Los recursos ante el Supremo intentarán desmontar la utilidad pública de los indultos

Los indultos para nueve de los doce líderes del procés son una realidad. Toda vez que el Ejecutivo ha dado luz verde a la medida de gracia para todos ellos, la vista está puesta ya en su excarcelación, que se espera para este mismo mediodía y en los recursos que se presenten ante el Tribunal Supremo. A falta de conocer cómo discurrirá este nuevo trámite en la Sala Tercera, los particulares o partidos que actúen contra el perdón otorgado por el Gobierno pondrán el foco en los casos precedentes que se han estudiado hasta el momento así como en la utilidad pública de los perdones.

Fuentes jurídicas consultadas por Vózpopuli explican que no es fácil que los recursos que llegan al Supremo contra indultos prosperen puesto que, para tumbar las medidas acordadas por el Gobierno se debe motivar que no han cumplido con los trámites que marca la Ley o que no se da ninguno de los tres requisitos exigidos para otorgarlos. En este caso, formaciones como el Partido Popular, Ciudadanos o Vox (que litigó como acusación popular en el procés) ya han anunciado su intención de llevar las medidas de gracia a la Sala de lo Contencioso.

Se trata de una decisión que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no quiere entrar a valorar dejando la puerta abierta a que el asunto acabe donde comenzó: en el Tribunal Supremo. "Todo aquel que considere que tiene derecho a recurrir, que lo haga", explicaron fuentes del Gobierno este martes. Sin embargo, Moncloa sabe que la Ley, que data de 1870, deja claro que la concesión de estas medidas de gracia competen exclusivamente al Gobierno y, por tanto, rara vez son revisables en cuanto al fondo sino que el foco se pone en la forma.

Respetar al Gobierno

De hecho, las fuentes consultadas recuerdan este aspecto. "Los tribunales tienen que respetar lo que dice el Gobierno", explican. Se trata de acatar el ámbito de actuación de la Administración siempre y cuando hayan justificado correctamente la decisión del indulto. En este caso, el Gobierno basó los perdones a los nueve líderes independentistas en la "utilidad pública" de la medida y en la necesidad de abrir un nuevo capítulo en Cataluña con los exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont fuera de las cárceles en las que han pasado más de 1.300 días desde el arranque del procés.

No obstante, existen resquicios legales que permitirían abrir un análisis del asunto en la Sala de lo Contencioso del Supremo. Las fuentes consultadas explican que en los recursos se planteará hasta qué punto la finalidad es el perdón cuando no ha habido arrepentimiento por parte de todos ellos. El Gobierno contraataca y alega que la Ley no lo contempla como un requisito necesario, pero sí que ha contado a la hora de tramitar cada expediente de manera individualizada. No obstante, en todos los casos coinciden que la excarcelación es de interés general para la sociedad y que la prisión era el principal escollo.

Otro de los asuntos que queda en el aire también es el relativo al órgano que estudiará los previsibles recursos. Las fuentes consultadas explican que, aunque el trámite ordinario es que se estudien en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso (que es la que regula los trámites de Justicia), también podría ocurrir que el asunto acabara abocado al Pleno de la Sala. Ello podría ocurrir si así lo solicitan los magistrados de la Sala por considerarlo un asunto especialmente relevante o que pueda plantear un cambio de jurisprudencia. Esto es lo que ocurrió en el caso de los recursos sobre los impuestos a las hipotecas.

El antecedente de Vox

También se plantean dudas en relación a la potestad que tienen las parte de interponer recurso contra el Real Decreto que concede los indultos. Es evidente que los que tendrían más visos de prosperar serían los impuestos por las acusaciones que han formado parte de esta causa; esto es Ministerio Fiscal, Abogacía General del Estado y Vox en calidad de acusación popular. Descartadas estas dos primeras, el foco se pone en el partido que lidera Santiago Abascal, aunque tendrá que razonar muy detalladamente los motivos que le llevan a considerarse perjudicado por estos indultos. Las condenas por el delito de malversación de caudales públicos podría ser uno de los argumentos empleados.

Con todo, ya hay antecedentes en el alto tribunal contra su implicación en el procedimientos de indultos. La Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena y que integró el tribunal que juzgó el procés ya le respondió en una providencia de mayo que las acusaciones populares no vienen incluidas en la Ley de 1870 y ello no porque la norma sea más antigua que la propia Constitución o que la LECRim (que regula el papel de las acusaciones populares), sino porque no se considera que deban informar en estos trámite. De hecho, una de las escasas modificaciones que ha sufrido esta ley del siglo XIX fue la de sustituir "parte agraviada" por "parte ofendida".

Un perdón sujeto a condiciones

Es por ello que los recursos que se planteen a la decisión de Moncloa van a tener que estar muy bien motivados considerando que han cumplido con todos los trámites que marca la legislación y han recabado informe de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. El hecho de que este último se opusiera en bloque a las medidas de gracias sobre Oriol Junqueras y el resto de condenados propició que los indultos otorgados no sean totales sino que se aprueben de manera parcial. El Gobierno recuerda al respecto que este perdón es irreversible por Ley, si bien recogen algunos condicionantes que marcarán la hoja de ruta de negociación con el independentismo catalán.

Uno de ellos es la inhabilitación de todos ellos por el mismo tiempo que duren las condenas. Las mismas van de los 13 años que se impuso a Junqueras a los nueve años de condena para los conocidos como Jordis. La otra es la imposibilidad de que cometan delito alguno en unas horquillas que van de los tres a los seis, en función de la gravedad de las condenas. Si alguno de ellos volviera a delinquir en ese tiempo, automáticamente el Gobierno anularía la medida de gracia concedida. Sin embargo, es un escenario que se vislumbra lejano en Moncloa. "No lo van a repetir", explicaron este martes fuentes del Ejecutivo.