Publicado: 17/08/2015 20:03
El 'caso Rato' ya tiene su primer preso. Se trata de Alberto Portuondo Coll, administrador único de Albisa Inversiones y Asesoramiento SL, una empresa señalada en el último informe de Hacienda sobre las supuestas irregularidades financieras del exvicepresidente del Gobierno como clave para que éste presuntamente cobrara una doble comisión ilegal por publicidad de Bankia cuando aún estaba al frente de la entidad financiera. Portuondo, que reside en México y disfrutaba de dos semanas de vacaciones en nuestro país, fue localizado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el madrileño aeropuerto de Barajas cuando estaba a punto de abandonar España. Tras negarse a declarar ante los agentes, fue puesto a disposición del juzgado de Guardia, que, a petición de la Fiscalía, decretó su ingreso en prisión sin fianza y la retirada del pasaporte. Con su caída, se estrecha el cerco a Rodrigo Rato en plena polémica por su reunión con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La Guardia Civil llevaba días intentado localizar a Portuondo en España. Finalmente fue arrestado en el aeropuerto de Madrid cuando iba a emprender vuelo de regreso a México
Fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario reconocen que Portuondo era un objetivo prioritario en la investigación y que las pesquisas para localizarle se incrementaron cuando recientemente llegaron a la Guardia Civil informaciones que apuntaban que se encontraba en España, donde se había desplazado desde su país de residencia para disfrutar de unas vacaciones. Los agentes no fueron capaces de localizar el lugar donde se alojaba pero sí saber que tenía billete de vuelta a México para el pasado domingo. Al presentarse en el aeropuerto para emprender viaje de vuelta, fue detenido. Estas mismas fuentes consideran el arresto y su posterior ingreso en prisión un salto "cualitativo y cuantitativo" muy importante en unas pesquisas que se han encontrado con numerosos obstáculos, entre ellos la orden judicial de apartar del caso parte de la documentación intervenida en los registros por un supuesto error formal, como adelantó este lunes El Mundo.
2 millones en comisiones
El ahora detenido figura como administrador único de Albisa Inversiones y Asesoramiento SL desde su creación en 2007 hasta su liquidación a comienzos del año pasado. Según el informe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), el documento que ha dado un importante impulso al 'caso Rato', esta empresa es una pieza clave en el supuesto entramado creado por Rato para camuflar la entrada en sus empresas de comisiones. En concreto, de 2 millones que presuntamente pagaron al exvicepresidente del Gobierno Zenith Media y Publicis Comunicaciones España, dos empresas que incrementaron de modo espectacular su facturación a Bankia cuando la entidad estaba presidida por Rato. El rastro de ese dinero ha llevado hasta el hotel en Alemania en el que tenía una participación Rato, detalle que ha llevado a Anticorrupción a pedir recientemente que el caso salga de los juzgados ordinarios de Plaza Castilla y sea instruido en la Audiencia Nacional.
El administrador de Albisa SL, señalado como la pieza clave para que Rato cobrara un comisión ilegal de 2 millones de euros, se negó a declarar ante la Guardia Civil
En concreto, Albisa Inversiones y Asesoramiento SL, cuyo objeto social es la "realización de estudios de mercado y encuestas de opinión pública", recibió los 2 millones de Zenith Media y de Publicis Comunicaciones España por servicios supuestamente no realizados. Una elevada cantidad para una compañía que no tenía casi actividad y sin apenas personal, lo que ha hecho sospechar a los investigadores que se trata en realidad de una empresa 'pantalla' que puede pertenecer en última instancia al propio Rato y a través de la cuál camuflaba el cobro de las comisiones. De hecho, Albisa facturó, a su vez, en 2011 y 2012 más de 800.000 euros a Kradonara, la sociedad sobre la que pivota todo el entramado patrimonial del expresidente de Bankia. Tanto Hacienda como la Guardia Civil creen que dichas facturas fueron también por trabajos inexistentes.
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