La UDEF recaba los contratos de obra pública de 664 millones salpicados por la caja b

La causa que sigue la Audiencia Nacional por los papeles de Bárcenas (también conocida como caja b) incorpora más de 60 archivos relativos a adjudicaciones bajo sospecha. La UDEF ha remitido al magistrado Santiago Pedraz expedientes, contratos y documentos que ha recabado de distintos entes, entre los que se encuentran Adif y Turespaña, después de que así lo solicitara el instructor el pasado mes de diciembre. El objetivo es esclarecer la relación entre las anotaciones que el extesorero popular reflejó en sus famosas agendas y las licitaciones, muchas de las cuáles se concedieron en el año 2003 durante el Ejecutivo de José María Aznar.

El oficio policial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, desgrana toda la documental que ya se ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie al respecto. De este modo, el Ministerio de Transportes, a cuyo frente se encuentra José Luis Ábalos, ha aportado un total de cinco expedientes relativos a licitaciones de diversos tramos en las autovías de Castilla, Córdoba o Levante, además del contrato del área de servicio de Ponferrada. De acuerdo con la documental incorporada al procedimiento, estas adjudicaciones se concedieron entre los años 2002 y 2004 por un importe total de 204,2 millones de euros. Todas ellas fueron a parar a Constructora Hispánica, bien fuera en contratos en solitario o en UTEs con otras sociedades.

Los agentes destacaron en su informe del pasado mes de noviembre que la mercantil (conocida en la actualidad como Assignia Infraestructuras S.A), es una de las identificadas en las agendas de Bárcenas. De hecho, en el periodo que es objeto de estudio, la constructora recibió un total de 480 contratos de la administración pública, lo que les supuso un volumen de adjudicación cercano a los 2.400 millones de euros. Solo en el año 2003, se identificaron un total de 51 adjudicaciones. A cambio, su entonces administrador, Alfonso García-Pozuelo, habría realizado cinco pagos al Partido Popular en esas fechas, siempre según los manuscritos de Bárcenas. Las agendas reflejan cinco entradas entre los ejercicios 2002 y 2006 que alcanzarían los 162.000 euros.

A la información aportada por el Ministerio de Transportes se suma la entregada por Turespaña y ADIF. La Audiencia Nacional requirió al Instituto de Turismo de España el material relativo a las obras que se llevaron a cabo en el Parador de Lorca en el año 2003. De nuevo en este caso el proyecto (adjudicado por 9 millones de euros) fue a parar a Constructora Hispánica, siempre según el oficio de la UDEF que identifica la recepción de un total de 59 archivos repartidos en tres carpetas. Finalmente, la última en responder al requerimiento del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha sido Adif. El ente ha proporcionado dos contratos sobre la terminal de contenedores de El Albroñigal en Madrid (por 226,6 millones de euros) y la construcción de un túnel artificial en la línea que une Córdoba con Málaga, adjudicado también en 2004 por 224,8 millones de euros.

Las confesiones de Correa

Se tratan todas ellas de licitaciones de obra pública que suman un total de 664,7 millones de euros y que los investigadores mantienen en el foco al sospechar que se otorgaron a esta empresa ligada al Partido Popular a cambio de donaciones que irían a parar a la contabilidad opaca de la formación. El magistrado José de la Mata reabrió esta parte de las pesquisas tras las confesiones del líder de la trama Gurtel, Francisco Correa, en el juicio por la primera etapa de las actividades de la red. El magistrado que ha asumido la investigación, Santiago Pedraz, dio impulso a las diligencias y requirió todos estos expedientes tras sumar a la causa el pasado mes de noviembre un informe de la UDEF relativo a las actuaciones de Alfonso García Pozuelo.

En su declaración en sede judicial en noviembre de 2016, el empresario admitió a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción que efectuó pagos a Correa a cambio adjudicaciones de obra pública. Las mismas se concedieron en "organismos centrales" pero también en ayuntamientos locales como el de Pozuelo de Alarcón durante el mandato de Jesús Sepúlveda (exmarido de Ana Mato). "Francisco Correa señaló que él, merced a su relación con Luis Bárcenas y con el Partido Popular y con acuerdo del primero para favorecer a empresarios en los concursos públicos de la Administración efectuaba la gestión de los candidatos a la licitación que estaban interesados en obtener y, si tenían éxito, en el sentido de resultar adjudicatario, el empresario entregaba una comisión procediendo al reparto de la misma entre él y a Luis Bárcenas", expuso la UDEF en su informe de noviembre.

Segundo permiso para Bárcenas

Sobre todo este asunto se podrá pronunciar el que fuera tesorero del PP en su cita ante el juez el próximo 16 de julio. Pedraz ha accedido a interrogarle en esta línea de investigación después de que así lo pidiera el que fuera máximo responsable de las finanzas del Partido Popular. El político comparecerá en sede judicial tras haber disfrutado de su segundo permiso penitenciario. Esta segunda salida de prisión tiene lugar después de la que se produjo el pasado 4 de abril. Entonces abandonó el centro de Soto del Real donde cumple condena por la primera época de la trama Gürtel para disfrutar de sus primeros seis días de libertad desde su ingreso en mayo de 2018. Este segundo permiso se concede desde este mismo martes 18 de mayo hasta el lunes 24, de acuerdo con un oficio del Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso este diario.

La salida coincide además con el fin de la vista que ha acogido este órgano en relación a la reforma de la sede del PP. El juicio, que ha quedado visto para sentencia, sentó de nuevo en el banquillo al extesorero popular por los pagos en b de las obras en Génova 13. El extesorero volvió a reconocer la validez de sus manuscritos y señaló a exaltos cargos de la formación popular como receptores de sobresueldos opacos que ellos mismos negaron en su declaración como testigos. A falta de conocer la sentencia del tribunal, el magistrado Pedraz avanza con la única línea de investigación abierta sobre esta caja b y que afecta a los empresarios donantes del partido. A la misma se sumará el testimonio del extesorero que ya anunció que aportaría más detalles en relación a este circuito opaco de facturas falsas pese a las reticencias de juzgado y Fiscalía acerca de los detalles que pueda aportar a esta investigación.