El órgano que vigila la transparencia del Gobierno admite "falta de personal" y "sobrecarga de trabajo"

El órgano independiente encargado de velar por la transparencia del Gobierno no da abasto. En los últimos meses, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha visto sepultado por una avalancha de reclamaciones. Las negativas del Gobierno a aportar información pública lleva al colapso del sistema que garantiza la transparencia del sistema democrático. Una sobrecarga directamente derivada del bloqueo del Ejecutivo a cientos de solicitudes de información, algunas de ellas ya detalladas por Vozpópuli; entre ellas, la negativa a aportar los informes de los expertos en los que Pedro Sánchez se amparó para reactivar la actividad no esencial en el primer estado de alarma o la información relativa a las viviendas oficiales de los ministros, que finalmente terminaron concediendo.

El aumento en las reclamaciones de solicitantes a quienes se les ha denegado información ha provocado un récord de recursos interpuestos en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con un considerable incremento en su actividad, como ya contó este diario. En la práctica, esta situación está llevando al retraso de los procedimientos, con la dilatación de las resoluciones y el incumplimiento de los plazos legales para, en su caso, exigir al Gobierno que aporte la información solicitada.

En un escrito remitido en junio por este órgano, al que ha tenido acceso este medio, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno refleja la situación crítica en la que se encuentran, admitiendo los retrasos en los plazos "debido a la sobrecarga de trabajo y a la escasez de personal". El plazo máximo de este órgano para resolver las reclamaciones interpuestas es de tres meses desde la presentación de la reclamación, y la resolución es de obligado cumplimiento para la Administración. Sin embargo, las trabas del Gobierno a la hora aportar información ha llevado a que en algunos casos estas resoluciones se alarguen más allá del periodo máximo.

Los procedimientos de Transparencia

Cualquier persona física o jurídica que solicite información tiene derecho a interponer una reclamación en este órgano en el plazo de un mes desde la respuesta denegatoria, o transcurrido un mes desde que se presentó la solicitud sin que se hubiera obtenido respuesta. Esta última es la opción más habitual en esta legislatura, en la que los distintos departamentos ministeriales optan por el silencio administrativo ante ciertas peticiones y solo se avienen a aportar la información en caso de que el interesado persista interponiendo un recurso ante el Consejo de Transparencia.

Es lo que sucedió cuando los distintos ministerios preguntados sobre las características de las viviendas oficiales donde residían 12 de los 22 ministros. La mayoría de ellos optó por el silencio, y solo declaró los detalles una vez interpuesta una reclamación; la concesión de estos datos a destiempo tiene el objetivo de evitar un varapalo del órgano fiscalizador de la Transparencia; una sentencia contraria que sí llegó en el caso de Yolanda Díaz y de Fernando Grande-Marlaska.

A esa situación hay que sumar el crecimiento en los datos de gestiones realizadas por el Consejo de Transparencia. De acuerdo a sus propias cifras, entre el 1 de enero y el 31 de mayo se han registrado 1.608 entradas, consistentes en reclamaciones, denuncias, quejas y sugerencias, consultas sobre la aplicación de la ley o informaciones al ciudadano. De seguir en esta línea, la cifra a final de año será muy superior a las 2.985 entradas que se registraron en 2020. Esa diferencia también se basa en que en ciertos periodos del año anterior no hubo entradas debido al estado de alarma.

Aviso del Tribunal de Cuentas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lleva a cabo todas las gestiones con un claro déficit de personal. El Tribunal de Cuentas ya advirtió el pasado mes de noviembre de que dentro de este órgano encargado de velar por la transparencia de la Administración no se cumplían los cupos establecidos de trabajadores. La presidenta del Tribunal, María José de la Fuente, arrojó cifras en una comparecencia pública: en el ejercicio 2017 trabajaban 19 personas en el Consejo de Transparencia, cuando la plantilla debería de llegar a 56.

El problema, lejos de solucionarse, parece prolongarse en el tiempo. El documento al que ha tenido acceso este diario y que está fechado en el pasado mes de junio confirma que el Consejo de Transparencia sufre “un ligero retraso en la resolución de los expedientes de reclamación” debido a la “sobrecarga de trabajo” y a la “escasez de personal”.