La vía abierta en el Tribunal de Cuentas por el dinero desviado para la causa soberanista en Cataluña podría terminar beneficiando a Carles Puigdemont en su frente judicial en el Supremo. El expresidente catalán, que forma parte de la treintena de cargos del Govern que debe abonar una fianza récord de 5,4 millones por la causa abierta en el órgano fiscalizador, lograría que se le aplicara una atenuante por reparación del daño en el procedimiento todavía abierto por el procés. En este último tiene pendiente sentarse en el banquillo, entre otros hechos, por el dinero presuntamente malversado con el 1-O.

Fuentes del alto tribunal consultadas por Vozpópuli no descartan que pudiera salir favorecido con este escenario. Ahora bien, cabe recordar que la caución a la que debe hacer frente junto con Artur Mas, Oriol Junqueras y otros excargos de la Generalitat, no prejuzga el resultado de una sentencia. Es decir, la fianza impuesta por el impulso de la causa independentista en el exterior es solo una medida cautelar, de manera que habría que esperar a que se iniciara un procedimiento y se les condenara en el marco del mismo para tener en cuenta la reparación del daño.

A falta de avanzar en esta vía, el Tribunal de Cuentas ratificó este miércoles la imposición de esta millonaria fianza por el daño causado al erario público entre 2011 y 2017. De los 5,4 millones de euros, el expresidente de la Generalitat tendrá que hacer frente a 1,9 millones por las subvenciones otorgadas al Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), sus viajes al extranjero para promover la causa catalana y por las partidas destinadas a abrir las 'embajadas catalanas' en la Unión Europea y en Estados Unidos, entre otros aspectos. Los altos cargos del Govern tienen 15 días desde este miércoles para abonar las cauciones. En caso contrario -incluso aunque recurran la medida- se les embargarán sus bienes.

Así pues, esta es la primera parte de un proceso que, a la larga, podría beneficiar a Puigdemont en caso de que fuera condenado e hiciera efectivo el pago que se le imponga por su responsabilidad civil. Esa situación sí se tendría en cuenta en el procedimiento en el que fue procesado en marzo de 2018. Entonces el magistrado al frente del mismo, Pablo Llarena, dio el primer paso para sentar en el banquillo a un total de 25 implicados en la consulta ilegal del 1-O y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

¿Qué pasaría si volviera Puigdemont?

Sin embargo, ni Puigdemont ni otros cuatro miembros de su equipo de Gobierno pudieron ser juzgados por fugarse en el arranque de la instrucción del caso, lo que llevó al tribunal a declararles en rebeldía. Dos años y cuatro meses después, el panorama ha cambiado para casi todos los protagonistas de este procedimiento, excepto para los que no se sentaron en el banquillo de los acusados. El futuro judicial para Puigdemont sigue siendo el mismo y ello a pesar de la concesión de los indultos para nueve de los condenados y la previsible reforma del delito de sedición en el Código Penal.

Si el líder de Junts decidiera volver, su encarcelamiento se da prácticamente por asegurado. Sin embargo, fuentes de su defensa consultadas por este medio descartan esta posibilidad, al menos por el momento. El cambio político impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña no afectaría a la vía penal abierta en el Supremo por los hechos ocurridos en octubre de 2017. Las fuentes consultadas consideran que, pese a las peticiones de amnistía, el retorno a España de Puigdemont le llevaría directo ante el tribunal que juzgó y condenó al resto de procesados por delitos de sedición, desobediencia y malversación.

La Abogacía General del Estado, que acaba de retirar su acusación contra los líderes del procés ante el Tribunal de Cuentas, ya hizo alusión a este asunto en su informe sobre la tramitación de los indultos. Los servicios jurídicos del Gobierno no apoyaron explícitamente la concesión de medida de gracia, pero allanaron el camino a su concesión tras considerar reparado el daño causado a las arcas públicas. Fue a comienzos de año cuando los líderes independentistas abonaron los 4,1 millones de euros de fianza que les exigía el Tribunal de Cuentas por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Casi la mitad del monto provino de la caja de solidaridad independentista.

La Abogacía marcó el camino

"Ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública", expuso la Abogacía dejando claro que ello discurría en paralelo con el proceso que ahora se va a enjuiciar en el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, apenas unas semanas después de emitir ese informe y tras la concesión de las medidas de gracia y la reanudación de la Mesa de Diálogo, ha terminado por retirarse de la causa. Siguen personados, no obstante, la Fiscalía y asociaciones como Sociedad Civil Catalana.

Cuestión diferente es lo que ocurren en el Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas inciden en que no hay que confundir el procedimiento contable con la causa penal. Puigdemont y el resto de consellers fugados se enfrentarían a delitos de sedición y malversación por los mismos hechos por los que fueron condenados los otros miembros de dicho Govern. Sin embargo, la futura sentencia sí tendría en cuenta, en lo que respecta a la figura de Puigdemont, el abono de los pagos a los que fuera condenado por el órgano fiscalizador.