El Tribunal Supremo ya ha designado ponente a la querella por prevaricación presentada contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según consta en la providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado Vicente Magro Cervet estará a cargo de las pesquisas. 

Esta iniciativa, impulsada a principios de marzo por el Partido Político Laócrata, ya ha pasado el primer corte en el alto tribunal que da derecho a que la analice un juez en concreto. La formación asegura en su querella que el presidente del Gobierno y el vicepresidente segundo infringieron la ley al incluir a Iglesias en la comisión del CNI sin nombrarlo formalmente como miembro.

El escrito, firmado por Sergio Cebolla, atribuye a ambos cargos del Ejecutivo un presunto delito de prevaricación administrativa. A su juicio, la inclusión de Iglesias en esa comisión supone "un abuso de competencias patente y grosero" que "desborda la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso", demostrando "una desviación y torcimiento del derecho de manera clara, evidente y a sabiendas".

Batería de acciones legales

La querella contra Sánchez e Iglesias se suma a la presentada por el Partido Laócrata en los Juzgados de Madrid contra todo el personal de seguridad destinado en el aeropuerto de Barajas la noche del 19 al 20 de enero, cuando se produjo el encuentro entre José Luis Ábalos y la número dos de Nicolás Maduro. Como Ábalos es un miembro del Gobierno de España tiene condición de aforado por lo que solo el Tribunal Supremo puede investigarle.

Por esa razón, el Partido Laócrata también acudió al alto tribunal, en este caso con una querella dirigida particularmente contra el ministro por prevaricación. Entienden que, al reunirse con Delcy Rodríguez en su avión sobre la pista de la terminal de vuelos privados, desatendió la prohibición de la UE contra la dirigente bolivariana de entrar o hacer escala en España por vulnerar los derechos humanos.

El Tribunal Supremo fijó 12.000 euros de fianza para que la formación pueda personarse y ocho días de plazo para reunir esa cantidad. El ponente del caso es el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. Se trata del juez que dirigió el juicio contra los líderes independentistas catalanes.