Moncloa mantiene a Bolaños: llamará a Pons para pactar quién sondea a la Comisión Europea

Moncloa mantiene a Bolaños en las negociaciones con el PP para renovar el Poder Judicial pese a la petición de Alberto Núñez Feijóo de apartarle por sus "reiteradas mentiras". Fuentes gubernamentales explican que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes llamará esta misma tarde o este fin de semana a Esteban González Pons, del PP, para pactar quién sondea a la Comisión Europea para que aporte un mediador. Moncloa asegura, sobre la cita de este viernes, que el acuerdo que ya cerraron con el PP de Pablo Casado es un "buen punto de partida". Pero todo está en el aire.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han concluido su esperada cita de este viernes con un anuncio: abrir de nuevo las negociaciones para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Eso sí, bajo la supervisión de la Comisión Europea y, a ser posible, antes de las elecciones europeas de junio de 2024. El PP pretende que la renovación y la reforma del método de elección de vocales del Poder Judicial se pacte a la vez.

Tras casi dos horas de reunión, además de otorgar a la UE el papel de mediadora, la otra "condición" que ha trasladado Feijóo a Sánchez es sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El popular ha trasladado su voluntad de que se haga de forma "simultánea" a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero Moncloa asegura que, aunque se puede hablar de todo, una cosa no está vinculada con la otra. Es decir, que no es condición sine qua non que haya renovación para que haya pacto sobre la reforma del sistema de elección de vocales del órgano de gobierno de los jueces.

La mediación europea, que ha pillado al Ejecutivo con el pie cambiado, es el principal punto sobre el que se ha logrado un consenso. El documento de Feijóo recoge que la "necesaria renovación del CGPJ no puede darse sin garantías que aseguren la independencia judicial". Por eso, propone "sumar a la negociación a la Comisión Europea, a efectos de que pueda supervisar y acreditar de forma inequívoca que la renovación del CGPJ se acomete de forma simultánea a la reforma del método de elección".

No obstante, ambos dirigentes han acordado realizar una reforma exprés del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido'. Se trataría de la tercera modificación de la ley fundamental desde que se aprobó, en 1978. Aunque tanto Génova como Moncloa esperan que sea rápida, incolora e indolora. Más si cabe cuando las elecciones gallegas se asoman ya a principios del año próximo: el 18 de febrero se abrirán las urnas.

Feijóo, "satisfecho" de que Sánchez esté "dispuesto"

Sobre la metodología para negociar la renovación del CGPJ, el PP ha explicado que el procedimiento "pasaría por reuniones a tres en España, y por la presencia en ellas de autoridades públicas comunitarias y de perfil incontrovertible", y ha añadido que Pedro Sánchez "se ha mostrado a dispuesto a aceptar este modelo".

"Yo, desde luego, estoy satisfecho que al final el señor Sánchez haya aceptado la supervisión de la Comisión Europea. Por lo tanto, yo he sido el autor de la propuesta y asumo la responsabilidad de haberla hecho. Y le agradezco al presidente que la haya adoptado", ha declarado Feijóo tras la reunión en una rueda de prensa en el Congreso, donde ha añadido que el PP ya había hecho un "sondeo" a la Comisión sobre esta propuesta de supervisión.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha sugerido que recuperar "esa normalidad institucional en el CGPJ" sería una "buena noticia", y ha añadido que "son más de 1.800 días en que el PP ha imposibilitado esa normalidad institucional y nos parece un buen punto de partida que la Comisión Europea ejerza ese papel de mediador y verificador" para poder "acabar con la anomalía" en este órgano.

El PP recela de la interlocución de Bolaños

Durante la negociación en el Congreso, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno "reflexionar" acerca de si el ministro Félix Bolaños "favorece las posibilidades de entendimiento entre PP y PSOE", dado que, según el PP, "ya intentó engañar al PP" en negociaciones pasadas sobre el órgano de gobierno de los jueces. "Le he dicho claramente que no era la persona adecuada", ha indicado el popular.

Sin embargo, Feijóo ha señalado posteriormente en su comparecencia que Sánchez le dio "malas noticias en esto" porque le ha trasladado que Bolaños "va a ser la persona que va a señalar" para esas negociaciones. Por su parte, Alegría ha indicado que el PP es "respetuoso" con las personas que elige el PP y espera, por lo tanto, "el mismo respeto" por parte de Feijóo.

Por su parte, el PP ha propuesto como interlocutor al vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons. Por lo tanto, de momento falta por conocer quién será la persona que designará la Comisión Europea para esas negociaciones que, podría recaer en el comisario de Justicia, Didier Reynders, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, u otra persona.

Diferencia entre mediador y supervisor

Después de las críticas del PP a la figura del mediador internacional elegido por PSOE y Junts, Feijóo ha matizado que "equiparar la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en banda armada" le parece una falta de respeto".

Por ello, el popular ha pedido "respeto por la Comisión Europea" porque "es una institución española" a la que han "transferido buena parte de la soberanía" y esa supervisión se hará con "transparencia".

Fuentes del PP han precisado más tarde que "un mediador media entre iguales" y que "Sánchez aceptó que Cataluña y España eran entes homologables". Han señalado que "decidió celebrar reuniones clandestinas fuera del territorio de la Unión Europea" y que un supervisor "tiene rango superior".

Y en el caso de las negociaciones para la reforma de LOPJ y la renovación del CGPJ, las reuniones serán en territorio comunitario y, previsiblemente, en Madrid. "Ni la vicepresidenta Jourova ni el comisario Reydners comparten perfil con el diplomático salvadoreño escogido por Sánchez", han añadido las mismas fuentes 'populares', que han subrayado que la Comisión Europea "es una institución que tiene delegada soberanía nacional española".

Sánchez se compromete a "no cambiar las mayorías"

Por otro lado, Feijóo ha subrayado en su comparecencia que tiene el "compromiso" de Sánchez de que "no va a cambiar las mayorías" ni va a "modificar el número de jueces y magistrado elegidos en el Congreso y el Senado". "Tengo ese compromiso y yo le doy valor porque creo que es una posición del gobierno que es correcta", ha apostillado.

Sin embargo, Feijóo ha reconocido que ha traslado a Sánchez su "desconfianza total" tras lo ocurrido en el pasado porque el Gobierno ha "mentido al PP de forma reiterada". De hecho, ha dicho que los avances que habían alcanzado los "tiró por la borda" con el nombramiento de dos ex altos cargos como vocales del Tribunal Constitucional cuando habían pactado entonces que no hubiera personas con vinculación política en estos órganos.

El líder del PP ha añadido que, aunque todo eso "condiciona" la posición del PP, es consciente de la necesidad de renovar el Consejo y "profundizar en la independencia judicial". "Mi compromiso es aportar lo que pueda para solucionar esta crisis de la Justicia con garantías, garantías de independencia, como reclaman los jueces, los tribunales y la Comisión Europea", ha agregado.

Fuentes del PP creen que el día que se pacte la renovación del CGPJ se registraría en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que debe quedar claro que antes de finalizar el mandato de los jueces y magistrados se procederá a su renovación automática, para que no vuelva a repetirse en el futuro esta situación de bloqueo.

Desde el PP creen además que deberían seguir vigentes las elecciones de jueces que se realizaron en el pasado, antes de que se truncase la renovación del CGPJ. Además, en Génova creen que el texto de esa reforma de la Ley del Poder Judicial debe estar pactado entre el PP y el PSOE, sin otorgar un plazo de seis meses al propio Consejo para que elabore un texto, como se había planteado hace un año por el propio Partido Popular.