El Ministerio de Sanidad aún trabaja por recuperar 5,5 millones perdidos que desembolsó durante la pandemia para la compra de mascarillas, mediante contratos adjudicados por vía de emergencia. Se trata de licitaciones que se hicieron a dedo, en un contexto de inestabilidad internacional y de tensión en los mercados. El departamento ahora dirigido por Mónica García eleva hasta cinco las reclamaciones interpuestas para recuperar los fondos públicos asignados desde su cartera, entonces en manos del socialista Salvador Illa.
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado algunos de los contratos de emergencia adjudicados por la Administración pública durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus. Ante un mercado extremadamente tensionado, la mayoría de los países pusieron entonces sus ojos en China, que había adaptado su producción para generar stock fitosanitario ante la crisis sanitaria mundial: principalmente, mascarillas, guantes de nitrilo, batas o kits de detección de covid.
España hizo lo propio. Diferentes órganos de la Administración suscribieron acuerdos de emergencia directamente con los fabricantes o a través de intermediarios para la adquisición del material fitosanitario. Son contratos adjudicados a dedo, negociando directamente el precio de venta y las condiciones de entrega. De forma paralela, el Gobierno recurrió a aerolíneas privadas para importar el stock, también mediante procedimientos de emergencia, o a través de vuelos fletados por las Fuerzas Armadas.
Algunos de esos contratos, a pesar de haberse abonado por anticipado, nunca llegaron a ejecutarse. El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado contratos por valor superior a 525 millones de euros relacionados con estos contratos, abarcando todos los Ministerios que adjudicaron licitaciones para la adquisición del material.
“Todos estos contratos se celebraron en el contexto de una crisis sanitaria mundial sin precedentes, en la que los gestores públicos se enfrentaron a un mercado productor español deficitario para atender las necesidades, por lo que hubo de acudirse al mercado internacional, fundamentalmente asiático, con los precios al alza debido al incremento de la demanda”, detalla el Tribunal de Cuentas.
Contratos de Sanidad
En las conclusiones de su informe de fiscalización, el ente destaca que en cuanto a la ejecución de los contratos de mayor importe, correspondientes al Ministerio de Sanidad, se produjeron diversas incidencias, tales como resoluciones de contratos, retrasos en la ejecución que motivaron la ampliación de los plazos y demoras en el cumplimiento de los nuevos plazos.
También se han detectado requerimientos de reposición de diverso material defectuoso o de reintegro de su importe, “en algunos casos aún pendientes de ejecutar”: “En algunos supuestos en que el material no cumplía los requisitos, no se exigió la reposición del material”.
En cuanto al grado de concentración de adjudicatarios, el Ministerio de Sanidad otorgó cuatro contratos de mascarillas quirúrgicas por 217 millones de euros a una misma empresa. Además, tres contratos de suministro de productos se adjudicaron a una empresa a la que el INGESA [Instituto Nacional de Gestión Sanitaria] había otorgado otros dos contratos, siendo el importe global de los cinco contratos de 187 millones de euros, apunta el Tribunal de Cuentas.
Con motivo de estas conclusiones, el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas interpelando al Gobierno sobre los fondos destinados a contratos que nunca llegaron a ejecutarse y la fase en la que se encuentran de reclamación. En la iniciativa parlamentaria elevaban la cifra de “pérdidas” a 33.187.098,96 euros.
Las reclamaciones pendientes
En la respuesta del Gobierno sólo se da cuenta de los contratos fallidos dependientes del Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Mónica García eleva a cinco las reclamaciones de devolución de pagos, que ascenderían a un total de 9.241.009,45 euros.
De ese importe, el Ministerio de Sanidad asegura que ya se han devuelto 3.738.775,55 euros “en periodo voluntario”. O lo que es lo mismo, aún quedaría por recuperar 5.502.233,90 euros.
“Así, tan solo durante el mes de marzo de 2020, por el Ministerio de Sanidad fueron realizadas compras por importe de 434.054.288,52 euros, con el fin de hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Este dato debe además ponerse en relación con los suministros adjudicados durante el periodo fiscalizado por el INGESA, también para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que ascendieron a un total de 488.959.373,09 euros”, destaca el informe del Tribunal de Cuentas.
