así lo avale, aunque, como he dicho sí puede quitarla de la cartera de servicios aunque esté aprobada por la EMA".

"El Consejo es un órgano político no es un órgano sanitario. Esa es la clave y, precisamente en aras de la transparencia (Ley de Transparencia) seria de sumo interés tener acceso a sus actas , cosa que hoy no es posible a pesar de la obligación legal, donde podríamos leer las razones que llevan a este órgano a no permitir la vacunación de los menores de 60 o la segunda dosis. Estas actas no se pueden sustituir por comunicados de la Moncloa", denuncia Marín.

Responsabilidad del Estado

Que el Consejo acuerde que se mezclen las vacunas "sin tener en cuenta la ficha técnica de ambas (Astra y Pfizer) es una temeridad. Tendrían que cambiarse previamente las citadas fichas y eso no se hace de hoy para mañana y precisa necesariamente de la Aemps o de la EMA, que son organismos sanitarios (no lo puede hacer el Consejo). Por eso que mezclar las vacunas en contra de la ficha técnica puede derivar en una evidente responsabilidad patrimonial del Estado".

En opinión de esta especialista, "incluso se genera esa responsabilidad aunque se firme el consentimiento que se está preparando ya que se desconoce realmente el efecto que puede tener esta mezcla que no está avalada por ningún estudio que pueda ser calificado como tal desde el punto de vista sanitario a estos efectos".