Publicado: 27/07/2020 04:45
Los empresarios Luis del Rivero, Vicente Benedito y José Domingo de Ampuero han apuntado al juez que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, "que lo procedente, en caso de negativa a la entrega de la documentación requerida [a BBVA], es la entrada y registro para la aprehensión de la evidencia documental y electrónica que contribuya al esclarecimiento pleno de los hechos".
Así consta en un escrito de 14 de julio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que los empresarios, que fueron objeto de una investigación ilegal por parte del clan policial liderado por el excomisario Villarejo, apoyan la decisión del magistrado de reclamar documentos que el banco no quiere aportar a la causa.
Del Rivero, expresidente de Sacyr, la constructora que en 2004 trató de hacerse con la mayoría accionarial del banco; Benedito, exdirectivo del banco y de Sacyr; y De Ampuero, uno de los fundadores del Banco de Bilbao, resaltan que en relación a las pruebas reclamadas a BBVA y PricewaterhouseCoopers (PwC) hay "un dato innegable: en estos momentos PwC tiene en su posesión cientos de miles de correos electrónicos que contribuyen al esclarecimiento de los hechos objeto de instrucción.
Entradas y registros
Los empresarios, que ejercen la acusación particular en la causa, destacan que el mismo juez, así como otros magistrados de la Audiencia Nacional, "cuando tienen indicios de que obran en poder de terceros evidencias documentales o electrónicas que permiten el esclarecimiento de los hechos, proceden a realizar entradas y registros para poder aprehender dichas evidencias".
En el mismo sentido, ponen de manifiesto que el instructor "podía haber optado, a la vista de la actitud no colaborativa por parte del BBVA, por emitir la correspondiente orden de entrada y registro. Sin embargo, respetuoso al máximo con los derechos de defensa del BBVA, se ha limitado a realizar requerimientos puntuales a PwC menos lesivos para dichos derechos de defensa".
El instructor "podía haber optado, a la vista de la actitud no colaborativa por parte del BBVA, por emitir la correspondiente orden de entrada y registro
"En otras palabras", prosiguen los empresarios en su escrito, "existen indicios racionales de la perpetración de hechos delictivos, así como de que obra en posesión de PwC evidencias documentales y digitales relevantes para el esclarecimiento de los hechos, lo cual justifica sobradamente la emisión de una orden de entrada y registro en caso de que no se aporte voluntariamente dichas evidencias".
BBVA, imputada
BBVA está imputada como persona jurídica en la pieza nueve del caso Tándem, en la que se investiga la presunta contratación irregular por parte del banco, entonces presidido por Francisco González, del considerado por el ministerio público "clan policial mafioso" liderado presuntamente por el excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017.
En los últimos meses el banco ha enviado al juez instructor diferentes escritos en los que critica abiertamente la actuación de la Fiscalía anticorrupción, que ha reclamado de forma insistente diferentes documentos que el banco no ha aportado.
En un escrito del BBVA, de 8 de julio, los representantes legales de la entidad llegan a decir que su actuación "es exactamente lo contrario a la manipulación de pruebas o al engaño o trampa que injustamente nos atribuye el ministerio público". Además, rechazan "de la forma más rotunda las acusaciones de engañar, manipular pruebas y poner trampas dirigidas por el Ministerio Fiscal contra BBVA y sus abogados defensores. Dichas acusaciones son infundadas, injustas y contradictorias con la propia conducta procesal del ministerio público", indica el texto.
Los letrados defensores finalizan su escrito, dirigido al juez García Castellón, anunciando "su esperanza" de que "no sea este el tono en lo sucesivo, sino que, al contrario, podamos mantener con el Ministerio Fiscal un debate procesal que, aunque discrepante, discurra de forma leal y respetuosa, como en todo caso requiere la función institucional que le confieren las leyes".
Correo de 2016
Por otra parte, en el sumario siguen apareciendo nuevas evidencias de que BBVA, al contrario de lo que declaró Francisco González, sí conocía en octubre de 2016 al comisario Villarejo, a cuyas empresas contrató desde 2004 de forma irregular, según la Fiscalía anticorrupción y el juez Manuel García Castellón.
La explicación que dio el director de los servicios jurídicos del banco, Adolfo Fraguas, en calidad de representante legal del mismo en su declaración, apuntaba a que en la entidad desconocían que las empresas de Villarejo contratadas por el exjefe de seguridad Julio Corrochano, estaban vinculadas con el polémico excomisario.
Únicamente el propio Corrochano sabía, según esta versión, que el Grupo Cenyt que contrataban desde 2004 era de Villarejo, que era un policía en activo. El propio Francisco González llegó a asegurar en su declaración que se enteró en 2018 de la identidad del comisario, cuando apareció en un programa de televisión.
BBVA conocía a Villarejo
Sin embargo, empleados de comunicación y de los servicios jurídicos sí conocían a Villarejo, tal y como consta en una cadena de correos electrónico, en la que se especifica que una persona, que atribuyen al entorno del excomisario, les había entregado un informe policial sobre el caso Ausbanc: "Es un tipo que se mueve bien con la Policía, con los Villarejo y tal, con lo que hay que tener cuidado. Pero el documento es bueno", reconoce una empleada del banco.
Ante este mensaje Eduardo Ortega, exmagistrado de la Audiencia Nacional, y que entonces ya formaba parte del equipo jurídico de BBVA, contesta: "No teníamos nada de esto. Debe formar parte de los documentos y pruebas obtenidos en la entrada y registro en Ausbanc. Aún está pendiente de entrega, por la Policía, este informe, de manera que no lo tenemos".
Ante este mensaje, que tanto el ministerio público como el juez García Castellón consideran relevante de cara a considerar la responsabilidad de BBVA en la contratación irregular de Villarejo, uno de los fiscales de la causa destacó, durante la declaración del representante legal de BBVA, la relevancia del mismo.
En sus respuestas, Fraguas reconoció que algunos de los empleados del banco podrían saber en 2016 quién era Villarejo, aunque repitió que no tenían por qué saber que Villarejo estaba detrás de las empresas que había contratado Corrochano.
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