Los principales socios del Gobierno de coalición se movilizan ante el "incumplimiento" del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de transferir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las Comunidades Autónomas, tal y como se comprometió en el real decreto 20/2020 relativo a esta nueva prestación.

En ese momento, el decreto se aprobó con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios (con la única abstención de Vox), pero la futura tramitación en el Congreso "no parece que coseche tanta unanimidad", explican fuentes parlamentarias a Vozpópuli a tenor del documento de 700 páginas con todas las enmiendas presentadas que los partidos tienen ya disponible en la intranet de la Cámara baja.

El PNV preguntará en el pleno del próximo miércoles al Gobierno sobre el asunto, explican fuentes de la formación, después de que el Ejecutivo no haya cumplido: "Lo negociamos con el Gobierno antes de que se aprobara el real decreto, y la transferencia debía efectuarse antes del 31 de octubre de 2020 tanto a la Comunidad Autónoma Vasca como a la Comunidad Foral Navarra, y se hace por su condición de territorios forales. Sin embargo, esa transferencia aún no se ha producido".

En la Disposición Adicional Quinta de dicho decreto se especifica que "en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital en los términos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2020".

Sánchez no cumple con ERC

En el caso de Cataluña, que no se especifica en el real decreto al no tener un régimen foral, fuentes de ERC confirman que fue una condición para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con los 'republicanos' ceder esta prestación junto a que la Generalitat pudiera repartir la parte de los fondos europeos que lleguen a la región así como terminar con el "paraíso fiscal" de Madrid. Sin embargo, Sánchez de momento no ha cumplido con ninguna de estas tres cuestiones.

Tanto, ERC, como JxCat y PDeCAT votaron a favor en la fase inicial, y ahora han presentado enmiendas -el plazo terminó este miércoles- para instar al Gobierno que en la tramitación de la ley tenga en cuenta la reclamación de que sean los gobiernos autonómicos quienes gestionen esta nueva prestación social.

El PDeCAT ha registrado un paquete de 24 enmiendas. El diputado Genís Boadella lamentó en un comunicado que se haya estado "un año pendientes del cierre del plazo de presentación de enmiendas". Y es que el decreto que lo regula se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de junio de 2020 y el 17 de junio de 2020 fue convalidado y tramitado como proyecto de Ley. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha ido prorrogando sucesivamente la finalización del plazo de presentación de enmiendas.

Boadella ha calificado esta demora como lo que “un auténtico ejercicio de obstrucción parlamentaria para evitar que los grupos hagan sus aportaciones”.

Escrivá no quiere ceder el IMV

Por su parte, el ministro Escrivá ha expresado en más de una ocasión que la cesión del ingreso mínimo vital a las autonomías de régimen común puede no ser eficiente. En una entrevista a TV3 del pasado viernes, aseguraba que desde el Ministerio han podido responder de forma más rápida e intensa a como lo suelen hacer las autonomías con las rentas que gestiona. "Hemos recibido 1.300.000 solicitudes, hemos resuelto 1.100.000 millones", decía.

No obstante, desde entidades sociales de referencia en la región, como Entitats Catalanas d'Acció Social, estiman que un 60% o 70% de las personas vulnerables que hay en Cataluña no han conseguido recibir esta prestación pese a necesitarse "porque no cumplen los requisitos" o el trámite es muy complejo.

De acuerdo con Escrivá, Gobierno y Generalitat trabajan coordinadamente, y el Ejecutivo catalán les ha presentado la solicitud de "17.000 familias". Esa coordinación, sin embargo, no parece que pueda traducirse en cesión de la gestión. Como informó este medio, el Gobierno busca un proveedor para la gestión del teléfono gratuito (900202222) a través del cual se presta atención a los interesados en acceder a esta ayuda. Y espera una aluvión de llamadas que, como con los fondos europeos, ha optado -al menos por el momento- en gestionarlo de forma centralizada.