La senda verde de Ribera amenaza con un 'apagón energético' en la España vaciada

La descarbonización de la economía es un objetivo que muy pocos discuten a nivel mundial. Pero el debate gira sobre los métodos que se están aplicando para conseguirlo. En España, esta senda la lidera la actual ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Y una de sus medidas estrella es el llamado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Un fondo que aplauden los grandes defensores de la 'Transición Ecológica' y que consideran una auténtica amenaza los afectados en el llamado 'Reto Demográfico'.

Empresas, asociaciones y los gobiernos autonómicos más afectados por la despoblación han levantado la voz en los últimos días contra este anteproyecto de ley, a pocos días de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Todos ellos consideran que esta medida amenaza con provocar un 'apagón energético' en la llamada España vaciada porque disparará los costes de aquellos ciudadanos que tienen las infraestructuras y tecnologías menos sofisticadas.

El plan que lidera Teresa Ribera pretende quitar de la factura de luz de todos los hogares los costes del impulso a las renovables, unos 7.000 millones de euros, y pasarle esta factura a las industrias con mayores emisiones, principalmente, a todas aquellas que tengan relación con petróleo y gas. El objetivo final es bajar el precio de la factura domestica, primar las industrias eléctricas y castigar el uso de hidrocarburos. Esto provocará pagar menos de electricidad y más de gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), butano o gasóleo porque los más castigados trasladarán este coste al consumidor final.

Y comienzan a realizar diferentes estudios de cómo afectará esta medida en base a datos de consumo energético de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un buen ejemplo es que una familia que cocine y que tenga un calentador de agua caliente con botellas de butano (equipamiento más humilde) verá cómo se incrementa en 1,2 euros la botella de butano, mientras que para otra familia que disponga de cocina por inducción y calentador eléctrico el mismo servicio se abarata en 5,5 euros. El FNSSE incrementa la factura energética de los colectivos más vulnerables hasta en 38 euros anuales, a los que hay que sumar 25 euros cada 5.000 Kilómetros de coche.

Rebelión en la industria y el campo

Estas estimaciones se multiplican de forma exponencial en aquellos sectores que demandan grandes cantidades de energía para su operativa y tienen grandes dificultades para una electrificación total. Una de los grupos más numerosos que se ha rebelado contra esta medida es la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Un lobby formado por sectores tan dispares como ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia).

Esta alianza, que genera muchos puestos de trabajo en los territorios más despoblados, estima que, en caso de que se ponga en marcha este fondo, el coste acumulado para la industria ascendería a unos 2.650 millones de euros entre 2021 y 2025, sin tener en cuenta el eventual régimen de compensaciones.

Otro de los sectores más afectados será el sector primario. Agricultores y ganaderos no han querido, a través de sus principales asociaciones, hacer público su descontento con este fondo. Pero, según explican algunos de ellos a este medio, sus tractores y sus máquinas de trabajo están muy lejos de ser eléctricos. Pese a que el fondo cuente con partidas de compensación, estos sectores ya se preparan para que una subida de los combustibles fósiles y el gas natural del 11%, lo que estrechará, aún más, sus márgenes.

Enfado autonómico

Las comunidades con menor densidad de población han reclamado una reunión a Ribera para abordar la agenda de la despoblación. El Gobierno anunció un plan de 130 medidas para la reactivación del medio rural, que Sánchez ha vuelto a presentar este sábado. Pero que todavía no se ha concretado legislativamente.

"Ya hay un fondo que pagan eléctricas, gasistas y petroleras y el dinero que se recauda va a eficiencia energética", declaran a este medio fuentes de la vicepresidencia y consejería de Industria del Gobierno de Aragón. "Podría acabar repercutiendo sobre los consumidores si así lo hacen las compañías energéticas, aunque no tienen por qué hacerlo, porque podrían ganar así competitividad. Evidentemente parece que en el medio rural les cueste más, pues tienen consumos, como los tractores, que son más difíciles de transformar", añaden.

Los presidentes de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha -Javier Lambán, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García Page- han constituido un frente transversal entre líderes del PP y PSOE. Los tres reclaman a la vicepresidenta una política sensata, que por supuesto sea respetuosa con el medio ambiente, pero no vacíe los pueblos.

“Hay que analizar cómo afectan estas medidas como la ley del cambio climático al medio rural", explican fuentes de estos Gobiernos. "Hay que plantear medidas globales para el sector agroalimentario, el turismo y las energías renovables". Los frentes que tiene abiertos Teresa Ribera con este fondo son muchos. La inminente aprobación del Consejo de Ministros abre ahora la batalla parlamentario. Ahí lloverán críticas, principalmente, de los representantes de la España vaciada.