El Gobierno elabora un real decreto para retirar el rango de universidad a los centros que no cumplan unos mínimos de investigación y docencia. Según explicó el ministro Manuel Castells, el objetivo es evitar la proliferación de "chiringuitos" universitarios. 

La nueva norma jurídica endurece los requisitos para crear universidades. Además de impartir clases, los centros tendrán que invertir recursos en investigación y transferencia de conocimiento. Las que se creen una vez aprobado el real decreto tendrán un plazo máximo de cinco años para cumplir con las condiciones. Las que ya están en activo y no cumplan con la medida dispondrán de cinco años para adaptarse.

En el Ejecutivo defienden que la iniciativa "no va contra nadie". Afectará a centros públicos y privados, de modalidad presencial, virtual o híbrida. Pero, en la práctica, el sector privado es el que tiene más que temer. Y sobre todo el modelo a distancia, pues es donde menos se investiga.

La Politécnica de Cartagena fue la última institución pública que se creó en España. Fue en 1998. Desde entonces, los centros privados han ido creciendo a un ritmo de uno por año. En la actualidad, España tiene 89 universidades con actividad: 50 públicas y 39 privadas.

39 universidades privadas

Según los últimos datos recogidos por la Fundación CYD, y a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el número de universidades del sistema español en el curso 2018-2019 era de 83. De las 50 públicas, un total de 47 son de carácter presencial, una no presencial y dos especiales.

La no presencial es la UNED-Universidad Nacional de Educación a Distancia, y los dos centros
especiales son la UIMP-Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y la UNIA-Universidad Internacional de
Andalucía. Las dos primeras dependen del Estado y la última de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Además había 33 privadas: 28 presenciales y cinco no presenciales. Estas últimas son la UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid, la UNIR-Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Isabel I de Castilla, la Universidad Internacional de Valencia y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que dependen respectivamente de las comunidades autónomas de Madrid, La Rioja, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña. 

Pero en 2019 se aprobaron cuatro universidades privadas más: tres presenciales en Madrid (CUNEF Universidad, ESIC Universidad y Universidad de Villanueva) y una privada no presencial dependiente de las Islas Canarias (Universidad de Las Hespérides). En 2020, según Fundación CYD, se aprobó la creación de otros dos centros presenciales más: la Universidad Internacional de la Empresa en Madrid y la Universidad Intercontinental de la Empresa en Galicia. Lo que supone que el número de instituciones universitarias privadas ya escala a 39.

Requisitos en la oferta académica

El Gobierno considera que no todos los centros del sistema tienen la calidad suficiente porque la legislación actual es demasiado laxa. "Para que una universidad merezca el nombre de tal necesita tener actividad en las funciones fundamentales de lo que es una institución superior. Eso tiene que ver con la importación de las enseñanzas, en un número suficientemente grande para que cubra varias de las grandes ramas del conocimiento, y una actividad fundamental como es la investigación", explicó este viernes el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

Por ello, además de obligar por decreto a investigar y a transferir conocimiento, las nuevas universidades que se creen a partir de ahora deberán disponer de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y tres programas oficiales de doctorado. Y, como mínimo, tendrán que estar representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento: Ingeniería, Ciencia, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias de la Salud.

Después de cinco años del inicio de actividades, los estudiantes de grado y dobles grados serán, al menos, el 50% del total del alumnado oficial.

Críticas desde el sector privado

Mientras el presidente de la Conferencia de Rectores CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, abraza el real decreto y ve "acertado y necesario" que se introduzcan criterios de calidad académica para crear universidades. La asociación integra a las 50 públicas y a más de la mitad de las privadas (26).

Sin embargo, desde asociaciones de enseñanza privada como ACADE ven una "cortapisa" al desarrollo del modelo. "En los últimos años no ha parado de crecer el número de estudiantes que prefieren seguir sus cursos en universidades privadas. Esto contrasta con el estancamiento de matriculados en universidades públicas, donde quedaron vacantes 25.000 plazas de estudios de grado en 2018/2019", defienden desde la entidad.

El incremento de alumnos -dicen- no se debe a que falten plazas en las públicas, sino "a la alta tasa de empleabilidad; al alto porcentaje de alumnos extranjeros y a la oferta de grados, másteres y estudios online, que se ajustan mucho más a los requerimientos de las empresas y del mercado de trabajo".

Desde ACADE no entienden que se prevea establecer "más limitaciones y cortapisas" al desarrollo de las privadas en España. "Ya están controladas y fiscalizadas por los mismo órganos que las públicas", zanjan.