España gastará este año en elecciones y partidos 600 millones de euros, una cifra que nunca antes se había alcanzado, por la repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre y la celebración de comicios autonómicos, municipales y europeos el pasado mayo.

A este elevado gasto hay que añadirle las indemnizaciones que recibirán los diputados al repetirse las elecciones y disolverse las Cortes. Estos tienen derecho a la ‘indemnización de transición’, que es la suma que habrían ganado entre la disolución del Parlamento y la jornada de reflexión previa al día de la votación.

Estas cantidades, sumadas al cansancio de los españoles ante la situación política y la inapetencia de volver a ir a las urnas por la incapacidad de los políticos de conformar gobierno, han provocado muchas protestas y críticas. Algunas de ellas han quedado plasmadas a través de la plataforma  'Change.org', como con la campaña “Si no curras, no cobras”.

La iniciativa ya la han firmado más de 340.000 personas que pide a los diputados que renuncien a la llamada ‘indemnización de transición’ tras la disolución de las Cortes, prevista para el próximo martes 24 de septiembre, salvo un improbable acuerdo de última hora.

221 diputados pueden reclamar la 'indemnización de transición'

Tras la disolución del Congreso sólo continúan siendo diputados y cobrando como tales los 129 miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente, el único órgano que sigue activo en los periodos entre legislaturas.

Los 221 restantes, fueran o no candidatos a las elecciones generales, pueden reclamar esta 'indemnización de transición', que corresponde al sueldo que los diputados cesantes habrían percibido durante los 53 días que hay entre la disolución de las Cortes y la jornada de reflexión de los próximos comicios del 10 de noviembre —es decir, el 9 de noviembre—. Por tanto, recibirían un dinero por no hacer ningún trabajo en ese tiempo.