El exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, realizaron una reforma en su chalet de Galapagar (Madrid) en 2019, pero no declararon al ayuntamiento todas las obras, ahorrándose impuestos.

Ambos políticos, que son pareja y tienen tres hijos en común, se mudaron a una amplia casa en el municipio madrileño en mayo de 2018, antes de que la ministra diese a luz a mellizos.

Ahora se conoce, según publica 'El Confidencial', que en el año 2019 realizaron obras de reforma en su chalet, las segundas desde que se mudaron a 40 kilómetros de la capital.

La reforma cabe en el ideario de cualquier individuo que quiera hacer cambios en su vivienda, sin embargo, en este caso, no se habría realizado acorde a las normas.

La pareja de políticos, aún no formaban parte del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, quiso convertir el garaje en una tercera habitación, así como construir una barbacoa, entre otros cambios.

El proyecto estaba presupuestado inicialmente en alrededor de 40.000 euros, pero solo declararon al ayuntamiento de la localidad trabajos por valor de 13.055 euros.

Iglesias y Montero decidieron notificar al ayuntamiento tan solo una tercera parte del importe total de las obras, siendo el gasto real superior al declarado.

De esta manera, y tal y como consta en la documentación presentada por Iglesias y Montero en el consistorio, con esta declaración se habrían ahorrado impuestos en su reforma.

Las obras de reforma datan del 14 de junio de 2019, solo 10 días después de que Podemos adjudicara la reforma de su nueva sede de Ciudad Lineal (Madrid) por el doble del coste previsto.

La reforma se prolongó hasta finales de ese año y era la segunda realizada por la pareja tras hacerse con la vivienda en 2018 por 660.000 euros.

Una tercera parte del importe

En concreto, las segundas obras consistieron en construir una barbacoa de ladrillo, ampliar el camino de piedra natural de acceso al garaje, abrir una doble ventana, un tabique móvil, suelo radiante, muebles para hacer una biblioteca, instalación eléctrica y construir un gimnasio personal para el exvicepresidente segundo.

Sin embargo, Iglesias y Montero decidieron notificar al consistorio tan solo una tercera parte del importe total de las obras, siendo el gasto real superior al declarado. Estos hechos serían constitutivos de una presunta infracción administrativa.

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