El Supremo reacciona a la ley de amnistía y se opone a la "fiscalización" política de la Justicia

El Tribunal Supremo ha reaccionado al acuerdo de PSOE y Junts sobre la ley de amnistía advirtiendo que la política no puede fiscalizar la labor de los tribunales. La Sala de Gobierno ha emitido un escueto comunicado en el que piden "absoluto respeto" a la división de poderes y recuerda que la actuación de los tribunales se ciñe siempre a la legalidad y al cumplimiento de la Constitución.

El comunicado, aprobado con el respaldo unánime de los miembros de la Sala, recuerda que el Estado de Derecho "exige el absoluto respeto de la división de poderes" y que la función jurisdiccional se ajusta siempre a la salvaguardia de los derechos y libertades de los ciudadanos.

"La Sala de Gobierno enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado", indica.

Reacción de la carrera judicial

El alto tribunal responde de esta forma al acuerdo firmado el pasado jueves entre Junts y el PSOE de Pedro Sánchez que contemplaban los términos generales de la amnistía. Aunque el texto que se registrará en el Congreso no recoge ninguna alusión al 'lawfare' en referencia a la actuación en los tribunales contra los independentistas, el acuerdo firmado sí hacía alusión a este término, abriendo la puerta además a que se crearan comisiones de investigación en el Congreso para examinar la actuación de los jueces.

Esta parte del acuerdo provocó la enérgica reacción de toda la carrera judicial. Las cuatro asociaciones de jueces, más dos de fiscales, notarios, abogados, tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y prácticamente la totalidad de los actores judiciales mostraron su repudia al contenido del acuerdo avisando que el mismo atentaba directamente contra la separación de poderes.

La proposición que se ha conocido este lunes no recoge vestigio alguno a este término, si bien sí a la amnistía de una década de procés, desde la consulta ilegal de Artur Mas el 9 de noviembre de 2014 hasta el 1-O de 2017. Todos estos hechos, tanto los investigados en la vía penal como en la administrativa y otras jurisdicciones se amnistiarán.

El procés en el Supremo

Cabe recordar que el Tribunal Supremo ha sido el órgano por excelencia en la causa del procés ya que investigó todos los hechos relativos a la consulta ilegal de octubre de 2017 y también a la posterior declaración unilateral de independencia. De esas diligencias se abrió juicio contra doce políticos independentistas -entre ellos el líder de ERC Oriol Junqueras- a los que en 2019 se les condenó por delitos de sedición, malversación y desobediencia.

En paralelo el Supremo procesó en rebeldía a Carles Puigdemont además de sus exconsejeros Antonio Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí y la número dos de ERC Marta Rovira. El magistrado Pablo Llarena tuvo que reescribir la acusación para todos ellos después de que el Gobierno eliminara la sedición y rebajara la gravedad de la malversación. No obstante, mantuvo las órdenes nacionales de detención dictadas para Puigdemont.

Ahora la ley de amnistía que ha negociado el PSOE con Junts a cambio de obtener su respaldo a la investidura de Sánchez, anula por completo estos procedimientos así como las órdenes de detención vigentes. Además, da un plazo de dos meses desde su publicación en el BOE para que la apliquen los tribunales y determina que hay precedentes (previos a la democracia) que no la hacen inconstitucional.