El Gobierno y sus socios están tramitando en el Congreso una reforma del Tribunal Constitucional que elimina las facultades ejecutivas que se le otorgaron al tribunal a partir de 2015 cuando se recuperó el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de autonomía. Estas funciones fueron clave para impedir la sesión del Parlament del 9 de octubre de 2017 donde Carles Puigdemont iba a declarar la independencia unilateral así como para disolver la Sindicatura electoral del referéndum del 1 de octubre al imponerles multas si continuaban en el cargo.

Se trata de facultades que, en su momento, fueron avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando dio la razón en sendas sentencias al Constitucional tras la demanda presentada por la expresidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, y otros 75 diputados independentistas, entre ellos el ex 'president' Puigdemont. Estrasburgo consideró que era de "necesidad social imperiosa" anular el pleno porque había que "preservar el orden constitucional".

La justicia europea también tumbó el recurso presentado por un miembro de la Sindicatura Electoral del 1-O por las multas impuestas por el Constitucional de 6.000 euros diarios al sostener que los argumentos estaban "mal fundados". Y es que la actuación de los supuestos síndicos se ajustó al delito de usurpación de funciones públicas al no tener competencias para ello.

Estas dos resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son, hasta la fecha, las dos victorias más claras del Estado ante instancias comunitarias. Poco antes de la votación ilegal, la Comisión de Venecia dictaminó que la votación no cumplía con los estándares democráticos y, en 2020, decidió adaptar su guía sobre referéndums para fijar que el uso de estos instrumentos debía ceñirse "al sistema legal en su conjunto".

Posteriormente, y en lo referido a los derechos de los diputados y eurodiputados electos, así como con las euroórdenes contra Carles Puigdemont y el resto de fugados de la justicia española, los distintos tribunales de países europeos que han intervenido se han inclinado por garantizar el derecho de representación política de los afectados. En la misma línea, el informe del Consejo de Europa exigiendo al Gobierno la liberación de los políticos condenados por sedición se interpretó como otro varapalo político y judicial para el Estado.

Blindar los Parlamentos autonómicos

La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a propuesta del PNV, ha pasado su primer trámite en el Congreso. Después de que la Cámara rechazara las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, los partidos que conforman el Gobierno y sus socios externos han respaldado la iniciativa.

En su exposición de motivos, los jeltzales instan a resolver las cuestiones de carácter político a través del "diálogo y la negociación" y no a través de la judicialización. Respaldan sus argumentos con un recordatorio del propio Tribunal Constitucional en algunos de sus autos en las que esgrimían, según el texto del PNV, que "la suya no es la sede donde han de resolverse las cuestiones relativas a la alteración de estatus jurídico al tratarse más bien de una cuestión política cuya sede es política y su método el diálogo".

El PNV no niega que la ejecución de las sentencias de inconstitucionalidad de una ley pueden "requerir de actuaciones normativas", pero en su reforma solicitan que estas "solo deben ser tomadas por los miembros del parlamento correspondiente, sin que puedan ser impuestas por el órgano constitucional al que se le atribuye la función de máxime intérprete de la Constitución, es decir, el Tribunal Constitucional".

"Choque de legitimidades"

En poco más de cinco años el PSOE ha pasado de apoyar la reintroducción del recurso previo de inconstitucionalidad -pactado con el PP- a ver con buenos ojos su eliminación. "La necesidad de mantener la alianza con ERC y el PNV ha motivado este cambio", explican fuentes parlamentarias a Vozpópuli.

Curiosamente, en la propuesta del PNV aceptada por los nacionalistas catalanes se pide que solo se controle la constitucionalidad de un Estatuto una vez sea refrendado por el pueblo. Esta nueva posición de ERC y Junts per Catalunya choca con la que mantenían tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la norma máxima catalana. Entonces consideraron que era una intromisión inaceptable y sin precedentes de la justicia a una decisión política apoyada en referéndum por los catalanes.

Este episodio, incluso, se considera el "agravio principal" que desencadenó el procés independentista. "Si con todo lo que ha pasado, ERC y Junts apoyan que el recurso de inconstitucionalidad sobre los Estatutos se presente tras ser refrendado por el pueblo es que buscan, otra vez, un choque de legitimidades. Volver a situar el procés en la casilla de salida", concluyen las fuentes parlamentarias.