No es casual que los independentistas de ERC anunciaran su plan de referéndum con participación del 50% y del sí del 55% para lograr la secesión de Cataluña el mismo día que selló con el PSOE la reforma de la malversación para beneficiar a sus condenados por el procés y a los pendientes aún de juicio. Pero en Ferraz no parece preocupar toda vez que sí se prepara una consulta, aunque no como la que plantean los de Oriol Junqueras. Fuentes socialistas consultadas por este diario achacan esa declaración de máximos a una mera "maniobra de distracción". Pero se votará sobre el acuerdo al que se llegue en la mesa de diálogo entre Moncloa y Generalitat.
"Ellos [en referencia a ERC] querían votar algo, aunque fuera un acuerdo. Sabían que no podían pedir referéndum de independencia", sintetiza a este diario una fuente socialista que conoce muy bien el intríngulis de la negociación con los republicanos. Por si quedara alguna duda, el primer secretario del PSC -la central catalana de Ferraz-, Salvador Illa, zanjó en una entrevista en El Confidencial que "no habrá autodeterminación, pero sí consulta" sobre el acuerdo político al que se llegue en la mesa de diálogo. Eso sí, siempre en el marco autonómico y, por tanto, constitucional. Los tiros van por el modelo de relación con el resto de España. Pero no sobre romper con el país.
"Los socialistas catalanes nunca vamos a estar por una consulta rupturista, de autodeterminación. No, no, ahí no vamos a estar. Pero una consulta para ratificar un acuerdo al que hayamos podido llegar los partidos políticos catalanes es una opción que entra en el marco de posibilidades que nosotros contemplamos. La ruptura es una línea roja para nosotros", aventura Illa. El Gobierno también se mostró tajante. Nada de aventuras que rompan la Constitución. Pero la credibilidad del Ejecutivo está tocada tras negar que fuera a reformar la malversación para cumplir con la exigencia de ERC y haberlo hecho. La propia portavoz del Gobierno catalán se jactó de ello.
Sube la marea de intranquilidad
En el PSOE sube la marea de la intranquilidad por la forma en la que se han acometido los cambios en el código penal que, sin ser una amnistía, tendrá efectos muy similares: fin de la sedición y bienvenida a "desórdenes públicos agravados", con penas menores. Y fin del totum revolutum de la malversación y hola a diferenciar si hay o no lucro personal, de nuevo con penas menores.
Y de nuevo con el nombre de los encausados del procés. El asunto revuelve a varios barones, como el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán. Pero no solo. Ni el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ni el madrileño, Juan Lobato, ven bien la ingeniería jurídica. Hasta el extremeño Guillermo Fernández Vara ha dejado caer su incomodidad sin ser contundente por ser parte de la dirección del partido.
Los socialistas, sin embargo, venden como un éxito su maniobra, porque aseguran que con ella, a ERC no le ha quedado más remedio que reconocer, con el nuevo tipo penal de la malversación, que sus cargos públicos cometieron un delito cuando la pulsión soberanista les embriagó hasta el punto de declarar unilateralmente la independencia en octubre de 2017. Algo que siempre cacarearon. Por eso, fuentes gubernamentales socialistas sostienen que a ERC le ha costado mucho firmar, porque no le convence del todo lo que ha sellado con el PSOE. "Por eso están desviando el tiro", zanjan.
"Sobre la malversación, hay miedo de lo que se puede trasladar"
Lo que está claro es que el PSOE no tiene del todo la conciencia tranquila. No por casualidad, fuentes gubernamentales del partido reconocen que "sobre la malversación, hay miedo de lo que se puede trasladar". En plata: en Ferraz cunde el pánico por si finalmente cala en la opinión pública que el Ejecutivo ha ablandado su lucha contra la corrupción por rebajar penas de un delito que es, simple y llanamente, corrupción.
Eso mismo es lo que llevó a Unidas Podemos a no firmar la enmienda pese a votarla para que no decayera la reforma del delito de sedición cocinado vía proposición de ley en el Congreso para no pasar el examen de los informes del Consejo de Estado y del Poder Judicial.
El redactado de la transaccional zanja que en el supuesto de la malversación del patrimonio público para un fin distinto al previsto legalmente, es decir lo que sucedió durante el procés, se impondrán penas de un año a cuatro de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años, y se fija como requisito para las penas de prisión que con el desvío presupuestario se cause un “daño o entorpecimiento grave del servicio público”. Y ahí llega la guerra de relatos, porque ERC asegura que no afecta ni a sus cargos condenados por este delito ni los que están pendientes de juicio. Mientras que el Gobierno asegura que sí. Un lío de fin de año.