Puigdemont pone a un imputado por el 1-O en el Congreso para buscar el choque con el Estado

Josep Pagès ocupará el escaño que ha dejado vacante Jaime Alonso-Cuevillas en el Congreso de los Diputados, después de que el abogado fuera elegido diputado en el Parlamento catalán tras las elecciones del 14 de febrero. Pagès está imputado y se enfrenta a una pena de dos años y nueve meses de cárcel por los delitos de usurpación de funciones y desobediencia, o a un año de inhabilitación y multa de 5.400 euros por desobediencia.

El también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) es uno de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que fue disuelto en el último momento ante la advertencia del Tribunal Constitucional de imponer multas diarias de 12.000 euros a sus integrantes.

El pasado miércoles 3 de marzo Pagès, junto al resto de imputados -Jordi Matas, Marta Alsina, Marc Marsal y Tània Verge-, fue a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su implicación en la votación y su línea de defensa se basó en asegurar que, cuando llegó la querella de la Fiscalía, no habían recibido ninguno de los requerimientos del Constitucional para que cesaran en participar en los preparativos de un referéndum que había sido declarado ilegal.

Pagès formó parte de la candidatura de JxCat en las elecciones del 10 de noviembre en el Congreso y su elección se debe a que era el siguiente en la lista. No obstante, su condición de imputado no le ha llevado a renunciar y, en caso de ser condenado, volverá a plantear un choque con el Estado. Esta vez, desde Madrid.

Imputado, pero sin arrepentirse

La sindicatura se disolvió a finales de septiembre, poco antes de la fecha de la votación. Pagès, como el resto de sus compañeros, declaró en varias comparecencias públicas que "volverían a aceptar el encargo" del Parlament. Y es que uno de los argumentos a los que ha apelado Pagès es que su función en la sindicatura forma parte de su "libertad académica".

A su juicio, su condición de investigado responde a un ataque a este principio. En un primer momento tuvo el apoyo de la Asociación de Ciencias Políticas de Estados Unidos (APSA), quien envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresando su preocupación por el asunto, aunque posteriormente matizaron su opinión.

Así lo explica el entonces presidente de APSA, Rogers M. Smith, en conversación con Vozpópuli: "Inicialmente respondimos a las preocupaciones expresadas con gran urgencia a APSA por los politólogos que estudian la política española, tanto los que trabajan en América como en España. La intención era pedir la moderación del gobierno en una situación volátil en la que los científicos políticos parecían enfrentarse a severas sanciones por lo que consideraban parte de su trabajo profesional. Escribimos demasiado rápido y lo redactamos con demasiada fuerza". Y añade que lamenta "no haber escrito la carta inicial con más cautela y claridad".

En el cambio de opinión de la dirección de APSA tuvo un rol fundamental el Foro de Profesores, entidad que se ha erigido como principal alternativa a la versión que dan los académicos más partidarios de la causa separatista. "[Los académicos y síndicos del 1-O] mintieron a las asociaciones de politólogos haciéndoles creer que eran "observadores", no "jueces electorales" con capacidad ejecutiva y sancionadora", explican a este medio.

"Cuando se lo explicamos a esas asociaciones se quedaron muy sorprendidas porque el delito de 'impersonation of public official' existe en todas las legislaciones. Y además, tenían requerimientos repetidos del Constitucional, cosa que tampoco habían contado", abundan desde Foro de Profesores.

"Lealtad al 1-O"

El nuevo diputado de Junts en el Congreso se ha estrenado este martes con la ceremonia de acatamiento de la Constitución. Ha prometido el cargo dejando claro que lo hacía "por imperativo legal" y con lealtad "al mandato del 1 de octubre".

Antes de la constitución del nuevo Parlament, el 12 de marzo, también tiene que dejar el Congreso la hasta ahora portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borràs.