Los investigadores de la trama de fraude de votos en Melilla sospechan que se financió con fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción, que ha asumido las diligencias debido a la gravedad y la importancia del asunto, sostiene que esta red -que salpica al partido Coalición por Melilla- se nutrió a través de empresas y particulares que, a su vez, recibieron ayudas y subvenciones del Gobierno de coalición integrado por este partido y por el PSOE.
El Ministerio Público, que apunta a la comisión de cuatro delitos por estos hechos, detalla que estas empresas y particulares vinculados al partido político recibieron "licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones" que provenían del gobierno local. Se da la circunstancia de que al frente del mismo se encuentra el partido investigado y también el PSOE, que gobierna en coalición.
Según recalca Anticorrupción, las investigaciones realizadas hasta el momento constatarían que los imputados -entre los que se encuentran el consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-lal y el yerno del presidente de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchán- conformarían una "estructura organizada" que se dedicó a comprar votos gracias al sistema telemático de votos.
"Las investigaciones realizadas hasta el momento por la Policía Nacional han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legamente establecida del voto por correo", reza el decreto que firma el fiscal general del Estado, Álvaro García.
Aunque las diligencias siguen bajo secreto de sumario, se sabe que la trama comenzó a operar el 4 de abril, coincidiendo con la publicación en el BOE de la convocatoria electoral. La Fiscalía, que habla de una investigación "grave y compleja" sostiene que de los indicios recabados hasta el momento se desprende la presunta comisión de los delito de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho; además de delitos electorales recogidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Se dispara el voto por correo en Melilla
Uno de los motivos que propició la investigación de la Policía Nacional en torno al fraude electoral de Melilla fueron los altos registros de petición de participación por correo, con 11.707 casos, de los que se han ejecutado 2.572. Las pesquisas se han llevado a cabo en tiempo récord, teniendo en cuenta que comenzó con la campaña electoral ya en marcha y las detenciones se efectuaron antes del cierre del plazo para entregar los sufragios a Correos. Así, la Policía conseguía un doble objetivo: frustrar el fraude electoral e intervenir los votos bajo sospecha, que constituyen una prueba delictiva ante la Justicia.
Hasta la fecha se han detenido a nueve personas. Entre ellas, el consejero de Distritos de Coalición por Melilla (CPM), Mohamed Ahmed Al-lal, el partido que se vería beneficiado en esta trama de compra de votos, según los indicios recabados por la Policía. Una vez comenzadas las diligencias, los agentes centraron su objetivo en el conocido como Abdul, alias 'el lobo', yerno del presidente de CPM, Mustafá Aberchán. Sospechan que este hombre ejercía de intermediario entre la rama política y la red dedicada a la captación de sufragios.
Ramificaciones en Málaga y Barcelona
La investigación ha tenido a su vez ramificaciones en Málaga y Barcelona, ante las sospechas de que los investigados podían intentar el traslado de los votos. Asimismo, España ha solicitado formalmente a Marruecos su cooperación policial, con el objetivo de localizar algunos de los sacos con sufragios que presumiblemente se habrían sacado desde Melilla rumbo al reino alauí, como adelantó Vozpópuli. Las esperanzas de los agentes es escasa en este sentido, ya que han transcurrido varios días y cualquier papeleta es una prueba incriminatoria, por lo que la red buscaría su destrucción inmediata.
Las pesquisas de los agentes de la UDYCO y de la UDEF de la Policía Nacional han servido para demostrar la participación en la trama de varios narcotraficantes de origen marroquí. Además se ha intervenido cuantiosa información a partir de conversaciones telefónicas de miembros de la trama, además de ingente documentación en los registros, que la Policía Nacional aún investiga para determinar el verdadero alcance de la red. No se descartan más detenciones a medida que avance el trabajo policial.
Hasta 150 euros a cambio del voto
Por el momento se ha logrado determinar que la red de captadores ofrecía el pago de una cantidad monetaria –a partir de 50 euros– a aquellas personas dispuestas que estuvieran dispuestas a vender su voto. Uno de los colectivos a los que se aproximaron era a las personas en situación vulnerable. También a personas en Marruecos que estuvieran empadronadas en Melilla pero que no tuvieran intención de depositar su papeleta en la urna.
Las primeras intervenciones policiales permitieron la incautación de cerca de 2.000 votos, aunque en días posteriores se han llevado a cabo nuevas aprehensiones en puntos estratégicos, como nódulos de comunicación o en el puerto. El caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, está siendo instruido por Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.
