España

El patrimonio del rey, los viajes o el coste total: el margen para la transparencia en Zarzuela

Actualmente la Casa Real publica los contratos que realiza, el salario de sus altos cargos y ofrece una lista de los regalos "institucionales" que recibe la Familia Real

El Rey Felipe VI, en una imagen de archivo, junto al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
El Rey Felipe VI, en una imagen de archivo, junto al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. EFE

"La Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones". Son las palabras de Felipe VI en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales en 2014.

Durante todo su reinado, el monarca emérito Juan Carlos I -cuyo paradero ahora se desconoce- disfrutó de un estatus jurídico que le permitió desarrollar negocios privados al margen de su actividad institucional. Distintas fuerzas políticas con presencia en el Parlamento y en el Gobierno quieren ir un paso más allá y acotar las funciones del rey así como profundizar en el grado de transparencia de la Casa Real

A su llegada a la jefatura del Estado, Felipe VI impulsó medidas para adaptar la institución a los nuevos tiempos. Poco antes, la Casa había sido incluida en la Ley de Transparencia, gracias a la que se puede conocer el salario que cobran los altos cargos que trabajan para la institución. 

Pero la figura del monarca y la de los miembros de la Familia Real queda al margen de la misma. Por tanto, no deben presentar una declaración de bienes y rentas como sí han de hacer los altos cargos de la Administración del Estado o los diputados y senadores. También lo hacen desde 2015 el presidente y los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

En línea con lo que han reclamado desde Esquerra Republicana y EH Bildu, el grupo de Unidas Podemos planteará en septiembre una batería de medidas para exigir mayor grado de transparencia a la Corona. Entre ellas, que el Tribunal de Cuentas -al que la Constitución atribuye la competencia del control externo del gasto público-,pueda fiscalizar cómo se emplea la asignación presupuestaria que la monarquía recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado

Aunque esto genera diversas opiniones entre la doctrina, pues la Casa Real se configura como un órgano dotado con fondos públicos, pero no forma parte de la Administración como tal, aunque sí podría ser encuadrado dentro del sector público. La cuestión es determinar hasta qué punto se pueden fiscalizar el uso de los fondos que la Constitución permite al monarca distribuir como considere oportuno. Si se encargase el Tribunal de Cuentas, ¿podría exigirse -llegado el caso- algún tipo de responsabilidad contable? ¿A quién? ¿Al jefe de la Casa, que acata la voluntad del rey amparado por la inviolabilidad? 

Hasta el momento, por propia voluntad de la Casa, las cuentas de la institución son sometidas a una auditoría interna y a una externa. Esta última a través de un convenio con la Intervención General del Estado. Asimismo, la Casa Real detalla desde 2011 en su web cómo se distribuye el Presupuesto consignado -7,88 millones de euros en 2020–. Aunque el nivel de detalle es limitado en comparación con otras casas reales de nuestro entorno.

También se ofrece una relación trimestral de los contratos firmados y prorrogados. Estos son de carácter privado y no están sujetos a la ley de Contratos del Sector Público ni a los requisitos de publicidad que debe cumplir cualquier institución. Se indica, en cualquier caso los importes de licitación y de adjudicación, así como el nombre de los proveedores

En cuestión de regalos, el actual monarca decidió establecer un código de conducta que impide a los miembros de la Familia Real aceptar obsequios personales que superen los usos habituales, sociales o de cortesía o que por su alto valor económico "puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales". Se ofrece, eso sí,  una lista anual con regalos "institucionales" que recibe la Familia Real y su destino. El baremo es libre y ambiguo y lo determina un comisión que preside el secretario general.

El coste de la monarquía

Lo que sigue siendo una incógnita es el coste total del funcionamiento de la institución. Al margen de la partida prevista anualmente en los PGE, diversos ministerios como Presidencia, Exteriores, Defensa o Interior destinan fondos propios para el desarrollo de las actividades de representación, seguridad o para el pago de los funcionarios que trabajan en Zarzuela. 

Sobre este aspecto hay peticiones de información pública que han sido denegadas por el Gobierno, amparándose también en la Ley de Secretos Oficiales de 1968. El Ejecutivo alega que ofrecer ese tipo de información podría comprometer la eficacia de los dispositivos de protección. Presidencia del Gobierno, que se encarga de gestionar este tipo de solicitudes, también rechaza facilitar detalles de los viajes del monarca, a pesar de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Esta posición contrasta con la praxis ejercida en otras casas reales europeas como la británica, que ofrece un profundo detalle del coste de los desplazamientos de todos los miembros de la familia real, así como de los medios de transporte empleados.

De momento, en el seno del Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos late una división que se podría escenificar en los próximos meses. Los socialistas ya han señalado que apuestan por la estabilidad institucional en un momento de especial gravedad como el que acarrea la pandemia del coronavirus y  no ven prioritario introducir cambios en la regulación constitucional de la Corona, ni están por la labor de avanzar en el desarrollo del estatus jurídico del rey.

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