Publicado: 20/07/2015 12:47
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto este lunes medidas cautelares al que fuera consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria, después de que el imputado haya comparecido en su juzgado y se haya negado a declarar.
El instructor de la 'operación Púnica' imputa a Victoria varios delitos de corrupción: prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude. Como medidas cautelares, el juez Velasco le ha retirado al exconsejero popular el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional - ante el posible riesgo de fuga por parte de Victoria-, así como la obligación de comparecer de forma mensual en la Audiencia Nacional.
Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado entiende que Salvador Victoria dio "un trato de favor" al presunto conseguidor de la trama Púnica, el empresario Alejandro de Pedro Llorca, a través de los contratos de reputación 'on line' que la Comunidad de Madrid concedió a sus mercantiles.
El objetivo de dichos contratos, que habrían sido adjudicados de forma irregular, era mejorar la imagen de determinados políticos en las redes sociales, entre ellos la del propio ex consejero de Presidencia madrileño o el expresidente regional, Ignacio González. Además, el juez sospecha que todos estos contratos habrían sido sufragados con dinero público.
El juez considera que Victoria dio "un trato de favor" al conseguidor de la trama Púnica
Por otro lado, Eloy Velasco también relaciona a Victoria con pagos de dinero en efectivo supuestamente ilícitos por empresas como Indra o empresarios a los que el exconsejero madrileño habría procurado la contratación con el gobierno regional para trabajos de interés político como la realización de encuestas.
Según obra en el sumario -que permanece bajo secreto- Salvador Victoria estaría vinculado con tres supuestos pagos en negro por valor de 120.00 euros que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra. De hecho, el imputado José Martínez Nicolás, antiguo cargo de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), aseguró durante su declaración ante el juez Velasco que fue el ex 'número 2' del Ejecutivo autonómico quien le ordenó pedir a la empresa Indra que saldara una deuda de 10.000 euros con Alejandro de Pedro.
El pasado 26 de junio el exconsejero madrileño alegó un error formal -seguía siendo aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- para no declarar ante el titular del Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional y logró, de esta forma, posponer su interrogatorio algunas semanas más. Este lunes, casi un mes después, Victoria se ha acogido a su derecho a no declarar ante el instructor; algo que no ha impedido a Velasco reforzar los indicios que pesan contra el que fuera número dos del Gobierno madrileño.
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