El Supremo deliberará en su biblioteca ante las "deficiencias de medios técnicos"

La judicatura se prepara para la "nueva normalidad". La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo acuerda  por unanimidad que las próximas deliberaciones presenciales se celebrarán en la biblioteca del edificio, aquella que durante cuatro meses albergó a las decenas de periodistas que siguieron el juicio del procés. Los jueces lo estiman oportuno al tratarse de un espacio que permite mantener la "necesaria distancia interpersonal" en aquellas reuniones que por sus "especiales características", así como por las "deficiencias de medios técnicos", no puedan hacerse vía telemática. 

Según consta en el acuerdo recogido por Vozpópuli, los presidentes de cada una de las cinco salas del Alto Tribunal determinarán cuáles serán los asuntos que se debatirán vía videoconferencia y vía presencial en la biblioteca del Supremo. Se trata de una de las medidas que ahora forman parte de las normas generales que se aplicarán "mientras no resulte posible recuperar plenamente la actividad" en la Plaza Villa de París.

"Ante las eventuales prórrogas del estado de alarma o futuros rebrotes de la pandemia y la necesidad de recuperar las pautas de normal funcionamiento de la actividad judicial (...) resulta imprescindible establecer normas generales para el funcionamiento del Alto Tribunal que garanticen el desarrollo de su actividad con las adaptaciones que resulten necesarias y factibles", señalan los magistrados de la Sala de Gobierno en el documento de 12 folios. 

Menos papel, más teletrabajo

El Supremo sigue las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y su "protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional", que incluye una "guía de buenas prácticas" para la "prevención de contagios en sedes judiciales". 

Entre las acciones acordadas, el órgano de gobierno contempla seguir con algunas de las prácticas que había adoptado desde que se decretase el estado de alarma; por ejemplo, mantener el estudio de los asuntos "en la medida de lo posible en régimen de teletrabajo". Desde la Comisión Permanente del Poder Judicial, sin embargo, advierten de que esta medida "solo será eficaz cuando se resuelva la conexión remota de los jueces, de los letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios de las Oficinas Judiciales"; e insisten en que para que ello sea posible "es necesario contar con sistemas de gestión procesal en los que se haya implantado el expediente judicial electrónico, evitando por tanto el uso del papel".

Asignaciones con tres meses de antelación

En cuanto a las nuevas medidas instauradas, la Sala avisa que "se procederá a la asignación de ponencias a los magistrados con tres meses de antelación". El objetivo, argumentan, es que se pueda mantener "el ritmo de actividad de las distintas Salas" en caso de un eventual nuevo brote que impacte la actividad judicial ordinaria.

Asimismo, el Supremo prevé generalizar "a la mayor brevedad" el uso de la firma electrónica por parte de todos los magistrados tras realizar las gestiones necesarias con los servicios de informática del Alto Tribunal. Si algún juez padece algún factor relevante de riesgo que haga especialmente desaconsejable su presencia en el tribunal, "se le deberá garantizar especialmente la posibilidad" de utilizar la herramienta. 

Ya a finales de abril, los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se adelantaron al Real Decreto-Ley del Ministerio de Juan Carlos Campo: empezaron a dictar resoluciones de forma telemática y a dejar constancia por escrito de que las decisiones se habían adoptado bajo las recomendaciones del Poder Judicial para evitar la propagación del coronavirus.

Tal y como publicó Vozpópuli, en el Supremo los magistrados han evitado realizar deliberaciones por internet para impedir posibles jaqueos. Según explicaron diversas fuentes jurídicas a este diario, los jueces han eludido las videoconferencias tras lo sucedido en 2019, cuando los encargados de juzgar el procés sufrieron un ciberataque presuntamente ejecutado por el colectivo Anonymous Catalonia. En aquella ocasión, aseguraron que si hubiese algo urgente que no admitiese demora acudirían "a otro sistema" para resolver las resoluciones. Ahora, la propia Sala de Gobierno dicta la metodología.