Tribunales

PSOE y Unidas Podemos acuerdan limitar de inmediato las funciones del Poder Judicial

La medida supone incrementar la presión sobre el PP para que renueve el Consejo y un desafío al órgano de gobierno de los jueces, que ya defendió su competencia para seguir haciendo nombramientos

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (i), junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d)
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (i), junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d)

PSOE y Unidas Podemos, lo dos partidos que sostienen el Gobierno de coalición, han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato haya caducado, como ocurre en este momento. El órgano de Gobierno de los jueces , de mayoría conservadora, cumple justo este viernes los dos años en funciones y eso no ha impedido que hayan seguido nombrando a jueces para los puestos relevantes de la carrera, algo a lo que se opone el Gobierno.

"Es evidente que la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación sitúa al Consejo General del Poder Judicial en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento", dice el escrito presentado por los grupos parlamentarios de ambos partidos.

"Se colige la necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato. Así, facultades como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones", sostiene.

Este paso no afecta al sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de una proposición que camina en paralelo a ese debate, aunque guarda relación con uno de los grandes asuntos sobre la mesa en este momento. Los principales partidos políticos no consiguen ponerse de acuerdo para acometer lo que en realidad es una obligación constitucional que corresponde a las Cortes y tendría que haber sucedido hace dos años. Una situación de bloqueo que contrasta con los sistemas de otros países homologables a España.

El propio ministro de Justicia ya se mostró en contra de que el Consejo en funciones pudiera seguir nombrando puestos. A pesar de sus reparos, hecho en público, la mayoría del CGPJ siguió adelante con sus funciones. Entienden los vocales que les ampara la constitución y que estar en funciones no implica dejar de cumplir con su tarea. 

La 'rebelión' de Consejo

En un Pleno celebrado el pasado septiembre, el Consejo no cedió ante las presiones del Gobierno y por una amplia mayoría eligió a seis magistrados para ocupar puestos clave en el Tribunal Supremo; en concreto se trataba de tres presidencias de Sala y tres jueces de la jurisdicción penal, que se encarga de revisar las causas de corrupción. Se da la circunstancia de que en esa rebelión no tomaron parte los vocales considerados del sector conservador, sino también aquellos que en su día fueron elegidos para el puesto a propuesta del PSOE.

De esta manera, la proposición presentada este miércoles por el PSOE y Unidas Podemos supone elevar la presión frente al PP para que se siente a renovar el Consejo. Por otro lado tensa aún más su relación con el Consejo y el Poder Judicial, muy dañada desde la crisis por el veto al rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos en Barcelona.

Actualmente, según los datos del Consejo, hay al menos 16 convocatorias todavía pendientes de nombramiento. Antes de verano, el presiente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidió paralizar varios de estos procesos ante la información que apuntaba a un inminente acuerdo de renovación entre PP y PSOE. Sin embargo, el pacto se rompió y desde el PP aseguran que no se ha retomado ni se ve un acuerdo en un plazo corto de tiempo.

Las líneas rojas de los populares, pasan por que Podemos quede fuera de la negociación, que los vocales elegidos no hayan desempeñado cargos políticos en el pasado y que el Gobierno retire por completo otra proposición impulsada por el PSOE y Podemos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esa proposición de reforma, que costó las llamadas de atención de organismos europeos, defiende rebajar a una mayoría simple la necesidad de apoyos en el Parlamento para renovar el Consejo. Actualmente, ese límite es de tres quintos de las cámaras para asegurar el consenso suficiente que priorizó en sentencia el Tribunal Constitucional en 1986.  

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