Tribunales

Una sentencia alerta de la “cuestionable constitucionalidad” del confinamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón autoriza una manifestación y advierte de que "solo cabe la suspensión de derechos en un estado de excepción"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una intervención en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una intervención en el Congreso. Pool

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha autorizado la celebración de una manifestación convocada para este viernes 1 de mayo convocada por la Intersindical de Aragón. Anula así la prohibición de la misma que había dictado la subdelegación de Aragón. En la resolución recogida por Vozpópuli los jueces dicen que solo cabe la suspensión de derechos en un estado de excepción y advierten de la "cuestionable constitucionalidad" del artículo 7 del decreto del estado de alarma que regula la limitación de la libertad de circulación de las personas.

En la resolución de la que ha sido ponente el magistrado Juan José Carbonero los jueces dicen que “sólo es posible la suspensión de derechos en caso de estado de excepción y dentro del mismo cabe perfectamente la suspensión de la libre deambulación de las personas y a la par la no suspensión, ni siquiera afectación, del derecho de reunión y/o manifestación”.

La manifestación estaba convocada a bordo de coches y la sentencia del TSJ de Aragón estipula que deberá atenerse a los planes de la entidad convocante, es decir, “a la participación de sesenta ciudadanos, en vehículo particular, cubierto, turismo, con un único ocupante en cada uno, sin que sea admisible la participación en otro tipo de vehículo no cubierto, esto es, motocicleta o bicicleta, por la posibilidad de contagio al exterior”.

"Cuestionable constitucionalidad"

Pese a que el recurso de Intersindical de Aragón no pedía expresamente la declaración de inconstitucionalidad del decreto del estado de alarma, los jueces se permiten opinar sobre esta cuestión. Dicen que el estado de alarma es “ajustado a la Constitución” porque no afecta al derecho fundamental de reunión y manifestación, pero al mismo tiempo alertan de la “cuestionable constitucionalidad” del artículo 7, que regula las restricciones de movimiento por “la intensidad” que impone de facto a “la libre circulación de los ciudadanos”.

“Es posible ofrecer una interpretación del Real Decreto en su conjunto ajustada a la Constitución al descartarse en el mismo afectación del derecho fundamental de reunión y manifestación, y ello con independencia de la más o menos cuestionable constitucionalidad del meritado artículo 7 por razón de la intensidad de la afectación que impone de facto a la libre circulación de los ciudadanos”, dice la sentencia que cuenta con un voto particular. 

A juicio del TSJ, la prueba de esta intensidad es que se haya “asumido cotidianamente con naturalidad términos como confinamiento o encierro, que evocan más abolición o suspensión” (de derechos), que limitación como marca el estado de alarma. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se habían pronunciado a favor de prohibir la manifestación. En concreto, el ministerio público no apreciaba “vulneración alguna de ninguno de los derechos fundamentales”.

El artículo 7 del real decreto del estado de alarma es el que establece que "las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público" para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera, acudir a hospitales, a trabajar, cuidar a personas mayores o dependientes, acudir al banco o movimientos por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

El voto particular lo firma el magistrado Javier Albar García, quien considera que se debería haber confirmado la prohibición de la subdelegación del Gobierno pero al mismo tiempo haber planteado la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Admite que "resulta clara la colisión entre la posibilidad de manifestarse y la existencia de una norma con rango legal -el real decreto- que impide realizar los actos mediales, la circulación imprescindibles para el ejercicio del derecho de manifestación", dice este juez discrepante. "Por todo ello, considero que debería haberse planteado la cuestión de inconstitucionalidad", zanja.

EL TC prohibe una manifestación idéntica

Precisamente este jueves se ha conocido que la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo que presentó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia a de Galicia (TSJG) que desestimó su solicitud de manifestación en Vigo para mañana 1 de mayo. Se trataba de una marcha a celebrar también en coche por la ciudad, con una única persona por vehículo, es decir, en las mismas condiciones que autoriza el TSJ de Aragón.

En su auto, el TC considera que no se dan las circunstancias que permitan el ejercicio del derecho de reunión por la situación de pandemia. La relación entre el derecho a la vida y el de reunión exige una ponderación por la que, ante la falta de las garantías de seguridad en una situación de máximo contagio, ha de primar el primer derecho.

Prohíben otra manifestación en Madrid

Por su parte, la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por La Falange contra la resolución de la Delegación del Gobierno, que prohíbe la concentración y posterior manifestación de esta entidad política el próximo 2 de mayo, cuya intención era reunirse a las doce del mediodía en la Plaza de la Lealtad, para, con posterioridad, dirigirse a la sede del Ministerio de Sanidad, donde pensaban permanecer hasta las 13:30 h.

Los magistrados avalan la decisión de la delegación del Gobierno que, recordemos, no está sustentada en la aplicación del Real Decreto 463/2020, del estado de alarma, sino en la “necesidad de evitar la difusión de la pandemia con sus secuelas de contagios, fallecimientos y enfermos”.

Así las cosas, la Sala de lo Contencioso considera que “en las circunstancias actuales y ante las condiciones en que se pretende el ejercicio del derecho fundamental de reunión, éste entra en conflicto con bienes y valores constitucionales, como la salud pública y, más concretamente, la salud, la integridad física y la vida de las personas

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