El Gobierno estaba ultimando una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que preveía reformar el artículo 342 para vetar expresamente que el órgano de gobierno de los jueces pudiese elegir al magistrado Andrés Martínez Arrieta, número uno del escalafón en la Magistratura, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sustitución de Manuel Marchena, una vez que han vencido los ocho años de su mandato. Martínez Arrieta es de momento presidente en funciones de la Sala que tiene atribuida la competencia para las investigaciones penales de los aforados, a la espera de que las negociaciones en el CGPJ le permitan presidir la Sala oficialmente durante los próximos dos años y medio, cuando debe jubilarse. No obstante, persiste el bloqueo de esas negociaciones entre los diez vocales del bloque progresista y los diez del bloque conservador. Eran preceptivos trece votos de los veinte para que Martínez Arrieta fuese elegido.
El borrador de la reforma legal que preveía el Gobierno, al que ha tenido acceso Vozpópuli y que finalmente no resulta ser el definitivo, señalaba expresamente que “no podrán ser nombrados aquellos magistrados que, por el tiempo que les falte para la jubilación, no puedan cumplir completo el mandato el mandato de cinco años”. Es notorio que se trata de un artículo expresamente diseñado para impedir el acceso a la presidencia de Martínez Arrieta y para promover a la magistrada Ana Ferrer, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia y a la que el Gobierno ya quiso impulsar como presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ meses atrás. La ley se convertirá en un veto forzoso e inédito contra un magistrado, y en un trampolín para otra magistrada que no cuenta ni con el apoyo de la mayoría necesaria del Poder Judicial, ni con el respaldo expreso de la inmensa mayoría de sus propios compañeros de la Sala Penal del alto Tribunal, lo cual es muy significativo. De hecho, en fuentes del Tribunal atribuyen a Ferrer una incuestionable cercanía al Gobierno y al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Un control político
Otro apartado de la reforma, el segundo, señalaba textualmente que “durante el tiempo en que las presidencias de las Salas del Tribunal Supremo estén vacantes, dichas presidencias serán desempeñadas por el miembro de la Sala que proponga por mayoría de sus miembros la Comisión de Calificación” del CGPJ. Esta modificación sustancial predetermina el camino para que Ferrer acceda a esa presidencia con facilidad, alterando por completo las previsiones de una ley que, pese a sus múltiples reformas, permanecía intocable en este aspecto prácticamente desde 1985. Cuarenta años después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez la modifica para imponer en la práctica una designación a dedo, y tratar de ejercer un control político sobre una Sala crucial en estos momentos para los intereses del PSOE. Primero, porque se encuentra en fase de instrucción una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y segundo, por el propio ‘caso Ábalos’. En manos de esta Sala está ahora una profusa documentación que examina la UCO de la Guardia Civil con el ‘volcado’ de diversos teléfonos móviles, el intercambio de posibles mensajes y conversaciones entre La Moncloa y La Fiscalía General del Estado, y pruebas que ha puesto a disposición de la justicia el comisionista Víctor de Aldama.
Para más control político, la reforma del Gobierno cierra el círculo de su “grave intervención y profunda injerencia” sobre la Sala Penal -así denominan esta maniobra fuentes del Supremo consultadas- con la siguiente previsión: “En ningún caso podrá ser propuesto ningún miembro de la Sala que hubiese presentado candidatura a dicho cargo. Si estuviera en el ejercicio del cargo una persona candidata, deberá cesar en el ejercicio del cargo, debiendo efectuar nueva propuesta la Comisión de Calificación”. “A la reforma -añaden con ironía las fuentes consultadas- sólo le falta añadir el nombre de Andrés Martínez Arrieta… por si hubiese alguna confusión”.
Lo cierto es que en la historia de la Sala Penal del Supremo, y salvo en el caso de Manuel Marchena y de Juan Saavedra, la permanencia media en la presidencia es de apenas tres años. Prácticamente nadie, salvo esas dos excepciones, ha cumplido el mandato total previsto de dos mandatos de cuatro años. “Es el enésimo golpe de este Gobierno a la independencia judicial -sostienen otras fuentes del Supremo, que se muestran escandalizadas-. Nunca nadie se atrevió a regular algo así para tomar el control por la fuerza de un tribunal”.
Esta reforma se une a otras planteadas por el Gobierno para dar un vuelco a la Justicia en España. Recientemente anunció la cancelación de facto de las acusaciones particulares en los procesos de corrupción, de modo que sólo pueda ser la Fiscalía quien acuse. También elevó un informe al CGPJ proponiendo que los fiscales pasen a ser quienes instruyan los procesos en España en sustitución de los jueces. Y ayer mismo planteó una reforma drástica del sistema de oposiciones y del llamado ‘cuarto turno’ de acceso a la carrera judicial para juristas, con el fin de posibilitar la llegada a los tribunales de abogados sin la correspondiente oposición oficial que sí se exige a los jueces. “La orientación ideológica, la colocación a dedo de ‘jueces’ y fiscales afines, y el control político sobre cualquier proceso que desee el Gobierno quedarán así garantizados”, pronostican fuentes judiciales del alto Tribunal.
MataNarcisos
22/01/2025 08:51
El DESGOBIERNO, es consciente de que el poder JUDICIAL, es un PELIGRO para su subsistencia, persigue los DELITOS, tiene INDEPENDENCIA, y no obedece a los mandatos del P. Amo, y por ello hay que reformarlo, intervenirlo, e inundarlo con peleles puestos, y afines al mandato ideológico que dicte ese mismo P. Amo. por ello ya tiene a los suyos en el máximo Tribunal el CONSTITUCIONAL, pero no basta, el SUPREMO, es un verdadero GRANO EN EL CULO SANCHISTA, y por ello tenemos a los personajes como Bolaños, que no se coarta en no solo criticar, si no de ACUSAR, a cuanto magistrado osa emprender casos contra su BANDA. ESPAÑA ESTÁ EN PROCESO DE CONVERTIRSE EN UN ESTADO AUTÓCRATA DE MODELO.