España

¿Es legal que la Seguridad Social no te deje acceder a sus sedes sin cita previa?

Muchos ciudadanos se están levantando contra esta medida que lleva tanto tiempo adoptando el Ministerio de José Luis Escrivá, una que los juristas están estudiando a petición de los afectados

Personas haciendo cola en una oficina de la Seguridad Social

La Seguridad Social está siendo el gran quebradero de cabeza de muchos españoles en lo que llevamos de 2023. El Ministerio que dirige José Luis Escrivá continúa en el ojo del huracán por las escasas facilidades que está dando a los ciudadanos a la hora de realizar trámites administrativos. Bien sean pensiones, subsidios para familias cuyos hijos padezcan algún tipo de discapacidad o bajas por maternidad o paternidad.

Como bien sabrán, la única forma de poder acceder a una de las oficinas de la Seguridad Social es mediante cita previa. Esta se consigue a través de internet, pero tiene truco, ya que el único tramo del día donde la web no colapsa es en las primeras horas del día. Además, la inmediatez de las mismas es el otro gran debe que tiene el sistema online de la Seguridad Social. O acudes a una oficina muy lejana de tu hogar, o los tiempos de espera se van a varias semanas.

Toda esta presión recae en mano de poco más de 25.000 empleados, una cifra muy baja si tenemos en cuenta la carga de trabajo que tienen. Escrivá prometió en marzo la contratación inmediata de 2.500 interinos más, a los que hay que sumar los 1.600 que entraron en verano para reforzar. Sin embargo, los trabajadores quieren que el Ministerio se comprometa a arreglar la situación, ya que todos estos interinos no son más que "un parche", según nos comentan.

Tanto CSIF como el Defensor del Pueblo han advertido a Escrivá de lo crítico de la situación actual, pero la situación sigue igual. Este cóctel de tensión, falta de mano de obra y caos telemático abrió las puertas de un mercado negro de citas online que contamos en Vozpópuli hace unas semanas. Que un país como España se encuentre así, deja mucho que desear de la gestión que está llevando a cabo el ministro Escrivá.

Ricardo Aguirre, responsable de CSIF en la Seguridad Social, nos contó que se tardan unos tres meses en empezar a cobrar la baja o prestación de jubilación, lo que suele elevarse según se tarde en conseguir cita previa. "Por el cauce habitual sólo hay unas horas para hacerlo un día al mes, con gente que se mete de madrugada a ver si tiene suerte. Esto ha llevado a locutorios y despachos a hacer negocio con las citas, que consiguen en unos dos días y cobran a 15 euros. La Seguridad Social luego abona los retrasos", explica.

"Unos 26.000 funcionarios gestionan cerca de 10 millones de pensiones, además de otros subsidios y ayudas y del Ingreso Mínimo Vital. Son 10.000 menos que hace 10 años y el ritmo de jubilaciones crece, con 1.500 al año, y se reponen 100. La situación tampoco es buena en el SEPE, con pocos efectivos y también se venden citas, pero es mucho peor en la Seguridad Social", relata Aguirre.

¿Es legal quedarte fuera de una oficina de la Seguridad Social?

Miles de españoles, tras días y días intentando conseguir una cita previa sin éxito alguno, han decidido acudir en persona a una oficina de la Seguridad Social con la esperanza de poder ser atendido por algún empleado. Sin embargo, y contra todo pronóstico, muchos se están encontrando con una negativa. Aunque suene ridículo, en muchas sedes no están permitiendo entrar a personas sin cita previa. No solo para ser atendido, ni tan siquiera para poder hacer algún tipo de consulta.

La obligatoriedad de tener una cita previa para poder entrar en oficinas de la Administración Pública nació a raíz de la pandemia de la COVID-19. No solo fueron restringidos los servicios de atención a la ciudadanía, también se cercenó la posibilidad de acudir a presentar recursos si no disponías de la mencionada cita previa.

La Constitución, en su artículo 103.1, explica que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". Este apartado, junto al 9.3 que recoge la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, sirve para explicar que en ningún momento se nos puede prohibir el acceso a la Administración Pública.

Todo esto queda reforzado por las palabras de Diego Gómez, abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo. "Es ilegal que la única vía para acceder a la administración presencialmente sea con cita previa", comenta.

De momento, y hasta que sea el propio Estado el que ponga fin a este absurdo, no queda otra que seguir interponiendo quejas y reclamaciones que hagan hincapié en la ilegalidad que supone que un ciudadano necesite de una cita previa para poder ser atendido en cualquier oficina de la Seguridad Social.