Caso Púnica: la UCO estudia una denuncia anónima sobre otro pelotazo en Valdemoro

El caso Púnica abre un nuevo frente sobre las operaciones inmobiliarias en Valdemoro. La UCO ha dado cuenta de una denuncia anónima canalizada el pasado 10 de marzo sobre otro supuesto pelotazo urbanístico en dicha localidad madrileña. En respuesta, el magistrado al frente de la causa, Manuel García Castellón, ha citado a declarar para el próximo 26 de mayo al denunciante de estos hechos y a David Marjaliza, el constructor confeso considerado uno de los cabecillas de la red.

La Guardia Civil ha dado traslado de esta denuncia al caso Púnica al tratarse de un asunto vinculado con la investigación abierta en la trama. Según esta nueva documental adherida al sumario y que avanza Vozpópuli, los agentes designados en este procedimiento recabaron el 18 de marzo una denuncia que llegó al correo electrónico genérico de la Guardia Civil. En su relato implica a la principal responsable de la política urbanística de Valdemoro, Montserrat Pacheco.

Nuevo frente en la Púnica

Se trata del alto cargo del consistorio que, tal y como desveló este medio, comenzó colaborando con la Fiscalía Anticorrupción y ha terminado siendo imputada en el procedimiento junto con otra técnico municipal. Se les acusa de haber ocultado material solicitado por la Audiencia Nacional y la Policía Judicial sobre los proyectos urbanísticos en el epicentro de la red. El magistrado le imputó un total de siete delitos (entre ellos organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, fraude y malversación) y le tomó declaración este pasado 13 de mayo.

Pacheco no solo negó las acusaciones que pesan sobre ella, sino que aportó al juzgado numeroso documental que probaría, según defendió, que colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y que no obstaculizó las pesquisas. Las mismas se centraron en rastrear recalificaciones de suelo rústico (por más de 500 millones) en 2004 para que empresarios cercanos al que fuera alcalde de dicha localidad, Francisco Granados, se hicieran con la adjudicación de construcción de viviendas.

100.000 euros de mordida

En esta nueva denuncia se apunta que la jefa de los servicios de urbanismos podría haber adjudicado "a dedo" una subasta pública del terreno donde se construyó la residencia de ancianos 'El Balcón'. El escrito remitido a la Guardia Civil identifica a J.L.M como la persona que puso en contacto al cliente con Pacheco. Además, apuntó al entonces edil de la localidad madrileña y dijo que por esta gestión se llevó una mordida de más de 100.000 euros.

En los hechos incluyó también a David Marjaliza, el constructor cabecilla de la trama que viene colaborando con los investigadores. Al respecto dijo que supo que el empresario estaba al tanto de la supuesta ilegalidad porque se lo reconoció un testaferro suyo que en la actualidad ejerce como agente inmobiliario. "J.M enseñó dicha parcela del Ayuntamiento en marzo de 2014 y les ofreció dado su interés en comprar un terreno para edificar una residencia en la zona, entrar en la subasta planificada para ellos a medida", reza la denuncia.

Investiguen esta adjudicación y mordida en la que están implicados todos estos golfos

Al hilo dijo que en agosto de dicho año se llevó a cabo el plan "a cambio de una mordida de más de 100.000 euros". "Investiguen esta adjudicación a dedo y mordida en la que están implicados estos golfos", sentenció el denunciante, el cual pidió que se diera traslado de la misma a la Fiscalía Anticorrupción "porque les podría interesar". Por ese motivo, el magistrado al frente de esta causa ha citado para el 26 de mayo tanto al denunciante como a Marjaliza, que ya confesó supuestas irregularidades en Valdemoro e implicó en las mismas a Francisco Granados.

La tramitación de la denuncia coincide con la declaración de Pacheco en sede judicial. La Fiscalía actuó con ella y otra empleada en el considerado como el mayor pelotazo urbanístico de Valdemoro. En el mismo participaron, además de Granados y Marjaliza, el exconcejal de urbanismo y el empresario Ramiro Cid Sicluna, quien se benefició de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro (PGOUV) en mayo de 2004.

De testigo a imputada

Anticorrupción expuso en el escrito en el que pedía su imputación, que la técnica de Urbanismo se erigió como interlocutora en nombre del consistorio de Valdemoro con el equipo policial de la causa para ocultar a los investigadores parte de la documental que le incriminaba tanto a ella como a su compañera. Del mismo modo, se encargó de aportar los expedientes interesados por la Fiscalía en una maniobra que podría interpretarse como un encubrimiento de su actuación. Segú los fiscales, este proceder impidió pedir el procesamiento de los investigados en esta pieza cuarta del procedimiento.

El análisis de documental reciente incorporado a esta línea de investigación pondría de manifiesto respecto del sector Ude Oeste Norte de Valdemoro que las "operaciones urbanísticas ilícitas" que llevó a cabo la trama Púnica salieron adelante gracias a la intervención pro activa "e incluso el asesoramiento" recibido por estas dos técnicos del consistorio. Las mismas habrían emitido informes técnicos y jurídicos favorables a la aprobación del plan parcial del sector y todo ello en detrimento de las arcas públicas.

Los investigadores indicaron además que los hechos no están prescritos ya que tanto una técnico como la otra habrían actuado de forma continuada desde el año 2000 hasta el 2011, fecha en la que según Fiscalía todavía seguían emitiendo sus informes a favor. Las actuaciones, según expusieron, serían constitutivas, entre otros, de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, falsedad en documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La responsable del área de Urbanismo, por su parte, compareció el pasado viernes 13 en sede judicial. Fuentes presentes en su interrogatorio precisan a este medio que rechazó las acusaciones, se desligó del entramado y aportó, además, importante documental (principalmente correos electrónicos) que vendría a probar que la colaboración con los investigadores fue real y prolongada en el tiempo. Además, negó haber ocultado documental a los investigadores sobre los procedimientos de licitación de las parcelas.