Tribunales

El Supremo se arriesga a que Europa avale la inmunidad a Junqueras antes de la sentencia del 'procés'

El tribunal que preside Marchena pedirá al TJUE que tramite cuanto antes la cuestión prejudicial. Reconocer este privilegio al líder de ERC impediría a actuar penalmente contra él

Oriol Junqueras en su última palabra
Oriol Junqueras en su última palabra EFE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tarda una media de dos meses en resolver cuestiones prejudiciales cuando las tramita de forma “acelerada”. Este es el organismo al que estudia recurrir el Tribunal Supremo para que opine sobre si el líder de ERC, Oriol Junqueras, tiene inmunidad parlamentaria. Se abre la puerta por tanto a que la Justicia europea avale esta protección para el líder independentista antes de que el Tribunal Supremo emita su sentencia sobre el procés, prevista en principio para el otoño, según fuentes próximas al tribunal.

La raíz de este enrevesado debate jurídico está en que si se le reconoce la inmunidad a Junqueras como eurodiputado, los tribunales tendrían que pedir un suplicatorio al Parlamento de la UE. Mientras dure ese trámite, no se podría condenar al dirigente independentista. El Tribunal Supremo quiere cercionarse sobre si esa inmunidad empezó cuando fue elegido en las urnas en las pasadas elecciones o desde que recoge su acta. 

Por el momento, el tribunal que preside el juez Manuel Marchena prohibió el pasado 14 de junio que Junqueras saliera de prisión para recoger el acta en la Junta Electoral Central, situada en el Congreso de los Diputados. El auto sostenía que eso era dar pie a que se pusiera en peligro el desenlace del juicio del procés y apuntaba al riesgo de fuga. Recordaba que Bruselas es la capital del país en la que el expresidente huido, Carles Puigdemont, ha establecido la sede de su Gobierno de la República Catalana independiente.      

Contra esa decisión recurrieron los abogados de Junqueras ante el propio Tribunal Supremo proponiendo esta consulta prejudicial ante el TJUE. El Supremo ha aceptado iniciar los trámites y con ello preguntar a todas las instancias posibles, uno de los aspectos que suele tener en cuenta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El TJUE es un organismo con sede en Luxemburgo está compuesto por 28 jueces, uno por cada Estado miembro de la Unión Europea. La representante española desde 2003 es Rosario Silva de Lapuerta, quien además es vicepresidenta del tribunal desde el pasado octubre y preside la Sala Primera. Su mandato en esta instancia europea no expira hasta 2021.

Los plazos del TJUE

Una cuestión prejudicial son mecanismos para que los tribunales locales sepan cómo tienen que interpretar las leyes europeas, en este caso el artículo 9 del Reglamento de la Eurocámara. Al sentar jurisprudencia que afecta a todos los estados miembros, es precisa una traducción a todas las lenguas oficiales de la UE. Según fuentes de este tribunal consultadas por Vozpópuli, existen tres formas de tramitarla: acelerada, urgente y clásica. Atendiendo a los plazos del año 2018, el TJUE empleó una media de dos meses para los primeros, tres meses para las urgentes y 16 meses para las clásicas.

Fuentes próximas al Tribunal Supremo indican que la intención de los jueces del procés es tramitarlo "cuanto antes". Esto es una potestad que tienen tanto los tribunales nacionales a la hora de plantear una cuestión como el propio Tribunal de Justicia de la UE, que de motu proprio, puede estudiarlo como considere.

Los plazos pueden coincidir por tanto con los de la sentencia al activar esta vía y de ese modo afectar a la posible condena de Junqueras si el Tribunal Supremo se ve obligado a dejar salir de prisión al dirigente para que recoja su acta. Las fuentes consultadas por este periódico recuerdan que al menos el pasado mes de agosto el TJUE también emitió resoluciones. 

Una vez la cuestión prejudicial llegue al TJUE se le asignará un número y por reparto recaerá sobre una sala compuesta como mínimo por tres jueces. Si se considera que el asunto es complejo puede estudiarlo una sala de cinco magistrados o la gran sala compuesta por 15 miembros. Los casos más complejos, como el brexit, se estudian en el Plenario con la intervención de los 28 jueces. Las fuentes consultadas precisan que se trata de evitar que un juez decida sobre temas que afectan a su país de origen, pero a veces es inevitable su presencia en el debate.

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