Los remates de Saracho que Ron deberá despejar en la guerra judicial del Popular

Ocho horas han bastado. Emilio Saracho ya ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal que investigan las irregularidades que llevaron a la quiebra del Banco Popular. Su declaración ha sido el pistoletazo de salida de una jornada de interrogatorios que se extenderá hasta diciembre y en la que participarán al menos una decena de exdirectivos. En la lista destaca el que fuera presidente de la entidad durante 12 años Ángel Ron, quien a finales de octubre tendrá que despejar las dudas de los investigadores y los remates de Saracho.

Tras las declaraciones de esta semana, las acusaciones del caso Popular esperan que el resto de investigados proporcionen más detalles a la causa, aunque estos coincidan o discrepen con la primera versión aportada por Saracho. Hay especial interés en la defensa de Ron, quien en estos dos días ha sido señalado por alteraciones en la información sobre el estado financiero del banco, una ampliación de capital insuficiente e irregular y una cuestionable gestión de la cartera inmobiliaria de la entidad. 

Estado financiero

Saracho ha señalado ante el juez lo que considera fue una mala gestión bancaria por parte del equipo de Ron. En concreto, ha asegurado que la situación en la que se encontraba el banco en 2017 era de "extremo peligro" y que su antecesor alteró conscientemente la información sobre el estado financiero del banco para ocultar la falta de provisiones, según fuentes presentes en el interrogatorio. 

Ron tendrá que responder a estas acusaciones que, además, coinciden con la hipótesis de la Fiscalía Anticorrupción. Según el escrito de ordenación de querellas, el Popular proporcionó a sus potenciales inversores "folletos de inversión e información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la verdadera situación económica de la entidad".

El Ministerio Público investiga a Ron por una presunta comisión de delitos de falsedad contable y estafa de inversores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya abrió un expediente sancionador al Popular -y a varios exdirectivos, entre ellos Ron- en octubre de 2018 por haber suministrado al supervisor información con datos inexactos o falsos en sus cuentas anuales del 2016.  

Ampliación de capital

Ahora, el banquero ha reconocido que la ampliación de capital de 2016 liderada por Ron solo daba para cubrir las deudas del banco. A su juicio, el Popular debió haber realizado la operación por 8.000 millones de euros y no por 2.500 millones. 

Según se destaca en las querellas admitidas contra el banco, el folleto de la emisión contemplaba en mayo de 2016 pérdidas de unos 2.000 millones de euros que serían cubiertas por esta ampliación. Sin embargo, y a pesar de esta ampliación, las pérdidas alcanzaron los casi 5.000 millones de euros. En la Fiscalía Anticorrupción consideran que de haberse reflejado la "imagen fiel" del banco, no se habría efectuado la inversión en los términos y condiciones que se dieron. 

Financiación de accionistas

Pero además de insuficiente, Saracho ha señalado que la ampliación fue irregular, ya que se prestó dinero del banco a los propios inversores de la operación sin deducirlo del capital. Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado a Vozpópuli que el fiscal Antonio Romeral ha tenido que preguntar hasta tres veces para que Saracho concretara quién había dictado la orden de realizar el préstamo de 400 millones de euros para la compra de acciones. 

Aunque no ha señalado directamente a Ron, ha dado el nombre de Francisco Gómez, quien fuera 'número dos' de su antecesor. El problema no era el préstamo en sí mismo, sino que se contabilizaron las acciones que se compraron a través de préstamo como capital, lo que tuvo que ser informado por el propio Popular en abril de 2017 en un hecho relevante de la CNMV.

Tasaciones inmobiliarias

En el marco de las pesquisas, el fiscal también ha preguntado por el informe del Banco de España en el que se habla de presuntas irregularidades en varias de las tasaciones, a lo que Saracho solo ha respondido que le "sorprendía" que las tasaciones inmobiliarias en 2017 fueran inferiores a las que había hecho el banco tres o cuatro años antes. 

El exdirectivo ha asegurado que se reunió con la entonces directora de riesgos de la entidad, Carmen Riveras, para conocer cuánto capital faltaba en el Popular. "Me dijo que no lo sabía, me quedé asombrado", ha dicho según fuentes presentes en el interrogatorio.

En su segundo día de declaración, además de derivar responsabilidades en el departamento de riesgos de Ron, ha criticado la decisión del comité de auditorías de publicar el hecho relevante con la reexpresión de las cuentas el mismo día que se comunicó el cese de Larena. La Fiscalía y el juez tendrán que esperar hasta el próximo 30 de octubre para que Ron cuente su versión.