Repsol y Caixa abren la veda para que clientes VIP de Villarejo se libren del cohecho

El fin de la pesadilla judicial para Repsol y Caixabank en el caso Villarejo se ha convertido en el espejo en el que se miran otras grandes del Ibex imputadas en el caso Tándem por sus contrataciones al comisario jubilado. Las razones alegadas por el magistrado Manuel García Castellón para dejar fuera de la causa a estos dos clientes VIP del Grupo Cenyt y a sus espadas Antonio Brufau e Isidro Fainé han sido acogidas con especial interés por otras empresas salpicadas en el procedimiento como Iberdrola o BBVA.

La decisión del instructor de dar la razón a ambos entes y sobreseer su causa apenas días después de escucharles en sede judicial ha sorprendido entre los imputados del procedimiento. Aunque los clientes del Grupo Cenyt han insistido en que sus sistemas de compliance no fallaron y relegan las contrataciones al área de seguridad, los investigadores no les han librado de tener que rendir cuentas durante la instrucción por el hecho de haber recurrido a un funcionario que entonces estaba en activo.

El estudio de los audios que se incautaron en el domicilio de Villarejo tras su arresto en noviembre de 2017 fue destapando todas las relaciones del comisario con empresas, banqueros y políticos de la élite del país. El cotejo con los documentos incautados facilitó la apertura de diferentes líneas de investigación hasta llegar a día de hoy a la treintena. Aunque al principio los clientes del comisario eran firmas modestas y más desconocidas, el análisis del material permitió acreditar trabajos para grandes entes del país como BBVA, Planeta, Mutua, San José o Iberdrola.

La causa afrontaba ya su segundo año de vida cuando se abrió la pieza vigesimoprimera por los contratos de Repsol y Caixa al entramado del policía. El avance de las líneas más importantes de la investigación a lo largo del año 2020 chocó con el silencio que imperó en esta pieza en la que se indagaba el proyecto Wine. Se trató un encargo focalizado en la persona de Luis del Rivero y su entorno más cercano en pleno intento de asalto al capital de Repsol junto con la mexicana Pemex.

Auge y archivo en un año

Casi un año después de la apertura de estas diligencias, los investigadores imputaron a los responsables de seguridad de ambos entes en el momento del contrato (2011). Desde ese momento, las pesquisas cogieron impulso y en menos de medio año el magistrado ya había citado como investigados a los presidentes Antonio Brufau e Isidro Fainé. Tras ellos llegó el turno de Repsol y Caixa como personas jurídicas. El rápido devenir de estos hechos contrasta con el avance más pausado de otras piezas en las que se necesitó años para llegar a la cúpula de la compañía.

Por eso ha sorprendido que el magistrado haya dado carpetazo a estas imputaciones dejando viva la pieza para los exjefes de seguridad y el espía. En su auto, da por bueno el principal alegato que se lleva escuchando por los espadas de estas compañías. Para el instructor del caso Tándem ha quedado probado que Brufau y Fainé no tuvieron nada que ver en la contratación que gestionó el departamento de seguridad de estas firmas. Pero, además, sienta las bases de por dónde pueden discurrir las peticiones de archivo que soliciten en lo sucesivo los otros clientes del comisario.

"En nuestro ordenamiento jurídico no cabe la responsabilidad objetiva por razón del cargo. En este sentido no es posible mantener la imputación de los máximos responsables de las compañías por el mero hecho del cargo que ostentan en ausencia de indicio sólido de su participación directa o indirecta en los hechos investigados", precisa el instructor en su auto de archivo.

Daño reputacional

De este modo, y al margen de que cada pieza tenga su propia singularidad, los clientes que afrontan el delito de cohecho activo por haber contratado a un funcionario y haberse beneficiado de sus lazos en la Policía, se acogerán a este razonamiento del magistrado para intentar lograr su absolución. Además, el auto apela también a otra de las tesis recurridas en estos meses por parte de estas compañías (entre ellas la propia Repsol) y es lo relativo al daño reputacional que les puede producir verse implicadas en un procedimiento de este calibre.

Solventada la cuestión sobre las personas físicas, el magistrado al frente de otras causas como Púnica o Lezo, se adentra en la responsabilidad penal de las jurídicas. Tras estudiar la documental aportada esta misma semana por la petrolera y Caixa, concluye que no fallaron los sistemas de cumplimiento normativo. BBVA, Iberdrola, el despacho de Herrero y Asociados y los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura se han desligado de cualquier ilicitud en relación con la contratación del comisario.

Esta misma semana Repsol defendió en sede judicial que no concurrió en ninguna ilicitud contratando al Grupo Cenyt. Primero porque no tenía por qué saber la situación administrativa de Villarejo y, segundo, porque su entramado empresarial era un proveedor de servicios de inteligencia como cualquier otro. Frente a esta tesis, la Fiscalía Anticorrupción alertó de la irregularidad de algunos movimientos como el hecho de que el encargo se pagara por fases (facturas troceadas) o que los conceptos de los abonos no recogieran el servicio realmente prestado.

La respuesta de los jefes de seguridad de las compañías ha sido unánime en estos años: "Es por motivos de confidencialidad". Con todo, el magistrado da por válidas las explicaciones ofrecidas y concluye que tanto Repsol como Caixa tenían implantado "un sistema de prevención y cumplimiento eficaz". Además recuerda que no se puede exigir una "eficacia absoluta" a los compliance, sino una capacidad de prevención y reacción ante la comisión de un delito.

Pendientes de declarar

Con este telón de fondo, algunos de los principales investigados en la causa aguardan su turno para librarse del delito de cohecho. En el caso de la pieza de Iberdrola hay que tener en cuenta que ni la filial Iberdrola Renovables (imputada por costear el último encargo) ni el presidente de la matriz Ignacio Sánchez Galán han prestado declaración todavía. Así pues, se vislumbran complicados los cambios en esta pieza al menos hasta que el instructor les interrogue en relación a estos contratos.

Con todo, Sánchez Galán ya ha dejado claro que no conocía de nada al comisario jubilado. Iberdrola Renovables, por su parte, avanza en el recurso de apelación a su imputación que la contratación de Cenyt tenía una "finalidad legítima" y que su actuación no tiene "reproche penal". Mismos argumentos que empleó el BBVA en sus escritos al Juzgado Central de Instrucción número 6. En esta pieza existe la particularidad de que los encargos fueron continuados en el tiempo y por un importe mucho mayor (se abonaron 10,3 millones de euros).

Sin embargo, el banco ha defendido en innumerables ocasiones su sistema de cumplimiento normativo. Su expresidente, a quien ahora se le ha ampliado la investigación por los apuntes del forensic, sostuvo desde el primer momento que no conocía a Villarejo ni tuvo nunca nada que ver con los trabajos prestados para la entidad. Al hilo, se ha posicionado a favor de seguir investigando esta causa recordando incluso que son muchas las diligencias pendientes de prueba.

Aunque el instructor acaba de terminar muchas líneas de investigación (como ocurre con el caso de la doctora Pinto o el encargo de Mutua y Planeta), otras se prorrogan al menos medio año más (es el caso de Iberdrola o BBVA) . En paralelo, otros clientes de Villarejo se preparan para el primer juicio de la trama. En el banquillo se sentarán personas físicas y jurídicas por tres piezas separadas. El devenir del procedimiento y el minucioso análisis que se elabore acerca de la piedra angular del caso Tándem (relativo a la comisión del delito de cohecho) también será determinante para las piezas vivas que seguirán su curso este otoño.