Caso Stampa: el Consejo Fiscal quiere saber a puerta cerrada la versión del jefe Anticorrupción

El Consejo Fiscal de este miércoles se prepara para estudiar las acusaciones efectuadas por Ignacio Stampa. La denuncia del que fuera fiscal del caso Villarejo acerca de que su salida de Anticorrupción estuvo plagada de irregularidades provocó que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, incluyera este asunto en la reunión del miércoles reprochándole que se trataba de acusaciones gravísimas. La trascendencia del tema ha hecho que el Pleno se plantee contar con la participación del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Fuentes fiscales confirman a Vozpópuli que todo apunta a que el Consejo pedirá a Luzón que dé su versión en relación a la salida de Ignacio Stampa del órgano que dirige y en el marco del cual lideró una de las principales causas de corrupción junto con Miguel Serrano. Cabe recordar que Luzón ya salió en su defensa asegurando que su trabajo era "impecable". No obstante, ahora se volverá a pedir su opinión a tenor del estudio de este asunto. El mismo se produce después de que dos asociaciones de fiscales así se lo pidieran a la máxima representante del Ministerio Público.

Lo hicieron tras conocer la reclamación patrimonial que Stampa presentó en el Ministerio de Justicia en la que implicaba en los hechos a Baltasar Garzón, exmagistrado cuyo despacho de abogados defiende a algunos de los principales policías implicados en el caso Villarejo. Al respecto, las asociaciones lanzaron a Delgado una batería de preguntas relacionadas con la investigación que se siguió en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Stampa por revelación de secretos, así como con el Consejo Fiscal del 27 de octubre del año pasado en el que no obtuvo ningún voto para acceder a una de las ocho plazas fijas de Anticorrupción.

La fiscal general envió un correo a toda la carrera en el que trasladaba su intención de incluir este asunto en el Pleno de este miércoles dada las "gravísimas y difamatorias imputaciones". Del mismo modo compareció el pasado jueves en la Comisión de Justicia del Senado en donde expuso que si no fue elegido para ocupar una de las ocho plazas fijas del órgano que dirige Alejandro Luzón fue porque no obtuvo el respaldo para ello. Además le afeó que no lo recurriera aún pudiendo hacerlo.

Los papeles de su caso

No obstante, la documental relativa a su expediente, y a la que ha tenido acceso este medio, recoge cómo la investigación vigente contra él se podría haber archivado antes de que se celebrara el Consejo en el que se quedó fuera de Anticorrupción y, por ende, del caso Villarejo. En concreto, la primera petición de cierre de la causa que siguió el fiscal Carlos Ruiz de Alegría se remonta al 5 de octubre de 2020. En su comunicación remitida a la Secretaría Técnica, el entonces fiscal superior de la Comunidad de Madrid Jesús Caballero remitió el primer borrador del decreto de archivo.

Este órgano había investigado si Stampa reveló secretos del procedimiento a tenor de lo recogido en los chats del equipo jurídico de Podemos. En el mismo una de las abogadas del caso Villarejo, Marta Flor, insinuaba que podía tener una relación personal con Stampa y que los dos fiscales del caso habrían revelado movimientos secretos de Anticorrupción y del juez a la formación morada, que ejerce la acusación popular. Este hecho propició la apertura de un expediente y de una investigación en Fiscalía que a comienzos de octubre del año pasado ya apuntaba al archivo.

El otro fiscal de Villarejo

Sin embargo, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, le respondió cuatro días después sugiriendo que agotara las diligencias de investigación teniendo en cuenta la "trascendencia del asunto". En concreto, propuso que considerara tomar declaración en calidad de testigo a Miguel Serrano, fiscal Anticorrupción que comenzó investigando el caso Villarejo junto con Stampa, y a José Manuel Calvente. Se trata del abogado que Podemos expulsó del partido después de que éste desvelara las manifestaciones que hizo Flor en el chat jurídico de la formación morada en 2018.

En realidad, ya se había llamado a declarar tanto a Marta Flor como a Calvente en el marco de estas diligencias que arrancaron en en julio de dicho año. El teniente fiscal Ruiz de Alegría también tomó declaración a otros testigos y hasta incorporó varios escritos remitidos por el propio Stampa. En su segunda petición de archivo, el fiscal recogió parte de la declaración efectuada por Flor (abogada de Pablo Iglesias) acerca de que, de las 44 peticiones formuladas por Podemos en el caso Villarejo, los fiscales Anticorrupción solo avalaron 3.

Por su parte Miguel Serrano respaldó a su hasta entonces compañero y dio validez al escrito que presentó Stampa sobre la postura de la Fiscalía en relación a todas y cada una de las diligencias solicitadas por Podemos. Además, este documento lo visó Alejandro Luzón. Serrano negó que se proporcionara información confidencial a Podemos y recalcó que había documentos de la causa publicados en prensa que no estaba en el sumario y, por tanto, no habían podido examinar porque no lo tenían.

Dos intentos frustrados de archivo

Con todas estas diligencias, el fiscal volvió a pedir por segunda vez el archivo el 23 de octubre, cinco días antes del Consejo Fiscal. En concreto, apuntó que resultaba "del todo punto insostenible" las deducciones que llevaron a Vox, en calidad de denunciante, a concluir que Stampa cometió revelación de secretos. "No cabe apreciar huella alguna de indicios, ni tan siquiera de sospechas que avalaran la pretensión del partido denunciante. Y, en cuanto a las conversaciones de los chats, debemos apuntar que las mismas resultan en ocasiones jocosas, desenfadas, risibles...", expuso en su decreto de archivo remitido a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.

Pese a la rapidez con la que practicaron las pruebas sugeridas por Ortiz, la respuesta de éste se produjo el 4 de noviembre, una vez ya pasado el Consejo Fiscal. Con todo, la mano derecha de Delgado no acordó el cierre del asunto, sino que dijo que, "antes de adoptar resolución alguna" convendría que remitieran a la Fiscalía General la totalidad de las diligencias. Ya en diciembre, volvió a responder que faltaban pruebas por practicar antes de acordar la decisión remitida dos meses antes por la Fiscalía del TSJ de Madrid y archivar la causa.