El inicio del juicio en la Audiencia Nacional el próximo 24 de mayo contra los dos agentes de los Mossos d’Esquadra que ayudaron al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a salir de España ha movilizado a los sindicatos y colectivos afines al movimiento independentista.

El colectivo Mossos per la Democràcia, el sindicato SEGCAT y la Asamblea de Trabajadores en defensa de las instituciones catalanas (ADIC Interior) han firmado un manifiesto conjunto en el que acusan al juez instructor de la causa, Pablo Llarena, de tener “una actitud prevaricadora” por haber activado el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para hacer un “seguimiento” a los dos agentes autonómicos así como al “presidente legítimo”, en referencia a Puigdemont. 

Desde estos colectivos sostienen que el exmandatario catalán siempre se ha puesto a disposición de la justicia “en todos los países donde ha viajado los últimos tres años” y que "no ha cometido ningún delito"

En este sentido, critican que se “desvíe parte de los recursos del CITCO” en una situación de alerta terrorista de 4 sobre 5 en la Unión Europea. “[Llarena] hizo un uso y un abuso de las herramientas del Estado para la búsqueda de pruebas inexistentes”, apostillan.  

Depuración ideológica

Tampoco tienen reservas en pedir la purga de los jefes de los Mossos por la, a su juicio, “connivencia” en la elaboración de “atestados con finalidad poco claras”: “Es el momento de que esta gente sea depurada por deslealtad al Cuerpo de los Mossos de Esquadra y al Pueblo de Cataluña”.

Además de citar a los dos agentes del cuerpo al que la Fiscalía pide tres años de prisión e inhabilitación de funciones por un delito de encubrimiento, también muestran su apoyo a Josep Lluís Alay, el acompañante de Puigdemont en su fuga a Bélgica aunque el juez Manuel García Castellón le desimputó junto al empresario y senador de JxCat, Josep María Matamala.

Creen que la investigación sobre sus actuaciones en relación a la marcha del ‘expresident’ forma parte de una “guerra sucia del Estado profundo contra el independentismo”.

Apoyo institucional

Finalmente, exigen al Departamento de Interior y a la Jefatura del cuerpo autonómico que “intensifiquen” el “apoyo institucional” hacia los dos agentes imputados por haber colaborado en la marcha de Puigdemont de territorio español.

En este sentido, instan a que cualquier “acompañamiento” del expresidente de la Generalitat “sea considerado un honor y un acto de lealtad con el país y con el Cuerpo”.