Secuestro de Maracena: el juez niega al exnúmero 3 del PSOE andaluz su personación en la causa

La causa por el secuestro de una concejal de Maracena (Granada) se va a centrar exclusivamente en la figura del autor material de los hechos. El magistrado que pidió al Tribunal Superior de Justicia andaluz que investigara a Noel López por su condición de aforado, acaba de rechazar su personación en la causa. El instructor entiende que no hay motivos para permitirle acceder al procedimiento ni a él ni a la alcaldesa de la localidad, Berta Linares. Por su parte, el TSJ ha declinado investigar al político y ha devuelto las diligencias al juzgado.

Se trata de dos movimientos de calado que implicar, al menos por el momento, cerrar la puerta a investigar al exnúmero tres del PSOE andaluz y su prima, la alcaldesa de Maracena. El magistrado que investiga el secuestro de una concejal pidió hace unas semanas, en la antesala de los comicios regionales, que el TSJ se encargara de investigar si hubo un concierto entre esto dos políticos y el concejal de Urbanismo y mano derecha de Linares, Antonio Leyv (alias Nono).

Al respecto, la Fiscalía del TSJ andaluz declinó abrir causa contra ellos al menos hasta acreditar más los indicios que les comprometen y abogó por devolver el asunto al juzgado de Granada; criterio que acaba de adoptar el TSJ. El tribunal, tras analizar la exposición razonada del juez, dice que la remisión de la causa es "prematura" y que no ha agotado la práctica de las diligencias imprescindibles para mover ficha contra el exnúmero 3 del PSOE andaluz por presunta inducción al secuestro.

El TSJ devuelve el caso a Granada

Por ello devuelve la causa al Juzgado de Instrucción número 5 de Granada sin descartar que, en un futuro, se pueda volver a solicitar la investigación del aforado. Así, considera "imprescindible e indispensable" interrogar a otros presuntos actores implicados en el secuestro y confrontar las manifestaciones de la presunta víctima, Vanessa Romero y del autor material de los hechos y único imputado formal, Pedro Gómez, con las personas no aforadas salpicadas por estos hechos; esto es: la alcaldesa de Maracena y su mano derecha y concejal de Urbanismo.

Por su parte, el magistrado de Granada, Josep Solà, declina que los tres políticos que habrían urdido el plan del secuestro, según su ejecutor material, sean parte procesal en la causa. El magistrado explica que, cuando pidió la inhibición al TSJ por la condición de diputado de López, se dio traslado a estas tres personas de la decisión y ellos respondieron acatándola y oponiéndose únicamente en lo relativo a la división del procedimiento.

A ojos el juez, la causa debía partirse en dos de manera que la parte relativa a los presuntos inductores de este secuestro se fuera conjunta al TS y la que afecta a Pedro Gómez se siguiera investigando en Granada. En estas diligencias, de hecho, se ha tomado declaración tanto al imputado como a la víctima y se han recabado además los informes policiales sobre los hechos denunciados.

Ni López, ni Linares ni García Leyva ostentan ni la condición de investigados ni ninguna de las figuras para ser parte procesal

Del mismo modo el juez ha abierto una vía para investigar los expedientes que la concejala secuestrada ocultaba en su maletero y los que, según declaró Gómez, serían la causante del secuestro. Al respecto dijo que el objetivo de esta actuación era hacerse con estos documentos que Romero guardaba relativos a presuntas irregularidades urbanísticas en el consistorio de Maracena bajo el mandato de Noel López.

"No están investigados"

Así pues, frente al criterio del juez, los abogados de estos tres políticos solicitaron que toda la causa se fuera al TSJ andaluz debido a la "conexidad" de los hechos. De haberse acordado y de haber accedido a investigarlo el Tribunal Superior de Justicia, ellos habrían podido acceder a todo el sumario. Pero al negarlo el juez, reclamaron personarse en las diligencias de Granada. La respuesta, conocida ahora, también es desestimatoria.

"Ni Noel López, ni Berta Linares ni Antonio García Leyva ostentan actualmente ni la condición de investigados ni de ninguna de las otras figuras jurídicas previstas para poder ser parte procesal, de modo que no parece que tengan la posibilidad de instar la práctica de diligencias ni de intervenir en las que en estas se acuerden, que tienden únicamente a delimitar la existencia de indicios de autoría material contra Pedro Gómez", recalca el juez.