La UDEF concluye que Echenique ordenó los pagos de Podemos a una firma que investiga el juez

La UDEF ha remitido a la investigación abierta por el caso Neurona el resultado del análisis de las cuentas bancarias de la Asociación 404 Comunicación Popular. La Policía analizó los fondos de esta firma ligada a Podemos a petición del magistrado Juan José Escalonilla para esclarecer los detalles de tres pagos de 10.000 euros cada uno girados por el partido a esta asociación. El resultado que arrojan las pesquisas policiales es que detrás de los mismos estaría el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Así se desprende del último informe policial incorporado al procedimiento en el que se indaga el origen real de estos abonos que salieron de la Caja de Solidaridad de la formación ante la sospecha de que podrían tratare de pagos en B. La Policía Judicial detalla que han estudiado todos los movimientos de la cuenta que esta productora tiene abierta en Triodos Bank entre septiembre de 2019 y marzo de 2021 y que el resultado arroja unos ingresos de 34.468 euros. De todos ellos, el grueso de 30.000 provienen de Podemos. El ordenante fue el exsecretario de organización del partido.

Añade además que figuran como apoderados de dicha cuenta tanto Echenique como el tesorero de la formación, Daniel de Frutos. Este último acaba de ser imputado en el caso Niñera, un procedimiento surgido a raíz de esta investigación penal que arrancó hace cerca de un año. De este modo, la Policía cumple con el requerimiento del juzgado que reabrió estas pesquisas relativas a la caja de solidaridad después de que así lo ordenara la Audiencia Provincial de Madrid.

Presunto desvío de fondos

En octubre del pasado año el instructor archivó esta línea separada del caso Neurona al no encontrar irregularidad alguna con estas tres transferencias. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 investigó si se produjo el presunto desvío de fondos que denunció inicialmente el exabogado del partido, José Manuel Calvente. El denunciante explicó que este el movimiento requirió 50.000 euros a la formación morada y que, tras investigar quien estaba detrás de esta productora, descubrió que era personal ligado al diputado de la formación Rafael Mayoral.

Calvente apuntó que se podría estar cometiendo una presunta administración desleal con los fondos de esta caja ya que no estaban siendo destinados para sus verdaderos fines, sino que los pagos terminaban en el bolsillo de otros miembros de la formación. El magistrado identificó a los integrantes de Comunicación Popular y estudió su origen. En concreto nació en 2018 como un ente para "comunicar iniciativas del movimiento popular".

Finalmente concluyó que, efectivamente, se produjeron tres pagos de 10.000 euros cada uno tal y como obra en sus cuentas, pero que no existían ningún indicio de que no se efectuaron las actividades por las que se pagaron dichos fondos. Respecto a los socios del movimiento, Escalonilla precisó que no resultaba "anómalo ni extraño" que lo integren miembros del partido que le contrató. Pese a ello, la Audiencia Provincial de Madrid admitió los recursos de las acusaciones populares (en contra del criterio de Fiscalía) y emplazó al juez a seguir investigando el origen de estos pagos.

La orden de la Audiencia

Los magistrados abroncaron al partido por no aclarar si este ente le requirió 50.000 euros y concluyeron que, una vez practicadas las gestiones acordadas, "lejos de desvanecer el fumus boni iuris, ha venido a confirmar la existencia de la posible comisión de delito". "Es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa Asociación y Podemos que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica de Partidos Políticos", razonó el auto. La misma precisa que las fundaciones vinculadas a partidos políticos tienen que inscribirse en el registro.

Los magistrados identificaron también a los integrantes del movimiento (recalcando que algunos ostentan "cargos relevantes" en Podemos) y que había que conocer el destino de las cantidades, los que autorizaron los pagos y los que se beneficiaron. Su objetivo es aclarar si los desvíos de dinero se efectuaron "con perjuicio al resto de miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos". Pues bien, ahora la UDEF identifica a Echenique como la persona que autorizó estas tres transferencias y como el titular de la cuenta ordenante junto con De Frutos.

El informe también analiza el total de abonos que recibe la cuenta de Comunicación de Popular. Se trata de transferencias de mucho menor importe (algunas de 10 euros) giradas por personas ligadas a esta productora. Algunas incluyen el concepto de "cuota de socio". En lo que respecta a los pagos destacan 6.800 euros por alquiler de local (en el centro de Madrid), 3.357 euros por copias de un anuario y otras de importe menor relativas a servicios fotográficos o asesoramiento relacionado con la protección de datos. También figuran cargos de billetes de tren y avión o de estancias de hotel. El oficio policial incluye las facturas que coinciden con los movimientos identificados en la cuenta.