La Guardia Civil pone en bandeja a la juez Alaya arrebatar a la UDEF el 'caso de los cursos'

La investigación sobre el fraude de los cursos de formación para parados está cada vez más cerca de acabar en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Un informe remitido recientemente por la Guardia Civil a una magistrada de Algeciras (Cádiz) que tenía abierta una causa similar concluye que la instructora del 'caso ERE' fue la primera que comenzó, allá por 2009, a investigar supuestas irregularidades en la formación a desempleados en Andalucía y que, por tanto, debe ser ella la que se haga cargo de todos aquellos casos que se vayan conociendo dada la conexión entre todos ellos. La conclusión del Instituto armado va más allá de arrebatar las pesquisas concretas que seguía este juzgado de la localidad gaditana, ya que también abre las puertas a que la juez Alaya acumule bajo su dirección otras investigaciones similares que surjan en el futuro. Entre ellas, la 'Operación Edu' de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que ha destapado un escándalo similar en Málaga con ramificaciones por toda la comunidad autónoma y que aún no está judicializada. Ésta podría pasar entonces a manos de la Guardia Civil.

El documento de la Guardia Civil ya ha tenido una consecuencia: una juez de Algeciras ha pedido inhibirse en favor de Mercedes Alaya en un fraude en la formación de desempleados

El informe  de la Benemérita fue remitido recientemente al Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras en el que se investiga desde agosto de 2012 la denuncia de una profesora que destapó la existencia de supuestas irregularidades en un curso de auxiliar de geriatría que se impartía en esta localidad. En dicho documento, el Instituto armado advertía de que dicha causa estaba relacionada con la investigación que ya tenía abierta en Sevilla desde tres años antes la juez del 'caso ERE'. Se trataba, precisamente, de una pieza separada del célebre caso que instruye y que ha mantenido secreta hasta hace sólo unos meses. Su existencia se conoció el pasado mes de octubre, cuando la magistrada ordenó a la Guardia Civil una operación en toda Andalucía en la que se registraron diversas sedes de la Unión General de Trabajadores (UGT), entre ellas la principal de Sevilla y el archivo que el sindicato tiene en la ciudad de Córdoba.

Tras recibir el informe, la titular del juzgado de Algeciras, que acaba de asumir el puesto tras relevar a su antecesora la pasada Semana Santa, ha pedido inhibirse en la causa que instruye en favor de su colega sevillana. Una decisión que cuenta con el apoyo del fiscal del caso, pero no de la empresa investigada, la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente Natura, ligada al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés. La representación legal de esta mercantil ha presentado ya un recurso de apelación y otro reforma en contra de entregar la causa a la magistrada sevillana, según confirmaron a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El primero tiene que ser resuelto por la propia juez de Algeciras, que probablemente se ratificará en su inhibición ya que cuenta con el apoyo del representante del Ministerio Público. El segundo tendría que resolverlo la Audiencia Provincial de Cádiz, confirman las fuentes jurídicas consultadas.

Las preferencias de la juez

Si finalmente esta instancia judicial da el visto bueno a la inhibición, la juez Alaya podría empezar a reclamar otras causas abiertas en diversos órganos judiciales. Hasta el momento, además de la suya y la del Algeciras, hay otros tres sumarios abiertos en juzgagos andaluces para investigar supuestas irregularidades en los cursos de formación. Uno es el número 2 de Granada. Los otros dos, el 9 y el 12 de Sevilla. Sin embargo, la investigación más importante no está judicializada aún. Se trata de la 'Operación Edu' de la UDEF, desvelada por Vozpópuli el pasado 11 de abril y que ha provocado un auténtico terremoto político. Según los primeros datos que se conocen de la misma, el fraude sólo en la provincia de Málaga, que es donde las pesquisas están más avanzadas, alcanza ya los 8 millones de euros, y las conexiones con otras zonas de Andalucía son numerosas. Si finalmente Alaya asume también su instrucción, la juez tendría también en su mano decidir que cuerpo policial continúa con las mismas: si la Guardia Civil, que es la que realiza las pesquisas en el caso de los cursos de la UGT que ya investiga, o el Cuerpo Nacional de Policía, que fue quien inició la 'Operación Edu'.

En el 'caso de los ERE', la juez Alaya ya apartó de la investigación a la Policía para dejar las pesquisas en manos de la Guardia Civil

No sería la primera vez que la magistrada se decanta por el Instituto armado. De hecho, el 'caso de los ERE' fue investigado en un primer momento por la Policía, pero Mercedes Alaya terminó apartándo del caso a este Cuerpo y entregando las pesquisas al Grupo de Delitos Económicos de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil. El próximo final de esta causa --la propia juez ya lo ha apuntado en sus últimos escritos-- permitirá a la magistrado embarcarse en un nuevo caso complejo y de envergadura, como ya se vislumbra que será el de los cursos de formación para parados. En ese caso, fuentes policiales muestran su convencimiento de que la magistrada apostará de nuevo por el Instituto armado para la investigación. Algo que, sin embargo, caería como un jarro de agua fría en la Policía y, más en concreto, en la UDEF. De hecho, la Sección de Investigación de la Seguridad Social de esta unidad, que es la que investiga el caso desde hace más de un año, tienen sus pesquisas muy avanzadas y ya ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción tres detallados informes, uno de ellos con cientos de folios y documentos intervenidos.

De hecho, en los últimos días han continuado con las mismas. Así, tras tomar declaración a más de 200 alumnos de los fraudulentos cursos en diferentes localidades de Málaga, los agentes se han vuelto a desplazar en los últimos días a esta provincia a interrogar como testigos a una treintena de personas que figuraron como docentes en los mismos. La UDEF pretende con ello afianzar aún más los fuertes indicios que ya aportaron los desempleados sobre las diferentes irregularidades existentes en los cursos impartidos por al menos 17 empresas bajo sospecha. Una vez concluida esta fase, los responsables entregarán un nuevo informe a Anticorrupción para que, finalmente, la causa sea puesta en manos de un juez. ¿De cuál? En un primer momento se pensaba que sería un magistrado de Málaga, ya que era esta provincia donde se había centrado la investigación. Sin embargo, el informe remitido por la Guardia Civil al juzgado de Algeciras puede terminar sirviendo en bandeja a la juez Alaya un nuevo caso mediático sobre corrupción en Andalucía.