La entidad de referencia del constitucionalismo catalán, Societat Civil Catalana, ha elaborado un nuevo plan estratégico para 2021 y 2022 que establece las líneas a seguir para ganar mayor implantación en Cataluña después de afrontar su mayor crisis que le obligó a dejar la sede y aplicar un ERE parcial. Ahora, según ha podido saber Vozpópuli, su objetivo es "recuperar la sede" en la calle Córcega, y buscar una "financiación completa de los gastos estructurales con recursos propios y autogenerados".

Uno de sus planteamientos es intentar convertir a SCC en una "entidad de utilidad pública" para "permitir la bonificación de las cuotas de los socios y donantes". Fuentes de la entidad añaden a este medio que consideran de vital importancia esta "conversión" y que lo pedirán a la administración pública.

Recuerdan, además, que entidades como Òmnium Cultural, cuyo líder está cumpliendo condena por sedición por el papel que tuvo Òmnium en el plan rupturista del Govern de Carles Puigdemont, goza de este estatus fiscal y está integrada, a petición del Ejecutivo catalán, en la web del Ministerio de Cultura como entidad que desgrava en la declaración de la renta.

Si se observa la web de la entidad presidida por Jordi Cuixart, informan de la posibilidad a las "personas físicas" de "desgravar el 80% de las donaciones hechas a ONGs y fundaciones", "el 35% del importe de los donativos" y una "deducción del 15% de las cantidades donadas" de la parte autonómica del IRPF.

"Amigos de Societat Civil Catalana"

Otros de los cambios que Societat Civil Catalana ejecutará en esta materia es que su web sea un instrumento no solo de comunicación interna y externa de sus campañas sino que se convierta en un "espacio de incorporación y donación fácil".

En la misma línea, buscarán consolidar la Junta de Contratación -ya en marcha-, para mantener la máxima profesionalidad y acierto en las decisiones sobre proveedores. "Trabajaremos en la creación de una amplia red de amigos de SCC que facilite la sostenibilidad financiera".

Esa fidelización la harán a través de celebración de almuerzos o cenas mensuales de fundraising, en Cataluña y fuera de la región ."Mantendremos la política de prudencia presupuestaria y la rendición de cuentas constante con todos los donantes", informan.

La Cataluña rural

En el documento también apuestan por "multiplicar la presencia fuera del área metropolitana, acompañando a los catalanes no nacionalistas a lo largo y ancho del territorio". Y, una vez el ritmo de vacunación por la covid-19 vaya generalizándose, retomar las "actividades presenciales" de las asociaciones territoriales. "Estar presentes en las fiestas, en la calle y ferias de entidades de los grandes municipios", remachan.

También se servirán del "mapa electoral detallado que han publicado diversos medios" para identificar las principales bolsas de población constitucionalista en toda Cataluña. "Promover el activismo disruptivo en todo el territorio catalán, para evitar que el nacionalismo ocupe todo el espacio", apostillan.

Esta labor es especialmente importante en la "Cataluña rural", donde la presencia de símbolos independentistas se ha apoderado de buena parte de la vía pública. Precisamente, Societat Civil fue una de las entidades que más se movilizaron, con recursos judiciales, en contra de la retirada de la bandera española de la fachada de muchos ayuntamientos.  

Interlocución en Madrid

La entidad intensificará la "interlocución política" en Barcelona y Madrid con todos los "actores políticos, cívicos, económicos, sociales y culturales, para exponer las reivindicaciones de los constitucionalistas catalanes".

Bajo el liderazgo de Fernando Sánchez Costa, buscará el despliegue de la Mesa Catalana en Madrid. Un espacio, según refleja el plan estratégico, "de incidencia ante las Cortes, los legisladores y los creadores de opinión". Y con el fin de que los constitucionalistas catalanes no vuelvan a ser "moneda de cambio".

Otro de los frentes será explicarse ante el mundo académico, periodístico y político internacional de la realidad de la democracia española y de la "degradación" que se ha vivido estos últimos años en Cataluña debido a la erosión institucional del procés independentista.

Tampoco quieren que el nacionalismo patrimonialice la voz de los catalanes al exterior ni que funcionen de la forma tan opaca que ha exhibido el Govern con sus delegaciones. Por esta razón, sus delegaciones se convertirán en grupos de información e incidencia debidamente acreditados ante los organismos internacionales.

Se trata, en definitiva, de recuperar el papel que encarnó la entidad en los años más álgidos del procés. Aprendiendo de los éxitos y errores pasado e intentando restablecer los puentes, no solo con el resto de España sino también entre catalanes.