Publicado: 13/10/2019 05:15
El Tribunal Supremo ha apostado por condenar por sedición a los líderes independentistas. Es el resultado a cuatro meses de deliberaciones que han alcanzado la unanimidad de todos sus miembros. El fallo concede de forma indirecta un triunfo al Gobierno, que a última hora forzó a la Abogacía del Estado a renunciar a la acusación por rebelión que defendió durante la instrucción de la causa. Eso se traducía en una petición de penas más bajas para los responsables del desafío soberanista.
Aquel cambio se enmarcó en medio de los contactos del Ejecutivo y el independentismo, que pedía un gesto hacia los acusados tras la moción de censura que aupó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. A la espera de conocer esta semana los detalles de la histórica resolución, el fallo ya permite establecer una lista de perdedores y ganadores en torno a este proceso judicial histórico.
La Abogacía del Estado, que representa los intereses del Gobierno en el proceso penal, optó por desmarcarse de la Fiscalía, que optaba por la rebelión, el tipo penal más severo. Corría el mes de noviembre de 2018, quedaban apenas unos meses para el inicio del juicio y en ese momento el Gobierno negociaba un apoyo a sus presupuestos de los independentistas que finalmente no se produjo.
Pedro Sánchez
El propio Pedro Sánchez, meses antes y aún en la oposición, había asegurado en una entrevista televisiva no tener dudas de que lo que había sucedido en Cataluña en relación al referéndum ilegal era un presunto delito de rebelión. Pero finalmente el Ejecutivo ordenó a la Abogacía rebajar su criterio. Eso provocó el cese del abogado del Estado que hasta ese momento había llevado la acusación, Edmundo Bal.
Este jurista terminó dando el salto a la política e incorporándose a Ciudadanos. En diversas entrevistas hizo pública su oposición a ese viraje y enmarcó su cese por la negativa a firmar el escrito de acusación por sedición contra los políticos independentistas. En este proceso fue clave la decisión de la ministra de Justicia socialista, Dolores Delgado, quien días después de tomar posesión de su cargo destituyó al abogado general del Estado y director del Servicio Jurídico del Estado, Eugenio López.
Casi sin tiempo para preparar una causa tan ambiciosa como la del 'procés', Edmundo Bal fue sustituido por la abogada del Estado Rosa María Seoane
En su lugar, la ministra nombró a Consuelo Castro como nueva responsable de la Abogacía del Estado. Esta es la responsable a la que Edmundo Bal ha acusado en varias ocasiones de obligarle a firmar un escrito de acusación por un delito de sedición que el Tribunal Supremo ha terminado avalando. Casi sin tiempo para preparar una causa tan ambiciosa como la del procés, Bal fue sustituido por la abogada del Estado Rosa María Seoane.
Manuel Marchena
Fueron varios los desencuentros que mantuvo con el presidente del tribunal, Manuel Marchena, a la hora de llevar el juicio. Pero hasta el último momento defendió que la violencia registrada en el procés fue un delito contra el orden público y no una herramienta nuclear del plan soberanista para alcanzar la independencia, lo que hubiese significado una condena por rebelión. El fallo de los siete jueces que integran el tribunal le ha terminado dando la razón.
La acusación por sedición contemplaba penas más bajas para los acusados, un máximo de 12 años frente a los 25 años de prisión que la Fiscalía pedía para el líder de ERC, Oriol Junqueras. No obstante, el fallo adelantado este fin de semana significa que el tribunal tampoco ha atendido los criterios de los abogados de los líderes independentistas. La mayoría de ellos enfrentarán penas de cárcel e inhabilitación para cargo público.
La apuesta de la Fiscalía por la rebelión fue asumida por la fiscal general del Estado, María José Segarra. La máxima responsable del ministerio público -una institución jerárquica- se mantuvo siempre al lado del criterio mostrado por los fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal. Tras cuatro intensos meses de juicio y casi dos años de instrucción, el Supremo no ha avalado sus tesis.
Carmen Lamela
El criterio del Tribunal Supremo a favor de condenar por sedición refuerza la decisión de la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Esta magistrada acusó por sedición a la entonces cúpula de los Mossos d’Esquadra, con el exmajor José Luis Trapero como máximo cargo uniformado.
La juez Lamela procesó a Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición en relación a los asedios a la Guardia Civil del 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona; y el segundo por su pasividad durante el referéndum independentista del 1 de octubre.
Lamela también procesó por organización criminal y un único delito de sedición al exdirector de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La magistrada envió al banquillo, además, a la intendente Teresa Laplana por sedición.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional optó por mantener su acusación por rebelión en sintonía con el ministerio público en el Tribunal Supremo
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional optó por mantener su acusación por rebelión en sintonía con el ministerio público en el Tribunal Supremo, que llegó a tildar de golpe de Estado lo sucedido en Cataluña con el apoyo del cuerpo policial y sus 17.000 agentes armados. Ahora esa acusación contra los responsables de la policía autonómica se tambalea de cara al juicio previsto para enero.
Pablo Llarena
La condena por sedición a los líderes independentistas también enmienda en el último momento el auto de procesamiento dictado por el juez del Tribunal Supremo que instruyó la causa, Pablo Llarena. El magistrado procesó por rebelión en marzo de 2018 y todas sus decisiones fueron refrendadas por la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal ante los numerosos recursos presentados por los acusados.
En su auto de procesamiento, el juez sostenía que los acusados acabaron “asumiendo la violencia” como herramienta para celebrar el referéndum y declarar la independencia. Ahora el Tribunal Supremo cree que hubo violencia, tal y como adelantó Vozpópuli, pero no en esos términos.
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