Coronavirus

Preocupa la situación de los 270 españoles en cárceles de Sudamérica ante la ola de coronavirus

El Defensor del Pueblo con la Fundación de la Abogacía abordan cómo acelerar traslados a España de internos que afrontan el avance del virus entre el hacinamiento y la violencia

Militar vigila desde una azotea en una cárcel de Perú
Militar vigila desde una azotea en una cárcel de Perú Efe

Hacinamiento, motines, insalubridad, violencia, extorsión... ese es el infierno al que se enfrentan habitualmente presos en muchas cárceles de América Latina. A eso se le ha sumado ahora la amenaza por el avance del coronavirus en todo el mundo. En los penales de la región del centro y sur del continente americano permanecen actualmente 272 españoles, según los últimos datos en poder de la Fundación Abogacía Española. Esta institución lleva años colaborando con el Defensor del Pueblo y los consulados para repatriar a ciudadanos españoles y lograr que sigan cumpliendo su condena en España.

Este jueves la Fundación de la Abogacía Española y el Área de Relaciones del Defensor del Pueblo mantuvieron una reunión telemática. El objetivo era explorar el margen de maniobra para acelerar posibles traslados de la población reclusa española en ese punto del planeta, según informan a Vozpópuli fuentes de ambas instituciones. En esta estrategia es clave la participación de los cónsules españoles a la hora de negociar con las autoridades locales posibles salidas, convalidar penas, indultos o al menos una mejora en las condiciones en prisión.

Hace semanas, la organización Humans Right Watch urgió a los Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a reducir el "hacinamiento" de sus cárceles y centros de detención juveniles para prevenir posibles brotes de la covid-19, para evitar consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población. Algunos Gobiernos, como los de Chile, Argentina y Brasil han adoptado "medidas para permitir el arresto domiciliario u otras alternativas al encarcelamiento para ciertas categorías de reclusos", admitía la ONG, que pide al resto de países que "consideren alternativas".

Detenidos por narcotráfico

La inmensa mayoría de los reclusos españoles allí cumplen condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Gran número de detenciones se producen al ser descubiertos portando droga. Por un solo envío, el correo puede cobrar varios miles de euros de compensación. Al menos esa es la oferta porque muchos acuden obligados por las mafias para saldar alguna deuda o son usados como señuelo para despistar a las autoridades y colar mayores cantidades de estupefaciente por otro lado. Durante la pasada crisis económica se experimentó un gran incremento de casos.   

Las mafias se encargan del traslado y el alojamiento. Tanto los correos como sus familias en España pueden sufrir graves consecuencias en caso de delaciones ante las autoridades locales. Por eso la mayoría renuncian a un posible atenuante de la condena. Prefieren callar y asumir las consecuencias. En enero había censados 272 españoles que se reparten de la siguiente manera: Venezuela (18 presos españoles), Uruguay (5), República Dominicana (13), Perú (76),  Paraguay (3), Panamá (6), México (15), Haití (1), Guatemala (1), El Salvador (1), Ecuador (21), Cuba (3), Costa Rica (3), Colombia (28), Chile (7), Brasil (36), Bolivia (11), Argentina (24).

Fuentes de la Abogacía Española advierten de que en esa lista -sujeta a leves variaciones- hay también ciudadanos con doble nacionalidad. También algunos presos por delitos violentos. El trabajo de esta fundación consiste en muchos casos en contactar con abogados de la región y prestar asistencia letrada a los reclusos. "El objetivo es ver qué se puede hacer", dicen desde la fundación. Recientemente habían conseguido cumplimentar todo el papeleo y autorizaciones para lograr el traslado de 30 presos entre abril y mayo desde Perú, pero a última hora se paralizó. 

Había 2.300 españoles presos en 2014

Este trabajo ha dado sus frutos en los últimos años. Según las cifras de este organismo, en 2014 había en torno a 2.300 presos españoles en Sudamérica. Solo hace tres años en Perú había 300 internos. El Defensor del Pueblo realiza desde 2001 viajes al extranjero. Cuando tiene noticias de que allí se encuentra algún ciudadano español privado de libertad, se aprovecha el viaje para visitarlo. Las gestiones consisten en controlar el funcionamiento de la asistencia consular, verificar si existe la petición de traslado a España, para poder hacer un seguimiento del proceso para que se realice lo antes posible.

También se ofrece la realización de gestiones con su familia en España cuando los presos no tienen posibilidad de comunicarse telefónicamente con ella. Según la memoria anual del Defensor del Pueblo de 2018, ese año se visitaron a presos españoles en las cárceles de Panamá, Sarita Colonia (el Callao, Perú), Najayo (Santo Domingo, República Dominicana), La Modelo y el Buen Pastor (Bogotá, Colombia).

La cárcel La Modelo fue objeto de investigación en su día por parte de las autoridades colombianas, que documentaron un centenar de desapariciones en su interior. El mes pasado se produjo una revuelta simultánea en 13 cárceles colombianas, aparentemente para exigir protección contra la covid-19. Según efe, dejó 23 presos muertos y 83 heridos en la cárcel La Modelo, en la peor matanza de reclusos que se recuerda en el país.

Las fuentes consultadas cifran en un millar los españoles fuera de España. La mayoría están en países de la Unión Europea, donde los sistemas penitenciarios son adecuados en general. Hay otros presos españoles repartidos también por otras latitudes como Turquía, Tailandia o Marruecos.  

Las gestiones buscan principalmente que los españoles sigan cumpliendo sus condenas en España, cerca de sus entornos familiares. Esta semana Instituciones Penitenciarias informaba de que el impacto de la epidemia entre los reclusos en España es aproximadamente cuatro veces inferior al impacto en la población general. El número total de internos con PCR positiva es de 52, lo que supone una tasa de afectación de aproximadamente 1,08 por mil internos, mientras que entre la población general esa tasa es de 4,3 por mil habitantes.

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