España

Reforma del CGPJ: la quimera de que los partidos cedan el control del gobierno de los jueces

El Consejo General del Poder Judicial -cuyo presidente también lo es del Supremo- decide sobre los ascensos, el régimen disciplinario, nombra a los presidentes de los tribunales superiores, aprueba refuerzos y elige a dos miembros del Constitucional

Carlos Lesmes,  presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones desde diciembre de 2018. Las conversaciones para renovar a sus veinte vocales y al presidente parecían estaban avanzadas entre el PSOE y el PP, hasta el punto de que su presidente, Carlos Lesmes, decidió a finales de julio aplazar el nombramiento de cinco plazas de jueces. Tras el cese de Cayetana Álvarez de Toledo, la línea oficial de los populares vuelve a apuntar a la intención de despolitizar el órgano con la vuelta al sistema de designación de los vocales como el anterior a 1985, con una menor participación de las Cortes Generales. 

Entonces fueron los socialistas de Felipe González quienes hicieron que todos los nombramientos recayesen en los partidos políticos, a través del Congreso y el Senado. Doce del denominado turno judicial -respaldados por las asociaciones judiciales o con avales de otros jueces- y otros ocho que se escogen entre juristas de reconocido prestigio. Con una elección por tres quintos de las Cámaras se pretendía democratizar el sistema y evitar un determinado sesgo conservador heredado del franquismo.  

Desde entonces, los dos grandes partidos han ido designando desde entonces a los vocales con varios retrasos como el actual. Pero con el nuevo tablero político, las cosas se empezaron a mover. Formaciones como Ciudadanos o Podemos llegaron a la arena política pidiendo despolitizar la Justicia. Estos últimos aseguraban en su programa una reforma "para reforzar su independencia a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía. Incluso el PSOE de Pedro Sánchez abogaba por cumplir una de las grandes reivindicaciones en la que coinciden todas las asociaciones judiciales. A finales de 2018 hubo un intento de modificar la Ley Orgánica en el Congreso por parte de PP y Cs, pero no obtuvo mayoría. 

Las promesas también quedaron diluidas en el pacto para la formación del Gobierno de coalición entre socialistas y morados. Antes, Podemos presentó en 2018 sus propios candidatos para el reparto de puestos, donde los dos grandes partidos habían cerrado un acuerdo para repartirse los asientos y que el presidente fuese Manuel Marchena, el magistrado que presidió el tribunal del procés. Mientras no cambiase el sistema, los de Pablo Iglesias creían necesario que todas las sensibilidades estuvieran representadas en el órgano. Los de Albert Rivera, en cambio, se mantuvieron al margen de unas conversaciones que terminaron saltando por los aires tras un polémico mensaje en el que los populares presumían de controlar  "por la puerta de atrás" la sala del Supremo que juzgaría a los dirigentes del procés.

El Consejo, tradicionalmente repartido entre conservadores y progresistas, es el órgano de gobierno de los jueces, pero no es Poder Judicial como tal. La idea contenida en la Constitución es que los miembros de la judicatura puedan regirse al margen del Ministerio de Justicia (Poder Ejecutivo). Pero el Poder Legislativo mantiene a través de los nombramientos un grado alto de influencia, con cuotas partidistas en función de la representación parlamentaria. Esto provoca que, en la mayoría de ocasiones que tiene que pronunciarse sobre un tema conflictivo -como las críticas de Podemos a las resoluciones judiciales- los vocales se alineen en función de la corriente en la que se encuadran. 

Aunque el sistema fue recurrido en su día al Tribunal Constitucional por la oposición, finalmente recibió -con reservas- el visto bueno. El Alto tribunal avisaba en una sentencia de 1986 de que el método impulsado por los socialistas podía dar al traste con la finalidad señalada en la propia Carta Magna en caso de que las Cámaras atendiesen únicamente a la división de fuerzas existente en su seno. Posteriormente se modificó el sistema en 2001 para que los vocales del turno judicial que eligen las Cortes fueran escogidos de entre una lista que elaboran las asociaciones judiciales o entre magistrados a título individual. 

Las propuestas pasan por que los doce vocales jueces sean elegidos por sus propios compañeros de carrera y el Congreso y el Senado elijan cuatro cada uno

Ahora, las propuestas pasan por que los doce vocales jueces sean elegidos por sus propios compañeros de carrera y el Congreso y el Senado sólo elijan cuatro vocales cada uno. Ciudadanos volvió a registrar en febrero una proposición de Ley en el Congreso para acometer el cambio. 

Funciones

Entre sus funciones está la de asignar discrecionalmente los puestos más relevantes en las diferentes instancias judiciales como el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas o en las Audiencias Provinciales. De esos órganos pueden eventualmente depender causas judiciales que afectan a las propias formaciones políticas o alguno de sus miembros aforados. 

Los últimos informes del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa han insistido en la recomendación de establecer criterios objetivos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la carrera judicial, como forma de garantizar que el proceso de selección de los mismos no genere dudas en cuanto a su independencia, imparcialidad y transparencia.

Por su parte, también elige a dos miembros del Tribunal Constitucional y debe ser oído para el nombramiento del Fiscal General del Estado. Asimismo, también ejerce labores disciplinarias. Es decir, puede amonestar a los jueces por sus faltas y en materia de organización puede decidir si se asignan jueces de refuerzo a determinados órganos judiciales. También emite informes preceptivos de los anteproyectos de ley en materia de organización judicial, derecho procesal y régimen penitenciario. 

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