Publicado: 10/11/2022 14:47
Actualizado: 10/11/2022 14:58
El Gobierno ha confirmado que si se acometen reformas legislativas destinadas a favorecer la "desjudicialización" del conflicto político con Cataluña, entre la que en principio estaría la modificación del delito de sedición, estas se impulsarían a través de proposiciones de ley en el Congreso y no de proyectos de ley del Ejecutivo, lo que evitaría que tuvieran que pronunciarse al respecto órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado.
Así lo recuerda el Gobierno en respuesta a un grupo de diputados de Vox que preguntaron expresamente qué medidas prevé promover el Gobierno en el marco de esa "desjudicialización" para "reforzar los derechos fundamentales, asegurando que las instituciones públicas preservan el interés general y adoptan las máximas garantías, especialmente cuando su actuación pueda tener algún efecto sobre los derechos y las libertes o el patrimonio de las personas".
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Moncloa no concreta medida alguna, sino que adjunta dos enlaces: uno a la nota de prensa que difundió el pasado 27 de julio, dando cuenta de los acuerdos alcanzados en la tercera reunión del foro de diálogo que comparten Gobierno y Generalitat, y otro al documento específico sobre la desjudicialización.
"En dicho acuerdo -remarca además el Ejecutivo en su escrito- se pone claramente de manifiesto que 'cuando se alcancen acuerdos que requieran de alguna modificación legislativa concreta para su materialización, los grupos parlamentarios de referencia en las Cortes Generales de las delegaciones de la Mesa de Diálogo se encargarán de su impulso parlamentario'".
En este contexto, agrega que "cualquier decisión que se pueda adoptar como resultado del acercamiento de posturas entre gobiernos se tomará mediante los procedimientos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico y por los órganos que, en cada caso, sean competentes".
Se descarta que se opte por la vía de la aprobación de un anteproyecto de ley, lo que obligaría al Gobierno a remitir la propuesta de reforma al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
El documento pactado aquel 27 de julio entre los dos gobiernos también añade que "ambas partes manifiestan su voluntad de que dichas modificaciones legislativas (para la desjudicialización) sean aprobadas, en su caso, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones", en referencia al que arrancó en septiembre y finalizará el 31 de diciembre.
Acuerdo de PSOE, Undias Podemos y ERC
Es decir, el Ejecutivo se reafirma en su respuesta parlamentaria en que, de alcanzarse un acuerdo sobre esas reformas -la del delito de sedición afectaría al Código Penal-, estas se impulsarían no desde el Consejo de Ministros, sino desde los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos o Esquerra Republicana (ERC).
De esta forma se descarta que se opte por la vía de la aprobación de un anteproyecto de ley, lo que obligaría al Gobierno a remitir la propuesta de reforma al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado para que informaran al respecto, antes de aprobar ya un proyecto de ley para su remisión a las Cortes.
Un proceso, por tanto, mucho más largo que el que siguen las proposiciones de ley que se registran directamente en el Congreso y pueden empezar a tramitarse en días, porque basta con convocar un debate en Pleno para su toma en consideración.
En su respuesta a Vox, el Gobierno también incide en defender un marco "de respeto a la Constitución en su integridad" y asegura que persiste en cumplir con el mandato fijado por el Tribunal Constitucional de resolver "mediante el diálogo y la cooperación" aquellos problemas que "la Constitución no aborda ni puede abordar expresamente", en " particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico".
Según el Ejecutivo, el "acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías" alcanzado en el seno de la mesa de diálogo, da "respuesta" al "mandato" del Constitucional.
Dentro de la Constitución
Así, reproduce parte de una sentencia del Alto Tribunal en la que se defiende un "concepto amplio de diálogo", dejando claro que no se puede excluir a ningún "sistema o institución legítima" que sea "capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional".
Según destaca el Ejecutivo, el "acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías" alcanzado en el seno de la mesa de diálogo, da "respuesta" a ese "mandato" del Constitucional.
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¡Que malo es el PP¡ así que este hortera con peinado de adolescente nos dice que sus disparates con respeto a la sedición es un castigo que nos dan porque el PP no quiso pactar el CGPJ. ¡Que explicación tan descarada y tan infantil. Tenemos un gobierno que avergüenza por su sectarismo por sus pulsiones totalitarias que vemos todos los días.
Dra. Teresa Freixes :
¿Para qué quieren cambiar el delito? Pues para que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acabe dando la razón a los golpistas: me han condenado por algo que ellos mismos saben que no era, pues han cambiado el código penal. Y para que los prófugos puedan regresar y queden impunes. Y los juzgados actualmente, idem. Y para que lo puedan volver a hacer muy pronto, claro. Y para que el PSOE pueda seguir durmiendo en Moncloa, claro.
"No se trata, pues, de "acercar" el delito de sedición a las regulaciones europeas. Se trata de obtener un tratamiento más favorable, cual derecho penal de autor, para aquellas personas que estuvieron en el centro del golpe a la Constitución".
Dra. Teresa Freixes :
Cuando en el Parlamento de Cataluña se aprobaron las denominadas "Leyes de desconexión": la Ley del referéndum de autodeterminación y la Ley de transitoriedad jurídica e instauración de la república, jalonaba el tránsito de un SISTEMA CONSTITUCIONAL, QUE QUEDABA DEROGADO, A UN NUEVO RÉGIMEN SIN OTRA BASE LEGAL QUE LA APROBACIÓN EN UN PARLAMENTO REGIONAL (...) sin que se pudieran debatir o presentar enmiendas, de unas normas que declaraban no aplicables la Constitución de 1978 o el propio Estatuto de Cataluña de 2006 en todo aquello que no fuera conforme a la nueva legalidad que el secesionismo estableciera.
A todo eso, con el añadido de la realización del referéndum ilegal del 1 de octubre, el asedio tumultuario a la Consejería de economía, la proclamación parlamentaria de la independencia de Cataluña, los reiterados y manifiestos incumplimientos de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
¿Cuál es la verdadera situación en Europa? LO QUE TIENE UNA PENA DE 3-5 AÑOS SON LOS DESÓRDENES PÚBLICOS, ALBOROTOS Y ALGARADAS CALLEJERAS.
Pero " impedir el cumplimiento de la ley mediante alzamiento público (que puede ser o no violento) o el intentar quebrar la unidad territorial, que en nuestro caso podrían entrar tanto en el tipo penal de rebelión como de sedición, es calificado como delito de alta traición [Alemania].
Delito de sedición o movimiento insurreccional [Francia], con penas entre 10 años y cadena perpetua.
A ver si lo tienen claro de una vez y dejan de marear ya la perdiz: Roma no paga traidores, MONCLOA SÍ.
Esto de la "desjudicialización de la política" en realidad significa implantar la arbitrariedad y la impunidad de la clase política, expresamente prohibidas por el artículo 9 de la Constitución.
Cuando nos intentan convencer de que lo hacen para "defender la Constitución" nos mienten descaradamente. Lo hacen para mantener el apoyo de los golpistas catalanes (que no se arrepienten y que públicamente manifiestan que lo volverán a hacer) y de los herederos de la ETA para que Pedro Sánchez pueda seguir disfrutando de su estancia en La Moncloa.
¡Y ya está! Esto se quedará asi o habrá algún partido político, español, que desbarate todas estas barbaridades.
¿O está haciendo "algo" que los españoles no nos enteramos?