El juez admite a Societat Civil Catalana como acusación en el "caso Volhov"

El juez que investiga el llamado caso Volhov, en que están imputados varios empresarios del entorno independentista, ha aceptado como acusación popular a Societat Civil Catalana, Barcelona con la Selección y otras entidades afines y les ha impuesto 1.000 euros de fianza.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acepta la petición de las entidades constitucionalistas de ejercer la acusación popular en la causa, una pretensión a la que no se ha opuesto la Fiscalía.

Cuando paguen la fianza de 1.000 euros que les ha impuesto el magistrado, en la causa figurarán como acusación popular, bajo una única representación procesal, Societat Civil Catalana, Barcelona con la Selección, Cataluña Suma por España, Impulso Ciudadano, Asociación Cívica y Cultural y la Asociación de Juristas Constitucionalistas por las Libertades.

Carles Puigdemont

Los abogados José Maria Fuster Fabra, Luis Gómez y Miguel Capuz asumirán la representación de esta acusación en el "caso Volhov", en el que el juez investiga varias operaciones de presunto tráfico de influencias y el supuesto desvío de fondos públicos al expresidente catalán Carles Puigdemont, entre otras cuestiones.

En el marco de la operación, la Guardia Civil detuvo el pasado 29 de octubre a una veintena de personas, entre ellas los empresarios y excargos de CDC y ERC David Madí y Xavier Vendrell, así como a otros investigados vinculados al círculo de Carles Puigdemont.

Las entidades personadas justificaron su interés en la necesidad de "llegar hasta el final y depurar todas las responsabilidades que se deriven de los hechos investigados", así como contribuir al "esclarecimiento de lo ocurrido y reiterar su confianza y respeto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad que han liderado la investigación" y hacia los tribunales de justicia.

También han solicitado ejercer la acusación popular en el caso Vox y la asociación Elite Taxi, que alega interés en la causa por una operación investigada vinculada a David Madí que pretendería beneficiar la implantación del sector VTC en Barcelona.